ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 0256-14 TC

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INTRODUCCIÓN

 Nuestro País, la República Dominicana, como Estado Libre y Soberano, ahora ha entrado en un nuevo escenario, en el plano local e internacional, a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional (TC), el cual a través de una sentencia,  ha anulado la adhesión del país a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo que nos había condenado, por supuesta violación de los derechos de inmigrantes y descendientes haitianos radicados en este lado de la isla.

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Sin lugar a dudas, que este escenario coloca a la República Dominicana en la mira y en el escrutinio o cuestionamiento internacional, en particular por parte de los organismos internacionales, y en especial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Son muchas las opiniones que de seguro surgirán con relación a este fallo histórico del Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que el derecho internacional surte efecto a partir de la entrada en vigencia de un acuerdo o un tratado, el cual debe ser ratificado, o sea su adhesión por parte del Estado que se suscribe al mismo.

En este trabajo de investigación, haremos un análisis sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza la adhesión del País, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y analizaremos el discurso que pronunciara el ex presidente Leonel Fernández en la OEA, donde hizo importantes declaraciones en torno a la sentencia que condena al País por supuesta violación a los derechos humanos.

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 0256-14 TC

 El Tribunal Constitucional declaró mediante la sentencia 0256-14TC, la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) suscrito el 19 de febrero de 1999, por lo que desvinculó al país de las decisiones de ese organismo regional.

Con este fallo, la Alta Corte estableció que las decisiones del organismo regional no son vinculantes y que el país no está obligado a acatarlas porque carecen de legalidad al no ser aprobadas por el Poder Legislativo. La Sentencia que ahora es objeto de nuestro análisis, tomó como referencia: Expediente núm. TC-01-2005-0013, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil cinco (2005) contra el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El instrumento de adhesión a ese organismo internacional, fue firmado por el presidente Leonel Fernández, pero los accionantes argumentaron que el acto por el que se reconoció la competencia de la CIDH viola los artículos 37 (inciso 14), 55 (inciso 6), 46, 99, 3 y 4 de la Constitución vigente cuando se introdujo el recurso, que era la del año 2002.

Mediante la sentencia TC/0256/14, la Alta Corte indicó que tomó la medida en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

El recurso que derivó en la referida sentencia fue depositado el 25 de noviembre del 2005 por un grupo de abogados y ciudadanos que demandaron en declaratoria de inconstitucionalidad la referida comunicación del ex presidente Fernández con la cual el país se adhirió a la CIDH, que es una dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Dicho recurso quedó pendiente de fallo por la Suprema Corte de Justicia, la cual, a partir de la proclamación de la Constitución del 26 de enero del 2010 perdió la facultad para conocer los recursos de inconstitucionalidad, cuya atribución pasó al Tribunal Constitucional.

¿Cuál fue la decisión del Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional dominicano entendió que el acto del ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, en 1999, por el que se reconoce la competencia de la CIDH, “viola la Constitución vigente”, ya que, según su sentencia, esa adhesión no fue aprobada por el Congreso Nacional.

“Resulta, en efecto, de la mayor importancia que antes de adherirse a un compromiso internacional de cualquier índole, la República Dominicana verifique su conformidad con los procedimientos constitucionales y legales nacionales previamente establecidos”.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional consideró que esa verificación fue omitida con el ingreso del país a la CorteIDH, con lo cual se genera su inconstitucionalidad. “Es decir, el Estado dominicano no ha de acumular obligaciones significativas hasta tanto los órganos correspondientes las aprueben a través de los procesos legitimadores requeridos por su Constitución y el resto del ordenamiento interno”, apostilló el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional, sentenció que la Constitución dominicana atribuye competencia al Congreso Nacional para aprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo, y este aún no ha conocido dicha membresía (del país a la CorteIDH).

La decisión adoptada por el TC dominicano se produce después  que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera la semana pasada a la República Dominicana que acate y convierta en un “elemento clave” de su legislación la sentencia de la CorteIDH.

DISCURSO DEL EX PRESIDENTE LEONEL FERNÁNDEZ ANTE LA OEA.

El ex presidente Leonel Fernández, en su discurso pronunciado ante la OEA, en recha 13 de noviembre de 2014, planteó que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la República Dominicana deslegitima a ese organismo.

Expresó que: “Lo que ha habido es una extralimitación por parte de la Corte en su decisión, lo que desafortunadamente la conduce a una situación de deslegitimación y crisis de confianza ante los Estados que, como la República Dominicana, voluntariamente y de buena fe decidieron ser partes del Sistema Interamericano, como forma de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos”.

“Es indudable que desde su creación el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha tenido importantes aciertos. Uno ha sido la creación de un mecanismo de salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, que hasta entonces se presentaban vulnerables frente a los excesos de los Estados”.

Recordemos el rol destacado de la Comisión Interamericana en la década de los 80, en ocasión de las denuncias por los casos de desapariciones y delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras latinoamericanas de la época.

De igual manera podríamos, en tiempos más recientes, citar las medidas cautelares dictadas en contra de las detenciones en Guantánamo. Sobre este tema, la Comisión ha hecho importantes pronunciamientos y le ha prestado especial atención en numerosos informes, resoluciones y solicitudes de audiencia.

En una región que todavía no había alcanzado el desarrollo institucional para garantizar el disfrute pleno de los derechos fundamentales de las personas en su territorio, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se convirtió en una especie de guía que permitió a los Estados establecer un régimen de garantías a la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Como resultado de este ordenamiento, los países de la región han tenido importantes avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, la realidad deja entrever la persistencia de grandes desafíos.

Uno de esos desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el relativo a la participación de los Estados dentro de sus mecanismos institucionales. De los 35 Estados que conforman la OEA, 13 no han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El hecho de que aproximadamente un tercio de los Estados miembros de la OEA no haya suscrito ni ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos afecta el alcance y la eficacia del sistema en la región.

En cuanto a la ejecución de las decisiones de los órganos del sistema, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena modificaciones del derecho interno, la tasa de cumplimiento alcanza únicamente el 20% de los casos. En el 2008, cuando la Corte estableció condena en 100 de 105 casos conocidos contra Estados, solo seis de estas decisiones fueron cumplidas.

Nuestro país, República Dominicana, se ha visto colocado durante las últimas semanas en el epicentro de un debate acerca de los derechos humanos, motivado por una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En su fallo, la Corte Interamericana dispuso que el Estado dominicano debía adoptar “las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de República Dominicana”.

En otras palabras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a la República Dominicana reformar su Constitución y sus leyes, a los fines de otorgar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en nuestro territorio, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Eso que ordena la Corte sería posible aquí en los Estados Unidos, donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho, norteamericano. Lo mismo ocurriría en Canadá, o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe, que admiten el sistema del jus solis incondicional.

No ocurriría lo mismo, sin embargo, en la República Dominicana, donde no existe el jus solis automático, y por consiguiente, no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio. Por supuesto, en este sistema de reconocimiento de la nacionalidad, la República Dominicana no se encuentra sola.

La negación del derecho que tiene República Dominicana de no adoptar este sistema, constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país.

Por todo lo antes indicado, el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana, en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de La Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva.

CONCLUSION

 En el plano local, se esperan manifestaciones de apoyo y de rechazo a esta inusual sentencia del TC, pero el tema, sin dudas, obligará a un debate prudente y profundo sobre la real legitimidad de la adhesión del Estado dominicano a la CIDH.

La Constitución dominicana desde siempre ha establecido que el Congreso Nacional es el poder del Estado que ratifica los compromisos internacionales y ese organismo legislativo no ratificó el convenio que reconoce la jurisdicción de la CIDH.

Son muchas las personas que han calificado de indignante e inaceptable, los términos utilizados por la CIDH contra el país. El Canciller dominicano y el ex presidente Fernández, son algunas de las voces autorizadas que se han pronunciado en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y han dicho que se ha cometido un error de apreciación jurídica, al considerar que la nacionalidad dominicana se adquiere por el principio jus solis automáticamente.

Es cierto que la Corte Internacional de los Derechos humanos es un organismo que goza de cierta credibilidad y aceptación por parte de muchos Estados, pero una sentencia que viola principios constitucionales de soberanía, no puede ni debe ser acatada. Los países tienen el derecho de decidir quienes son sus nacionales, y cuales son las normas y los principios que deben regir en su territorio, por lo tanto, es acertada la sentencia del Tribunal, que no reconoce la adhesión del país a esta Institución.

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