Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Antecedentes del Tribunal Constitucional.

Al momento de hablar de los antecedentes del Tribunal Constitucional Dominicano, se debe realizar una revisión a la historia dominicana y a los diversos casos que dan contraste con la evolución del control de constitucionalidad en la República Dominicana hasta la necesidad de la creación del Tribunal Constitucional en la Constitución del 26 de enero del año 2010.

“En el año 1844 con la creación de la República, en su carta magna del 6 de noviembre, fue adoptado el principio americano del control difuso de constitucionalidad. La atribución de la célebre decisión Marbury versus Madison, la cual fue escrita por el juez John Marshall, en el año 1803, la cual sirvió de guía inspiradora para la elaboración de la Constitución Dominicana.”(Guevara, Milton, 2010, p. 2).

Un cambio de suma importancia se origina en la Constitución del año 1924, ya que en su artículo 61, numeral 5, fue creado el control concentrado de constitucionalidad. No obstante, estas disposiciones sólo tuvieron vigencia hasta la reforma constitucional del año 1927, mediante la cual fue eliminada.

La restauración del control concentrado, bajo el control de la Suprema Corte de Justicia, retornó en la reforma constitucional del 14 de agosto del año 1994. En efecto, el artículo 67 estableció competencia del Alto Tribunal de Justicia conocer “de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada”.

El sistema descrito, fue desplazado en la Constitución del año  2010, siendo ésta adopta por el control difuso mediante el cual “todos los tribunales de la República deben conocer la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento, y el control concentrado puesto a cargo del Tribunal Constitucional, en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Constitución.”(Constitución Dominicana, 2010, Art. 188).

La creación del Tribunal Constitucional surgió por las diversas demandas de reiterados sectores liberales dominicanos, con momentos estelares en el año de 1971, y durante la Consulta Popular, efectuada desde octubre 2006 a febrero 2007, que antecedió la elaboración del proyecto de reforma constitucional, delegado por el entonces Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna, a una comisión de juristas.

La incorporación al texto constitucional fue efecto de un pacto entre las fuerzas políticas con representación congresual, logrado in extremis, debido a que en la primera lectura, aprobando la Carta Magna, no se incluyó al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana creado por la Constitución de fecha 26 de enero de 2010.  Su  misión es  garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional fue concebido por la Constitución como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.

Para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas expresamente por la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y  los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, el Tribunal Constitucional dicta decisiones definitivas e irrevocables,  constituyendo precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El tribunal Constitucional es autónomo de los demás poderes públicos y órganos del Estado y posee  autonomía administrativa y presupuestaria. Tiene su sede en  la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, pero puede sesionar en cualquier otro lugar de la República Dominicana.

Integración del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional está compuesto por 13 miembros  que se denominan Jueces del Tribunal Constitucional. Los Jueces del Tribunal Constitucional permanecen en su cargo por un único período de 9 años, y la Constitución y la Ley 137-11  establecen  un mecanismo para la renovación gradual de la Composición del Tribunal Constitucional  que sería  cada 3 años.

Competencia del Tribunal Constitucional.

“El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional de control político, ya que su acceso es restringido y en parte reservado a órganos políticos”. (Ramírez, M., 2012).

El Tribunal Constitucional posee competencia para conocer en única instancia:

  • Las acciones seguidas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido;
  • Del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo;
  • De los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares;
  • De conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010, y en los casos previstos por la Ley 137-11;
  • De conocer los recursos de revisión que se interpongan en relación con sentencias dictadas en materia de amparo.

 El Tribunal Constitucional, en el caso dominicano, no se limita a las leyes, éste abarca los decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas y tratados internacionales. Una de sus misiones elementales es suprimir del ordenamiento jurídico, mediante una decisión judicial con erga omnes, de carácter obligatorio, aquellas normas contradictorias con el fundamento y espíritu de la Carta Magna.

Misión.

“Garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden Constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el Estado Social  y Democrático de Derecho”.

Visión.

“Ser un órgano al servicio de la sociedad, de reconocida legitimidad nacional e internacional, cuya labor contribuya a generar una cultura de respeto a la constitución y a incidir en el comportamiento democrático de los poderes y de las instituciones públicas”.

Valores.

Dentro de los valores se encuentran: Justicia, Eficacia, Integridad, Innovación, Independencia, Compromiso social y Transparencia,

Naturaleza política y no jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

A pesar del Tribunal Constitucional encontrarse sometido a todas las reglas que rigen la actividad de los tribunales ordinarios (el derecho de defensa, la publicidad, la contradicción de argumentos, entre otros) en la actualidad no existen intromisiones metajurídicas; a pesar de la justicia ser constitucional, tiene absolutamente  una naturaleza de tipo política, al ser políticos el objeto y el órgano de interpretación de la justicia constitucional.

El tribunal constitucional auxilia y participa en la dirección política del Estado, a través de la judicialización de la política o la politización de la justicia. “El tribunal se pude considerar como el árbitro dominante y supremo del proceso político, él tiene la misión de establecer un contrapeso al poder legislativo y ejecutivo fundamentalmente al disponer de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de sus actos tales como: leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas; y de manera accesoria al poder judicial mediante el amparo de los derechos fundamentales que pudieran resultar afectados por un acto jurisdiccional como los: autos, resoluciones y sentencias, que viole una disposición constitucional de manera directa o cuando aplique una ley que haya sido declarada inconstitucional.”(Carl, Schmitt, 2000, p.4).

Aunque con una naturaleza y una estructura distinta al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional. Es un nuevo espacio de servicio de Justicia, según la ley 137-11, se rige por trece principios rectores, entre los cuales está el principio de Gratuitidad, que dice que “la justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier naturaleza que dificulten su acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitucionalidad cuando aplique, (Art. 7, Numeral 6, Ley 137-11).

Repercusiones sobre las personas en tránsito antes de la sentencia.

Dentro de las repercusiones generadas por la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional Dominicano, se encuentran las controversias términos legales, políticos y económicos de expertos en la materia y de diversos organismos nacionales e internacionales, los cuales se empeñan en defender los derechos de las personas.

Esta sentencia ha ocasionado inconvenientes respecto a las relaciones diplomáticas bilaterales entre la República Dominicana y Haití, al igual en lo económico ha dejado enormes pérdidas en el comercio debido al impase que ha puesto la República de Haití con el cierre del comercio entre estos dos países en la frontera.

Así mismo ha dejado en un estatus de ilegalidad a miles de personas apátridas en el territorio dominicano, ocasionando un estado de inquietud entre estas personas, por temor a ser apresados y deportados hacia Haití, a pesar de haber nacidos en la República Dominicana o encontrarse en un estatus de tránsito con anterioridad a la promulgación de la sentencia.

Intervenciones de los organismos internacionales.

Las instituciones y organismos nacionales e internacionales se involucran a diario en acciones de solucionar la problemática generada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, exigiendo la revisión de los puntos de mayor relevancia los cuales afectan en su mayoría a los hijos descendientes de haitianos en el territorio dominicano.

Estas instituciones a menudo se encuentran en vigilias y en medios de comunicación dando su voz en defensa de la comunidad afectada por la emisión de la sentencia 168-13. Estas instituciones como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señalan que el contenido de la sentencia contiene efectos discriminativos por ser tomada de manera arbitraria.

Una representación de organizaciones de la sociedad civil se encuentra apostada en la comunidad de Jimaní, provincia donde se encuentra reunida una la Comisión Bilateral de Alto Nivel entre los países de República Dominicana y Haití, para continuar con el diálogo iniciado desde el mes de  enero del 2014.

Estas organizaciones dirigidas por el Centro Bonó, hicieron entrega de un informe sobre la situación al viceministro de la Presidencia, Luís Henry Molina, en donde reiteran observaciones referidas a la no inclusión del tema de la nacionalidad de los nacidos dominicanos de ascendencia haitiana los cuales son personas afectados por la sentencia 168-13 en las diversas ponencias y controversias de la comisión, por considerarse de un tema de derechos humanos.

Del mismo modo, se hace sugerencia incorporar en la agenda binacional la situación de la niñez vulnerable, en muchas ocasiones, siendo éstos victimas de tráfico y trata en la zona fronteriza y coordinar esfuerzos entre los dos estados para proteger los casos que se presenten, de esta manera se hace alusión a la explotación sexual con la complicidad de ambas naciones.

En conclusión señalan que en los procesos de los diálogos entre ambas naciones se hace necesaria la participación de la sociedad civil, como es el caso de la participación de las organizaciones civiles que se encuentran trabajando en la zona fronteriza.

Conflictos al comercio bilateral luego de la sentencia.

 Las nuevas relaciones entre República Dominicana y Haití hacen necesario tomar nota de la ola de democratización que se generó a nivel  mundial durante los años ochenta, del cambio político en Haití luego del derrocamiento de la dictadura de la familia Duvalier en 1986 y  la consolidación democrática en República Dominicana con los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el periodo de 1978- 1986. Por vez primera en la historia no existía dictadura en la isla.

Trayendo la situación de un nuevo marco en las relaciones entre ambos Estados caracterizándose por una tensión entre los problemas de orden migratorio y los crecientes intercambios comerciales que se generan en la frontera de ambos países. Este último aspecto ha incidido en los pobladores de la zona fronteriza asumiendo la nueva visión de la asumida por la misma sociedad de ambas naciones.

Las propuestas de desarrollo formuladas bajo el gobierno del presidente Leonel Fernández Reina, realizadas en el marco de la Reunión Ministerial De Cooperación Binacional Dominico-Haitiana en el año 2000, quedando sin ejecución, por razones, como la lentitud para el procesamiento de las ayudas por parte de los organismos de cooperación, dificultades administrativas de  ambos Estados y la inestabilidad política en el vecino país de Haití, factores que contribuyeron a la limitada  materialización de los programas planteados.

En lo que respecta al Gobierno del presidente actual Danilo Medina, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo le hace falta una visión en relación al desarrollo de la zona, concentrado sus acciones en la atención de varias obras requeridas por las poblaciones atendidas, como; apoyo a la ganadería con fortalecimiento de las áreas cultivadas de pasto; caminos vecinales, acueductos, viveros frutales para reforestación; cultivo de peces en estanques; reparación de escuelas, iglesias y reparación de viviendas. Etc.

Conflictos diplomáticas bilaterales.

 En base a la sentencia 168-13 ha generado una serie de conflictos entre los sectores diplomáticos de diversas naciones en contra de la República Dominicana por considerar que esta sentencia es tiene efectos discriminativos.

Las quejas contra las disposiciones del Tribunal Constitucional Dominicano se han dado a sentir en organismos internacionales, que han amenazado con sancionar al país, en consideración sobre el punto de la naturaleza retroactiva de la sentencia 168-13 viola los derechos de las personas descendientes de extranjeros en el territorio dominicano, en especial de los de haitianos.

Tal es el caso de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha dirigido gestiones el trámite a los gobiernos de la región del  Caribe se pronuncien en contra del fallo judicial, una vez haberse reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Pierre-Richard Casimir.

En ese mismo orden, presidenta pro-tempore de la  Comunidad del Caribe (CARICOM), anunció que abordará el tema con el Secretario General de esta organización, Irwin La Rocque, esta reunión tiene el objetivo contribuir a lograr una solución a las personas afectadas por la Sentencia.

Así mismo,  Amnistía Internacional solicitó la anulación del fallo judicial, al considerar el contenido de la sentencia pudiera contener amplios efectos discriminatorios.

Ante estas presiones, se han salido a la luz otras quejas en defensa de la sentencia, que consideran que ésta campaña afectará la imagen del país en materia de turismo e inversión, además de crear efectos adversos a la institucionalidad del país.

El Presidente Danilo Medina dio su opinión en cuanto a buscar la solución en el conflicto entre las dos naciones indicando que no dejaría aislada el vecino país ni permitiría la intervención de otra nación que afecte por decisiones locales la nación dominicana.

Conflictos personales en el territorio dominicano.

La sentencia 168-13 ha traído diversos conflictos en el territorio dominicano, como enfrentamientos entre haitianos y dominicanos, revueltas sin solución a la problemática migratoria de la nación dominicana.  Así mismo en la frontera se han efectuado enfrentamientos, llevando a las autoridades militares poner  orden, viéndose en ocasiones personas lesionadas.

A menudo se ve en las principales calles de la ciudad de Santo Domingo, Santiago, Dajabón, Jimaní, y otras ciudades, a las autoridades de migración realizando operativos de repatriación de haitianos que se encuentran de manera ilegal en el territorio dominicano, ocasionando tensión de inquietud y revueltas en especial en la zona fronteriza. Así mismo se da la situación de las expulsiones sin entregar una orden individualizadas a cada repatriado, sin la notificación a las autoridades del Estado de origen, haciendo con todo esto que las personas repatriadas queden a su suerte detrás de la puerta fronteriza.

Sectores afectados por la aplicación de la sentencia.

La Sentencia 168-13, afecta de manera directa a los hijos de personas en tránsito en el territorio dominicano en especial los hijos de descendientes  haitianos, no siendo considerados como nacionales dominicanos al igual, los residentes en el país desde 1929 quitándoles el derecho de adquirir la nacionalidad dominicana.

Otro sector afectado a causa de la sentencia es el sector económico de ambos países el cual por motivo de la emisión de esta sentencia, fue cerrada la frontera en cuando al comercio bilateral entre estos dos países, cuyo comercio aporta miles de millones de pesos diariamente y el mismo se encuentra detenido por motivo de las reuniones efectuadas en la zona de la frontera para solucionar este impase.

Las consecuencias de la crisis económica y, la inestabilidad política existente en Haití, se refleja en la República Dominicana a través de la frontera por causa del comercio existente entre ambas naciones y afectado por la crisis de cierre el comercio.

Otro sector es la gran cantidad de repatriaciones que se están efectuando a diario en territorio dominicano, la cual ha aumentado luego de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Son muchas las repatriaciones que se están realizando en estos últimos meses por los puntos fronterizos dominicanos de Elías Piña y Dajabón, y todas ellas tienen un componente en común: la vulneración sistemática de los derechos humanos y la dignidad de las personas, incumpliendo los derechos y garantías contemplados en la Constitución dominicana, las leyes migratorias y los tratados y acuerdos internacionales firmados legítimamente por la República Dominicana.