PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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Sistema político dominicano

De acuerdo con la Constitución de 1994, la República Dominicana es una democracia representativa en la que el poder está dividido entre tres ramas independientes: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El sistema de gobierno, tal como está definido por la Constitución, es democrático, representativo y presidencial.

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El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es elegido cada cuatro años por voto directo. En tanto, el Poder Legislativo lo ejerce el Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Sus miembros son elegidos por voto directo cada cuatro años.

El Senado se compone de 32 miembros, elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Entre sus atribuciones se encuentran las de elegir a los miembros de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas y aprobar el nombramiento de diplomáticos designados por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados está integrada por 178 legisladores, elegidos a razón de uno por cada 50.000 habitantes o fracción de más de 25.000, sin que en ningún caso sean menos de dos por provincia. La administración de justicia es ejercida por la Corte Suprema de Justicia y por los Tribunales. La Corte se compone de al menos 11 Jueces designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo lo integra el Presidente de la República, los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema de Justicia, un senador y un diputado de diferentes partidos a los de los presidentes de las cámaras del Congreso, y un magistrado adicional de la Corte Suprema de Justicia.

Cantidad de partidos políticos en la República Dominicana  

 

Anexo

De estos, 25 son de carácter nacional y uno municipal. Sobre este aspecto han surgido opiniones que cuestionan el sistema de partido en la República    Dominicana, queriendo asimilarlo erróneamente a un sistema de partido único, o de partido predominante.

Este criterio surgió a partir de un escrito del señor Carl Meacham, director del Center for Strategic and International Studies, fundamentado en la idea de que un partido controla todas las instituciones del Estado. Este único criterio, obviamente, no es indicativo  de  esta  clasificación de nuestro  sistema  de  partido. Desde nuestro punto de vista, la República Dominicana  clasifica  como un sistema multipartidista, con dos partidos que representan la parte mayoritaria del electorado, y dentro de los demás una cantidad importante de  los  partidos  que  perfectamente califican como partidos efectivos, con una importancia real lo cual es de fácil demostración en las últimas 10 elecciones en las que un  bloque de partidos ha aportado al partido ganador entre un 8 a un 10 por ciento  de la votación, para así definir cuál de los dos partidos que representa la ecuación bipartidista ha resultado ganador, y garantizándoles a estos partidos de menor votación una participación en funciones del Estado.

Historia de los principales partidos políticos dominicanos

Entre los partidos minoritarios, hay varios con más de una y dos décadas de formados y que, a pesar de no representar un peso fuerte en el electorado, son claves con frecuencia al formar alianzas con los partidos mayoritarios, inclinando la balanza en las tradicionalmente reñidas elecciones dominicanas. En más de una ocasión, varios ex-presidentes no hubieran ganado las elecciones de no haber sido por las alianzas con dichos partidos. Han sido los casos de Salvador Jorge Blanco y el PRD (1982), Joaquín Balaguer y el PRSC (1990), y Leonel Fernández y el PLD (aunque en particular con el PRSC, uno de los partidos mayoritarios) en segunda vuelta (1996).

Aunque tradicionalmente los partidos políticos poseen cierta inclinación ideológica, en República Dominicana no es el caso al momento de hacer bloques o alianzas, llegando a entremezclarse partidos de derecha, cristianos, humanistas, izquierdistas, laboristas y de centro sin distinción alguna entre unos y otros. La mayoría de los partidos minoritarios han surgido como escisiones de los partidos mayoritarios, ya sea para apoyar las aspiraciones presidenciales de alguno de sus líderes, o por diferencias internas entre grupos de estos partidos.

Partido de la Liberación Dominicana

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) nació en diciembre de 1973, al separarse su fundador Juan Bosch del PRD por diferencias y el criterio de que el PRD había renunciado a los principios éticos de la política. Juan Bosch había sido electo Presidente de la República en 1963 por el PRD, pero fue derrocado 7 meses más tarde por los militares con el apoyo de la Iglesia, a quienes no les agradaba su orientación decididamente socialista. Ha obtenido en 4 ocasiones la Presidencia de la República, por el apoyo obtenido por la mayoría de los partidos minoritarios existentes. El PLD alcanzó el poder por primera vez en la segunda vuelta de las elecciones de 1996. Originalmente de corte izquierdista, asumió un papel más neoliberal con el ascenso al poder de Leonel Fernández en 1996, iniciando un proceso de privatización de las empresas públicas y liberalización de mercados, al tiempo que fortalecía ciertos aspectos de la institucionalidad en la gestión pública. El PLD es el líder del Bloque Progresista, un grupo de 12 partidos y organizaciones políticas.

Volvió al poder en el año 2004, en medio de una delicada situación económica que vivía el país, producto de una crisis bancaria que afecto los índices de desarrollo del país. Logró la recuperación de la estabilidad macroeconómica durante el mandato del presidente Leonel Fernández, motivo por el cual resultó nuevamente reelecto en las elecciones del año 2008. En el 2012, fue elegido el presidente Danilo Medina por parte del PLD, que ha centrado su gobierno en el gasto social, lo que ha significado un retorno del partido a sus orígenes de izquierda.

El PLD ha sido duramente cuestionado por el supuesto uso de recursos del Estado durante las elecciones congresuales del 2006 y 2010, y en las elecciones presidenciales del 2008. Organizaciones no gubernamentales y partidistas han protestado contra el uso de los fondos públicos en campaña, mencionando que el gobierno del PLD había gastado cerca de 800 mil millones de pesos para beneficiar a los candidatos de su partido, razón por la cual obtuvo 31 senadores del Congreso, a pesar de que fue el segundo partido por votos individuales.

Partido Revolucionario Moderno

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) nació en agosto de 2014, producto de la división en el PRD entre el expresidente Hipólito Mejía junto a un grupo de líderes del partido, y el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado. Es el partido político más joven de la República Dominicana, sin embargo alega poseer el segundo lugar en votantes según su padrón electoral.1 Su tendencia ideológica, al igual que la del PRD, se encuentra en la centroizquierda política y la socialdemocracia. El PRM es el líder del bloque Convergencia por un Mejor País, formado por 5 partidos minoritarios para hacer frente al Bloque Progresista en las elecciones del 2016.

Anteriormente conocido como la Alianza Social Demócrata ó Alianza Social Dominicana (ASD), sus orígenes se remontan a 1961 cuando surgió de la escisión de Juan Isidro Jiménez Grullón del Partido Revolucionario Dominicano. Posteriormente, en 1982, pasa al liderazgo de José Rafael Abinader. La ASD fue calificada siempre como un partido minoritario, aunque ha participado en todas las elecciones presidenciales desde 1962 (ya sea aliado al PRD, al PLD o con candidato independiente).

Partido Revolucionario Dominicano

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) nació en enero de 1939, con el objetivo de oponerse a la dictadura de Trujillo y, posteriormente, al gobierno del presidente Joaquín Balaguer, heredero político de Trujillo. El partido ha obtenido en 4 ocasiones la Presidencia de la República, siendo el partido más votado (sin contar el voto de partidos minoritarios aliados) en las últimas elecciones desde el 2000. El PRD alcanzó el poder por primera vez en las elecciones presidenciales de 1963. Si bien su ideología oficialmente lo coloca en la clasificación tradicional de centroizquierda y socialdemócrata, y se encuentran representados en la Internacional Socialista (llegando a ser vicepresidentes en el 2010), el PRD ha tenido ciertas políticas con una línea alejada a los postulados de la socialdemocracia. El PRD es líder de un bloque de partidos políticos conocido como el Bloque de la Esperanza.

Logró derrotar a Balaguer en 1978, con la presidencia de Antonio Guzmán, trayendo cambios importantes para la democratización del país. Gracias a ello, el partido continuó en el poder para 1982 con Salvador Jorge Blanco; sin embargo, las medidas económicas tomadas por esto gobierno y las diferencias internas en el partido provocaron que saliera derrotado por el PRSC en 1986. El PRD regresó al poder en 2000 de la mano de Hipólito Mejía, perdiendo 4 años después debido a una crisis económica y la división de su partido al modificar la constitución para no prohibir la reelección.

El PRD ha sufrido durante su historia una gran cantidad de divisiones fruto de las pugnas internas entre sus líderes, por lo que es conocido como un “partido caótico”, reconocimiento usado frecuentemente por sus opositores. Entre los partidos que han surgido de estas divisiones se pueden mencionar el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico (PRDA) de Nicolás Silfa en 1962, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de Juan Bosch en 1973, el Partido Revolucionario Independiente (PRI) de Jacobo Majluta en 1987, el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) de Hatuey De Camps en 2005, y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de Hipólito Mejía en 2014.

Partido Reformista Social Cristiano

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) surgió en junio de 1963 bajo el nombre de Partido Reformista, aunque posteriormente en 1969 absorbería al moribundo Partido Revolucionario Social Cristiano para tomar el nombre que actualmente lleva. El partido ha obtenido el poder en 6 ocasiones, todas con la candidatura de su líder Joaquín Balaguer, siendo el partido político con más tiempo en el poder (22 años). El PRSC se alzó con la Presidencia de la República por primera vez en 1966. Su filosofía reformista permite identificarlos en la clasificación tradicional de centroderecha política con un salpicado tono de nacionalismo y populismo, heredado por ser la continuación del grupo de poder que dirigía el país desde la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Joaquín Balaguer se mantuvo en el poder durante 12 años, durante el período entre 1966 y 1978 conocido como “los Doce Años”. Durante este tiempo, se enfatizó en el crecimiento macroeconómico, así como en la industria, la agricultura, la ganadería y la construcción de infraestructura; no obstante, fue duramente criticado por la persecución de sus opositores, las desapariciones y muertes violentas durante su administración. Retornó al poder en 1986, con una línea más democrática y con menor persecución política, pero con un aumento desmedido en la burocracia y la corrupción política.

Su pérdida de credibilidad hizo que, en 1994, participara menos del 60% del electorado, produciendo lo que se conocería como el Pacto por la Democracia: una reforma constitucional que prohibiría la reelección presidencial, el cambio del sistema electivo a la doble vuelta, y limitaría el período de gobierno de Balaguer a 2 años (1996-1994).

El PRSC actualmente trata de recuperar el espacio que poseía en el electorado hacia 1980, cuando era uno de los más poderosos bajo el liderazgo del ya fallecido Joaquín Balaguer quien, pesar de no participar como candidato en las elecciones, siguió siendo una figura de peso en la política nacional hasta su muerte. El partido ha participado como aliado del PRD o del PLD en las elecciones de 1996, 2000 y 2012. También ha sufrido varias divisiones, entre las más importantes la del Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista (MIDA) de Augusto Lora en 1970, el Partido Dominicanos por el Cambio (DXC) de Eduardo Estrella en 2010, y el Partido Reformista Liberal (La Estructura) de Amable Aristy en 2014.

Necesidad de una legislación actualizada

En la parte normativa, el Congreso Nacional no ha cumplido con la disposición constitucional que obliga a adecuar las leyes orgánicas con la propia ley sustantiva. Esto así, no obstante haber consensuado todas las fuerzas  políticas  y  sociales una ley mediante la cual se instituye la Estrategia Nacional de  Desarrollo, que establece como prioritaria la aprobación de la ley  orgánica  del  régimen electoral y de la ley de partidos.

Fruto de esta comisión del Poder Legislativo, el sistema electoral funciona  con  un Tribunal Superior Electoral que cuenta con una ley actualizada y una Junta Central Electoral con una ley orgánica, la 275 – 97, que incluye figuras y estructuras que deben ser actualizadas y adaptadas a la nueva Constitución.

La Junta Central Electoral sometió un proyecto de ley de partidos que cursa en el Congreso Nacional, y que ha recibido múltiples elogios y reconocimiento de las   organizaciones representativas de diversos sectores social es. Sin embargo, esta  iniciativa está estancada, debido a diferencias que se circunscriben a los siguientes aspectos:

  1. La simultaneidad y obligatoriedad de las primarias.
  2. Tipo de padrón a utilizar.
  3. Limitaciones al financiamiento de las actividades de los partidos.
  4. Los umbrales para conservar la personería jurídica de los partidos.

No obstante, hemos recibido  de  los    líderes  de  los  principales partidos con  representación en el Congreso Nacional, la información de que antes de finalizar este año será aprobada esta ley, ya que los temas esenciales han sido consensuados.

En relación a la ley orgánica 275 – 97, la JCE depositó un proyecto el cual  trabajó con la cooperación de la OEA, y que en su parte esencial plantea, entre otros aspectos, los siguientes:

  • Control del financiamiento público y privado, y establecimiento de una cuenta única pública y de acceso abierto.
  • Topes en el gasto de la campaña.
  • Regulación de los tiempos de campaña.
  • Regulación de los  actos  de  los  funcionarios  públicos  en el  período electoral.
  • Modificación al sistema de distribución del financiamiento público.
  • Regulación de las encuestas.
  • Establecimiento de topes y franjas para la publicidad electoral.

La ausencia de esta normativa deja al órgano electoral sin herramientas que le  permitan garantizar igualdad y equidad en la competencia electoral.

Aunque  el  legislador, en la propia Constitución (artículo  212) da facultad reglamentaria a la JCE en estos aspectos, aprobó previamente el artículo 74 que   se refiere a los principios de reglamentación e interpretación.

El numeral 2 de este artículo establece “Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”.

Como podemos observar, no es posible reglamentar la campaña y el acceso a los medios sin afectar estos derechos cuya reglamentación el legislador constitucional quiso reservar a la ley adjetiva. Para sólo poner un ejemplo, con miras a las elecciones del 2008, la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que presidía el autor de este trabajo, presentó un reglamento en este sentido; y el universo de  los  partidos, con más ferocidad los partidos de  oposición, las organizaciones empresariales, los directores de medios, la sociedad civil, e  incluso  varios  de  los  miembros  de  órgano  electoral impusieron  su  no aplicación, bajo el argumento de que era inconstitucional.

Es obvio que los partidos de nuestro sistema prefieren competir en un mercado electoral sin reglas claramente definidas. Desde nuestro punto de vista, la aprobación de estas normas constituye uno de los principales retos de cara a las elecciones del 2016. En  este  mismo  sentido y ante la inminente aprobación de la norma, deberemos aplicarnos a fondo, contando con la cooperación de los órganos electorales amigos, para la  implementación de esta nueva norma y las estructuras y mecanismos de control que ella conlleva.

Retos y desafíos del proceso electoral

En cuanto a la  administración  del  proceso  electoral, la República Dominicana  ha experimentado  significativos  avances, sobre todo en el uso  de  la  tecnología y en  la eficiencia y seguridad; aunque  persisten algunas debilidades que deben  ser  superadas, principalmente la parte manual que se suscite   en   la   jornada electoral, nos referimos al escrutinio. Para esto estamos trabajando en la búsqueda de tecnologías aplicadas a los procesos electorales, que nos permitan realizar las labores de escrutinio en un tiempo relativamente corto, con la seguridad de que se respete la voluntad del elector, y que esto a su vez facilite la  rápida divulgación de los resultados. Como parte de este esfuerzo y con la  ayuda  de IDEA Internacional, llevaremos a cabo un seminario para conocer experiencias sobre la materia. De igual  manera, avanzamos hacia el pre- identificación automatizada de los electores y electoras en interés  de  conformar, de  manera inmediata, el padrón de concurrentes.

De lograr esto podríamos decir  que  hemos  completado  la  automatización  de  la administración del colegio electoral, conservándose la manera tradicional de votación que es la del uso de papeletas. Una de las situaciones que podría  impactar el proceso electoral, desde el punto de vista de resultados, es la situación interna de algunos de los partidos del sistema, debido a que todavía no se ha completado el relevo generacional y de  liderazgo que debió seguir a la  desaparición física del doctor José Francisco Peña Gómez, el 10 de mayo de 1998; del profesor Juan  Bosch, el 1 de noviembre del 2001; y del doctor Joaquín Balaguer, el 14 de julio del 2002. En varios de estos partidos, la lucha por el liderazgo y la preeminencia partidaria se constituye en el elemento esencial que facilita o dificulta su desempeño electoral.

La constitución sobre las elecciones

La Constitución anterior contenía una disposición bien escueta sobre los partidos políticos. En efecto, el artículo 104 de la misma establecía lo siguiente: “Es libre la organización de partidos y asociaciones políticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en esta Constitución”.

Dos ideas resaltan en esta disposición constitucional: una, el reconocimiento del carácter libre de la formación de partidos y asociaciones políticas, y dos, el establecimiento de un control cualitativo sobre dichas entidades, las cuales deben conformarse a los principios de organización política establecidos por la propia Constitución, los cuales se refieren a que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, según el artículo 4 de dicha Constitución. Hay que notar, sin embargo, que la citada disposición constitucional no hacía referencia a la vida interna de los partidos ni abundaba sobre sus metas y propósitos.

El enfoque constitucional sobre los partidos políticos cambia con la nueva Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010.

La disposición contenida en el nuevo texto constitucional sobre los partidos políticos mantiene lo dispuesto en la Constitución anterior, pero expande su contenido hacia la vida interna de los partidos. De hecho, la nueva Constitución dedica un capítulo (Capítulo III del Título X) a estas entidades, lo que pone de manifiesto que el constituyente del año 2010 entendió que había que fortalecer el régimen constitucional de los partidos políticos en la República Dominicana como forma de que estos jueguen un papel cada vez más eficiente en el sistema democrático.

El artículo 216 del texto constitucional vigente establece lo siguiente: “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución.

Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”. Dicho artículo abundó aún más, al establecer los llamados “fines esenciales” de los partidos y demás organizaciones políticas: 1) garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; y 3) servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Está claro que el constituyente le dio un mandato al legislador para que incorpore, mediante ley, los principios de la democracia interna y la transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos.

Por supuesto, no hay fórmulas únicas e incontestables sobre cómo incorporar dichos principios en la normativa adjetiva sobre los partidos políticos, pero lo que sí es evidente es que cualquier esquema legal que se adopte debe corresponder de manera sustancial y razonable a los principios rectores de la democracia interna y la transparencia.

En este sentido, la legislación sobre los partidos políticos debe atender cuestiones fundamentales, tales como las formas democráticas aceptables para la elección de las autoridades partidarias y las candidaturas a puestos electivos (principio democrático), los aspectos relativos a la financiación de la actividad política en cuanto al origen de los fondos, topes permitidos para las contribuciones, uso de dichos fondos, rendición de cuentas (principio de transparencia), así como el papel del órgano electoral tanto en la supervisión de las contiendas internas de los partidos políticos como en la fiscalización de los fondos públicos y privados que reciben los mismos. Si esos aspectos no son abordados por la ley de partidos políticos, la misma no cumpliría cabalmente con el mandato constitucional.

La Junta Central Electoral ha sometido un proyecto de ley a las cámaras legislativas que cumple en lo fundamental con el mandato constitucional. Es un proyecto mesurado, técnicamente bien elaborado y que parte en gran medida de las experiencias acumuladas en el quehacer político y electoral de la República Dominicana. Como todo proyecto, este puede ser mejorado, pero lo importante es que el mismo probablemente constituye el mejor referente para organizar la discusión sobre esta importante legislación.

Esta discusión se produce en un contexto de debilitamiento acentuado de algunos partidos políticos que han jugado papeles centrales en la vida del país.

La ley por sí sola no producirá cambios inmediatos en las prácticas y la cultura de los actores que habitan las instituciones partidarias, pero la misma debe servir, al menos, para establecer un marco normativo que obligue a los partidos políticos a respetar principios fundamentales sobre la democracia interna y la transparencia, y de ese modo contribuir a su fortalecimiento como pilares claves del sistema democrático.

 

 

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