ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA INTERNACIONAL, SOBRE UN CONFLICTO DE LEYES, EN MATERIA LABORAL

La sentencia Internacional en materia laboral que hoy es objeto se nuestro análisis, fue emitida el 30/12/2013, con el número 930/2013, por  la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español, con su sede en Madrid.

Sentencia Laboral a través de la cual se realizó una unificación de la doctrina, sobre la determinación si los tribunales españoles son o no competentes para conocer de una demanda de despido de un trabajador domiciliado en España, y donde ninguna de las compañías codemandadas como empleadoras tiene domicilio social en España sino en otro país comunitario.

El Tribunal Supremo es el órgano constitucional de España que se encuentra en la cúspide del Poder Judicial. Es el tribunal superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales cuya responsabilidad descansa en el Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial.

Para iniciar el análisis de esta sentencia que presenta un conflicto de leyes internaciones, se hace necesario una relación de los hechos, para poder entender el alcance y la motivación de la misma.

El asunto se inicia con un despido de un trabajador domiciliado en España, las dos empresas codemandadas como empleadoras, no tienen domicilio social en España sino en otro país comunitario; una de las empleadoras tiene oficina en España; el contrato de trabajo no se suscribió en España; la prestación de servicios se efectúa fuera de España; y, aun existiendo una cláusula de sumisión a unos tribunales en un país comunitario, la misma se pactó en el propio contrato de trabajo.

La sentencia que es objeto de nuestro análisis, surge en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por las empresas Workforce International Contractors Limited y Ryanair Limited, representadas por su abogado, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 14 de diciembre del 2012, recaída en recurso de suplicación interpuesto por el trabajador,  Don Nicolas contra la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social No. 40 de Madrid en fecha 22 de septiembre 2011, en proceso seguido a instancia del trabajador referido, contra las referidas empresas ahora recurrentes sobre despido.

¿Cuáles fueron los antecedentes de hecho que originaron la sentencia que hoy es analizada?

En fecha 14 de diciembre del 2012, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia en virtud del recurso de suplicación No. 2813/2012, interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social No. 40 de Madrid, seguido a instancia de Don Nicolas, sobre despido, contra las compañías precedentemente señaladas.

La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimando el recurso de suplicación interpuesto por el Abogado de Don Nicolás, cuyo nombre omitimos en este análisis por carecer de relevancia, en nombre y representación de este, anuló la sentencia de instancia, por parte de Nicolas, frente a Workforce International Contractors Limited y Ryanair Limited, en reclamación por incompetencia de la jurisdicción social española o despido improcedente, y desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción internacional, y devolvió las actuaciones al juzgado de procedencia, para que, teniendo por desestimada tal excepción, se pronunciara sobre las demás cuestiones litigiosas.

La sentencia de instancia, de septiembre del 2011, y que fuera dictada por el Juzgado de lo Social No. 40 de Madrid, contenía los siguientes hechos probados: Primero: El demandante Don Nicolás, prestó sus servicios para la empresa WFI, desde el 14 de junio de 2007, con la categoría profesional de Auxiliar de Cabina, devengando un salario anual bruto prorrateado de 20.070’91 euros.

La relación laboral entre las partes se formalizó a través de un primer contrato de trabajo temporal en fecha 8 de junio de 2007, para prestar sus servicios como Auxiliar de Cabina en las aeronaves de la empresa Ryanair, con base el Madrid (hecho no controvertido). Posteriormente las partes suscribieron un segundo contrato de trabajo temporal en fecha 3 de marzo de 2010, el cual finalizaría el 13 de junio de 2010. El objeto de este contrato era la prestación de servicios como Auxiliar de Cabina en las aeronaves de Ryanair con base en el Aeropuerto de Oslo.

La cláusula 35 del este último contrato disponía que: La relación laboral entre la empresa y Nicolas, se regiría en todo momento por las leyes en vigor y las enmiendas que puedan sufrir con el correr del tiempo de la República de Irlanda. Es decir, se estableció en este contrato que los Tribunales irlandeses tendrían jurisdicción en todas las cuestiones relacionadas con el ejecución y rescisión del contrato suscrito.

En fecha 20 de mayo del 2010 las partes suscribieron un tercer contrato de trabajo temporal, con las mismas condiciones que el segundo. Previa incoación de expediente, mediante carta de fecha 17 de enero de 2011 la empresa WFI comunicó al actor el despido disciplinario con efectos desde esa misma fecha.

Después de haber analizado estos hechos y otros que también fueron también ponderados en su momento por el tribunal  Juzgado de lo Social No. 40 de Madrid, con estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva de Ryanair Limited y con estimación de la excepción de falta competencia internacional, absolvió a las demandadas en la instancia, sin entrar a conocer del fondo de la demanda incoada por Don Nicolas contra Workforce Internacional Cotractors Limited y Ryanair Limited, sin perjuicio del derecho del actor a ejercitar su pretensión ante los tribunales competentes indicados en el fundamento de derecho tercero, a su elección.

¿Cuáles son los fundamentos de derecho que se tomaron en cuenta para la emisión de la sentencia objeto de nuestro análisis?

En primer lugar, la cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificador, consiste en determinar si los tribunales españoles son o no competentes para conocer de una demanda de despido de un trabajador domiciliado en España, cuando: a) ninguna de las codemandadas como empleadoras tiene domicilio social en España sino en otro país comunitario; b) una de las empleadoras tiene oficina en España; c) el contrato de trabajo no se suscribió en España; d) la prestación de servicios se efectúa fuera de España; y, e) finamente, aun existiendo una cláusula de sumisión a unos tribunales en un país comunitario, la misma se pactó en el propio contrato de trabajo.

En segundo lugar, el proceso de instancia se inició por demanda en reclamación por despido disciplinario nulo o subsidiariamente improcedente, contra las sociedades WFI y contra  Ryanair Limited, al considerarlo basado en hechos carentes de apoyo probatorio y de la gravedad necesaria para justificar tal medida extintiva.

En tercer lugar, las sociedades codemandadas, ahora recurrentes en casación unificadora, invocan como contradictoria la STSJ/Cataluña 28 de febrero del 2011, para intentar justificar la incompetencia de los tribunales españoles para conocer frente a las mismas de la demanda de despido contra ellas ejercitada.

Después de haber estudiado todo lo expuesto, El Tribunal Supremo, procedió a estimar los recursos de casación unificadora interpuestos por las sociedades codemandadas, declaró la falta de jurisdicción de los tribunales sociales españoles para conocer de la demanda de despido formulada, lo que obliga a   casar y anular la sentencia de suplicación impugnada y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimó el recurso de tal clase interpuesto por el trabajador demandante, revocó íntegramente la sentencia de instancia y absolvió en la instancia a las sociedades codemandadas; sin costas y con devolución de los depósitos y consignaciones efectuados.

A modo de conclusión, puede decirse que el conflicto de leyes se produce por el apoderamiento de los tribunales españoles, para conocer de una demanda de un trabajador que se encontraba prestando sus servicios en Noruega, y contratado bajo las leyes irlandesas con sumisión expresa a la jurisdicción de los tribunales irlandeses (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2013).

El Tribunal Supremo, en tal virtud y para solucionar el conflicto de leyes en cuanto a la competencia de los tribunales, ha estimado el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por las empresas Workforce International Contractors Limited y Ryanair Limited contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ha declarado la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para resolver esta controversia.

En este caso, el despido del trabajador, un tripulante de la cabina de pasajeros, se basó en el incumplimiento de la política de la compañía para el consumo de productos destinados a la venta del pasaje. En concreto, el trabajador consumió un bocadillo de los destinados a la venta al público sin la previa autorización de su superior y sin haber pagado previamente el precio del mismo. El trabajador interpuso demanda contra esta decisión empresarial ante los Juzgados de lo Social de Madrid.

En el momento del despido el demandante prestaba servicios para Ryanair,  aunque había sido contratado formalmente por Workforce International,  desde su base de Oslo, habiendo prestado servicios previamente desde la base de la aerolínea en Madrid. Y existía, en su contrato de trabajo, una cláusula de remisión empresa a la jurisdicción irlandesa, donde ambas codemandadas tenían su domicilio social.

Sobre la base de estos hechos, y a pesar que no existe contradicción entre la sentencia que fue impugnada y la invocada por las empresas demandadas, el Tribunal Supremo en su sentencia, entra a conocer de oficio sobre la competencia de los tribunales españoles, después de haber analizado de manera exhaustiva las normas internaciones y nacionales en conflicto.

En su razonamiento, el Tribunal explica que las reglas de competencia internacional están ordenadas conforme al principio de jerarquía, por lo que resulta  prioritaria la legislación internacional y/o de la Unión Europea, sobre la ley nacional relativa a la competencia de los tribunales españoles contenida en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Desde este punto de partida la legislación aplicable en el presente caso, razona el Tribunal, es el Reglamento CE 44/2001. El cual establece como principio fundamental para determinar los tribunales competentes el domicilio del demandado siempre que éste se encuentre en un estado miembro, o alternativamente en materia laboral, el lugar en el que el trabajador preste habitualmente sus servicios. Debiendo el trabajador elegir en cuál de los foros ejercitar la acción judicial.

En este caso, las dos empresas demandadas se encuentran domiciliadas en Irlanda y el trabajador realiza habitualmente su trabajo en Noruega y por lo tanto en aplicación del citado Reglamento CE 44/2001, el Tribunal concluye que el trabajador debería haber demandado ante los tribunales irlandeses o noruegos.  No siendo suficiente para determinar la competencia de los tribunales españoles el hecho de que Ryanair tenga un centro de operaciones en el aeropuerto de Barajas ya que este centro no puede ser considerado como domicilio de la empresa, máxime cuando esta compañía tenía, de forma incontestable, su domicilio social en otro estado miembro.

En último lugar, merece hacer mención de que el Tribunal también analiza la cláusula de sumisión expresa a los tribunales irlandeses contenida en el contrato firmado por el trabajador. La cual considera como no aplicable a la presente controversia ya que no cumple los requisitos establecidos por el Reglamento CE 44/2001 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al no ser ni posterior al nacimiento del litigio, ni proporcionar un fuero distinto del generado por la aplicación del Reglamento, pues la jurisdicción de los tribunales irlandeses recogida en la cláusula venía ya derivada de la propia aplicación del Reglamento, tal y como lo hemos analizado.