LA DEMOCRACIA EN REPÚBLICA DOMINICANA

Fundamentos legales de la democracia

De acuerdo con la Constitución de 1994, la República Dominicana es una democracia representativa en la que el poder está dividido entre tres ramas independientes: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El sistema de gobierno, tal como está definido por la Constitución, es democrático, representativo y presidencial.

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es elegido cada cuatro años por voto directo. En tanto, el Poder Legislativo lo ejerce el Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Sus miembros son elegidos por voto directo cada cuatro años. El Senado se compone de 32 miembros, elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Entre sus atribuciones se encuentran las de elegir a los miembros de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas y aprobar el nombramiento de diplomáticos designados por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados está integrada por 178 legisladores, elegidos a razón de uno por cada 50.000 habitantes o fracción de más de 25.000, sin que en ningún caso sean menos de dos por provincia.

La administración de justicia es ejercida por la Corte Suprema de Justicia y por los Tribunales. La Corte se compone de al menos 11 Jueces designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo lo integra el Presidente de la República, los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema de Justicia, un senador y un diputado de diferentes partidos a los de los presidentes de las cámaras del Congreso, y un magistrado adicional de la Corte Suprema de Justicia.

Partidos políticos y procesos electorales

El gobierno de los 12 años de Balaguer (1966-1978) combinó elementos autoritarios con otros facilitadores de una futura transición democrática.

Los elementos autoritarios incluyeron: el uso de la represión política como mecanismo importante de control social, sobre todo, contra la izquierda, los sindicatos, y otros grupos disidentes; la austeridad salarial impuesta de manera prolongada por el gobierno de Balaguer; la personalización del poder y la concentración de la toma de decisiones políticas en el  Presidente; las excesivas cuotas de poder político y económico que tenían los militares; la nulidad del poder legislativo; la subordinación del poder judicial al ejecutivo; y las irregularidades electorales que aseguraron la reelección de Balaguer en 1970 y 1974. Estos elementos constituyeron retranques importantes para la democratización tanto en el gobierno de los 12 años de Balaguer como después de la transición de 1978.

Los elementos facilitadores de la transición democrática fueron: la permanencia de la estructura formal del Estado (Balaguer no clausuró ninguno de los poderes públicos); la tolerancia de la oposición política menos radicalizada; la política económica de incentivos al desarrollo del empresariado privado, lo cual facilitó no sólo el desarrollo de una nueva clase empresarial, sino también la expansión de las capas medias; la subordinación del poder militar al poder civil de Balaguer; y las condiciones  internacionales, particularmente, la mayor presencia de la social democracia en América Latina y los inicios de una política de apoyo a los derechos humanos durante la administración del Presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos.

Entre 1966 y 1975, dominaron los elementos autoritarios del balaguerismo en un contexto internacional de Guerra Fría. A partir de 1976, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), principal opositor de Balaguer, enfatizó su política de vinculación con la social Democracia europea y experimentó un proceso de desradicalización, presentándose como una opción viable de poder a nivel electoral.

Por otra parte, el modelo centralizado de desarrollo económico, que suponía un empresariado sumiso, comenzaba a encontrar obstáculos dentro de la misma clase empresarial que se hacía cada vez más diversa y mostraba asomos de insubordinación a Balaguer. Por su parte, sectores importantes de la clase media comenzaron a levantar la reivindicación democrática como un objetivo central.

En estas nuevas condiciones, las posibilidades de un fraude electoral en 1978 para garantizar el triunfo de Balaguer se achicaron.

El PRD enfocó una campaña electoral en torno a un candidato conservador (Antonio Guzmán), que contribuía a derrumbar el mito del radicalismo político perredeísta.

Con una fuerte base social de apoyo construida desde los años sesenta y un entorno internacional más favorable, el PRD pudo exitosamente participar en las elecciones de 1978.

El intento de fraude electoral en el conteo de votos generó una crisis política interna que tuvo eco a nivel internacional, y tanto la Internacional Socialista como los Estados Unidos, expresaron su oposición al fraude, facilitando así el proceso de transición política en 1978. La lección política más importante de aquel entonces fue  que, aún en condiciones adversas, el compromiso político era preferible a la imposición absoluta. Balaguer, después de asegurar una mayoría para su partido en el Senado, producto de un conteo sospechoso de votos a nivel provincial, aceptó dejar la presidencia.

El PRD, por su parte, decidió asumir la presidencia a pesar de las irregularidades cometidas en el conteo de los votos a nivel provincial. Este pacto implícito sellaría la modalidad política que caracterizaría en años subsiguientes la relación entre los líderes políticos.

El proceso democrático dominicano: avances, retrocesos y riesgos

La transición democrática que se produjo en la República Dominicana en 1978 inició la ola de aperturas políticas que se expandió por América Latina durante los años ochenta. Fue una transición poco notada en el contexto latinoamericano, porque a diferencia de las otras transiciones democráticas de América Latina, la Dominicana se produjo desde un gobierno civil autoritario, no militar (el de los 12 años de Joaquín Balaguer, 1966-1978).

A pesar de la escasa atención que recibió la transición Dominicana de 1978, vale la pena resaltar en el contexto de precariedad democrática que caracteriza en la actualidad muchos países de la región, que la República Dominicana registra la Democracia más antigua de la última ola de aperturas.

A pesar de sus significativas limitaciones, la Democracia Dominicana se ha mantenido por 25 años, aunque en la actualidad, al igual que otras democracias latinoamericanas, enfrenta riesgos de desgaste y crisis sistémica.

El propósito de este artículo es analizar las fortalezas y debilidades, los avances y retrocesos de la Democracia Dominicana, y los riesgos que enfrenta en la actualidad.

Con este objetivo, se abordan tres temas centrales: 1) los factores que facilitaron la transición democrática de 1978, 2) las principales conquistas y los principales obstáculos en el proceso de democratización, y 3) la coyuntura actual de crisis económica e institucional, el desencanto político, y su posible impacto en el régimen democrático.

La constitución y ley electoral

La presente Ley Orgánica de Régimen Electoral regula lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegibles;    el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; y el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente  responsable de la organización de los comicios.

La soberanía popular se expresa a través del sufragio popular que será universal, igual, directo y secreto; y será ejercido en las formas y condiciones establecidas en la presente ley.

Los derechos de ciudadanía de elegir y ser elegidos, son ejercidos en los procesos electorales con la participación de los partidos políticos y agrupaciones políticas, debidamente constituidos de conformidad con la Constitución y las Leyes.

La organización de los procesos electorales se regirá por los principios de legalidad, trasparencia, libertad y  equidad.

Órganos de la Administración Electoral.

La organización, dirección y supervisión de los procesos electorales, en las formas establecidas en la presente ley estará a cargo de los siguientes órganos:

  1. La Junta Central Electoral.
  2. Las Juntas Electorales.
  3. Los Colegios Electorales.

El conocimiento de los asuntos contenciosos electorales y los conflictos suscitados a lo interno de los partidos o agrupaciones políticas, estará a cargo del Tribunal Superior Electoral, órgano responsable de la justicia electoral de conformidad con la Constitución y las Leyes.

La Junta Central Electoral es la máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales. Tiene su asiento en la ciudad capital  y su jurisdicción se extiende a toda la República.

Constituye una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la Constitución, las leyes y sus reglamentos determinen.

Es un órgano autónomo, con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera.