Descripción de la sentencia 168-13

La sentencia 168-13, surgió a consecuencia del recurso de revisión constitucional en materia de amparo elevado por la Señora Juliana Dequís o Deguuis. Contra las sentencia que fue dictada por la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, marcada con el número. 473/2012 en atribuciones de amparo, en fecha diez (10) de julio del año dos mil doce (2012). Este fallo emitió el defecto en contra de la accionada, Junta Central Electoral, en razón de no haber comparecido a la audiencia y rechazó el recurso de amparo interpuesto por la accionante, señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre. A pesar de no existir en el expediente prueba de la notificación de dicho acto a la accionada Junta Central Electoral.

La accionante figura en la instancia de amparo y en el recurso de revisión identificada como Juliana Deguis Pierre y así como Juliana Diguis Pierre; en el certificado de declaración de nacimiento expedido por el Oficial del Estado Civil de Yamasá, el 4 de octubre de 1993, para fines de obtención de su cédula de identidad y electoral.

De esta situación surge la sentencia 168-13, referente al recurso de revisión constitucional en materia de amparo intentada por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, en oposición a la Sentencia núm. 473/2012.

Fundamentos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

En lo que respecta a la sentencia del Tribunal Constitucional, marcada con el número 168-13, viene a constituir una decisión aislada y contraria a lo que expresa Constitución de la República Dominicana, debido a la situación de desconocer los principios fundamentales establecidos en la Carta Magna, en lo referente a la protección y tutela de los derechos fundamentales. Del mismo modo viola los tratados y convenios a nivel internacional referente concernientes a los derechos humanos y provisionalmente genera un escenario embarazoso a la nación a nivel internacional, viéndose en la necesidad de enfrentarlo el Poder Ejecutivo, en manos del presidente de la República Danilo Medina quien dirige la política internacional.

La decisión tomada por el Tribunal Constitucional surgió a causa del apoderamiento del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, elevado por la señora Juliana Deguis Pierret, en oposición a la sentencia número 473-2012, la cual fue dictada por la Sala Civil, Comercial, y de Trabajo, del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha 10 de julio del año 2012, demandando la violación a derechos fundamentales, concerniente al derecho a la personalidad, al nombre, a la nacionalidad, a la familia y al trabajo.

En ese mismo orden de ideas, la sentencia del Tribunal Constitucional número 168-13, deja a la Señora Deguis en un estado de indefinición, porque no fue pronunciada sobre el fondo del asunto planteado por la recurrente, en reclamo porque la Junta Central Electoral le hiciera entrega de su cédula de identidad y electoral, la cual no le fue otorgada por motivos de tener apellidos haitianos y le fue retenida el acta de nacimiento.

Se puede establecer las razones por la que sentencia 168-13 viola la Constitución Dominicana, al igual, como los principios universales de los derechos humanos y fundamentales.

La Constitución de la República Dominicana en su artículo número 7, establece, que “la República Dominicana es un estado social y democrático de derecho, organizado en forma de República unitaria, instituido en el respeto a la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.”(Constitución de la República Dominica, 2010, Artículo 7.).

El Estado Dominicano se ve obligado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, de los que habitan en su territorio, sin importar que estos sean nacionales o extranjeros, siendo el primer deber del Estado como es proteger la persona humana y su dignidad.

La sentencia 168-13, violó el principio universal del derecho de la individualidad de la pena, al momento de negar a la Sra. Juliana Deguis Pierret la nacionalidad dominicana, la cual la adquirió por el imperio en lo establecido por Constitución dominicana del Jus Solis, en lo referente al derecho por el suelo (tierra) en donde nació la persona, para el año de 1984, para la fecha se encontraba vigente la Constitución del año 1966, al nacer en territorio Dominicano. Por el simple hecho de que sus padres, son trabajadores agrícolas de nacionalidad haitiana, y supuestamente estos se encuentran en tránsito o ilegales en territorio Dominicano, situación ésta que aún no ha sido comprobada, debido a estar pendiente la revisión del status legal de sus padres al amparo de un convenio establecido por los dos estados, el estado dominicano y el haitiano, para contratar braceros procedentes del vecino país de Haití, para trabajar en los ingenios en el corte y tiro de la caña de azúcar y otras labores agrícolas en el territorio nacional. Este tratado estaba vigente desde el año 1949.

El caso de Juliana Deguis Pierret, fue tomado por el Tribunal Constitucional como punto de referencia para generalizar una decisión que afecta a miles de personas descendientes de padres haitianos, los cuales quedan a partir de ese fallo en un estado jurídico de apátridas, sin ninguna identidad legal, a más de cinco generaciones, con un efecto retroactivo de unos 84 años, a partir del año 1929.

La sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional por el efecto de convertir a miles de personas de descendientes haitianos en el territorio nacional, muertos civiles, viene a ser un complemento del genocidio cometido por el exdictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo en el año 1937, cuando fueron asesinados más de treinta mil nacionales haitianos y descendientes de éstos, al igual que muchos dominicanos de piel negra.

La sentencia 168-13 viola los fundamentos del debido proceso, porque la peticionaria, Juliana Deguis Pierret, no le fue permitido ejercer su derecho de defensa, ni se le citó a sus padres para ser oídos sobre su entrada y permanencia en el Territorio Nacional. Así mismo falló por algo que ella no había solicitado. La peticionaria solicitó un amparo individual por el derecho adquirido como nacional dominicana, Así mismo les fue negado y esa sentencia cambia el estatus legal de miles de personas que se encuentran en territorio dominicano, con lo cual se viola el artículo 74, párrafo 4 de la Constitución dominicana, en la cual se establece la favorabilidad que debe amparar al titular de un derecho, en la decisión de un órgano, en este caso del Tribunal Constitucional, siempre procurar favorecerlo, no perjudicarlo en su reclamo de un derecho fundamental.

Argumentos jurídicos sobre la sentencia 168-13

La recurrente pretende conseguir el rechazo de la Sentencia 473/2012, causa del recurso justificando la misma en los siguientes alegatos:

Se tomó el artículo 7.4 de la ley 137-11 en virtud del principio de efectividad la Juez no emitió una decisión efectiva, porque la accionante se encuentra en un estado de indefinición por las acciones cometidas por la Junta Central Electoral y la del Tribunal Constitucional debiendo tutelar sus derechos.

La no valoración de las pruebas referente al acta de nacimiento porque la misma Junta Central Electoral no le entregaba el documento.

Así mismo, se encuentran las violaciones sobre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil, las leyes No. 659, 6125, y la número 8/92 sobre Cédula de Identidad y Electoral. Al igual que los derechos violados a la accionante son derechos inherentes a su persona.

Con la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, la accionante continúa en desamparo frente a los poderes de la Junta Central Electoral, y las violaciones a sus derechos fundamentales se han extendido y profundizado, por motivo al alegato de la juez de que las documentaciones depositadas bajo inventario constituyen copias, razón por la cual para la juez no tienen ningún valor probatorio.