El Derecho

Introducción

El derecho es importante en la sociedad desde el principio de esta en tiempos antiguos, ya que este conjunto de individuos para interactuar entre si y llegar a formar una sociedad organizada y armoniosa tenía que haber una serie de reglas derechos y obligaciones para así tener un balance que ayudara a regular la conducta de estas sociedades.

El derecho sigue vigente hasta nuestros días con sus diferentes normas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y se seguirán modificando ya que las sociedades, así, como cada individuo tiene la necesidad de ir evolucionando en su conducta humana de acuerdo a su medio en el que vive.

El derecho en el estado es primordial, pues el estado es el responsable por el origen de las normas jurídicas a través de un poder legislativo el cual se lleva a cabo por el congreso de la unión, cámara de diputados y cámara de senadores; y las normas que este poder legislativo pone son obligatorias sin distinción alguna.

Las Normas que pone el estado son aplicadas sin el consentimiento de los ciudadanos siendo esta reglas o disposiciones, y toda norma en caso de ser violada o no cumplida se impondrá una sanción dependiendo la gravedad de la falta será puesto el castigo.

Las Normas que pone el estado son aplicadas sin el consentimiento de los ciudadanos siendo esta reglas o disposiciones, y toda norma en caso de ser violada o no cumplida se impondrá una sanción dependiendo la gravedad de la falta será puesto el castigo.

 ¿Qué es el derecho?

Un primer concepto de Derecho  nos permite entenderlo como el conjunto de reglas de conductas externas del sujeto, en sus relaciones con los demás, enunciadas por los órganos competentes e impuestas coactivamente a las ciudadanos por parte del poder constituido. Cada país elabora e impone su Derecho dentro de sus fronteras (Acevedo, 2013).

En realidad no se trata únicamente de ese conjunto de reglas de conducta, sino que el Derecho conlleva a su vez una organización imprescindible para hacer efectivas aquellas normas: tales reglas junto a esta organización forman lo que se conoce, con mayor precisión, como ordenamiento jurídico.

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que está conforme a [1] la regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad (Acevedo, 2013).

A la hora de hablar de derecho es fundamental que establezcamos cuáles son sus fuentes, es decir, las ideas y los fundamentos en los que se basa aquel para poder desarrollarse y establecer sus principios básicos. En este sentido, tenemos que subrayar que sus citadas fuentes pueden determinarse, de manera general, en tres grandes categorías:

Las reales, que son las que vienen a establecer lo que es el contenido de una ley en cuestión.

Las históricas, que son todos aquellos documentos antiguos que se emplean para referirse a los que tienen el contenido de una ley.

Fuentes del derecho

Las fuentes del Derecho no son otra cosa que un tipo de norma jurídica (o, lo que es en cierto modo es equivalente, las normas jurídicas clasificadas de una cierta manera; por su origen), que puede verse desde el punto de vista de su antecedente o de su consecuente. No tiene, por ello, mucho sentido contraponer los “modos de crear normas jurídicas” o los “métodos de producción normativa”, respectivamente, a las “formas de exteriorización de las normas jurídicas” o a las “normas que regulan la producción de las normas jurídicas”, pues en todos los casos se estaría haciendo referencia a una misma realidad normativa, vista desde el lado del antecedente o del consecuente. Como tampoco lo tiene contraponer las fuente formales a las materiales, las legales a las extra ordinem y las normativas a las de conocimiento: no tiene sentido porque, obviamente, el segundo de cada par de términos (fuente materiales, fuentes extra ordinem y fuentes de conocimiento) no puede verse ni como el antecedente ni como el consecuente de una norma jurídica; simplemente, estos no son conceptos normativos, internos a un cierto orden jurídico (Aguilo, 2000)[2].

El término fuente del Derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento dado. En los países con derecho escrito, las principales fuentes del Derecho son tanto textos como tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los principios generales del Derecho consagrados por la jurisprudencia (a veces inspirados por la doctrina de juristas especializados, profesores, abogados, magistrados, etc.) o unos principios de Derecho natural, universales, escritos en la naturaleza y costumbres de los seres vivos y el ser mismo de las cosas. Las fuentes del Derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país considerado según tenga antecedentes de:

  • El derecho escrito, por ejemplo el Derecho romano, las constituciones de las polis griegas o los estados europeos.
  • El Derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia o conjunto de sentencias precedentes (Common law).
  • El Derecho natural, o iusnaturalismo, que se distingue del derecho positivo, en boga a finales del siglo XIX que defiende la existencia de unas reglas universales o derechos del hombre inalienable e innato desde su misma existencia.

Las fuentes del Derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces, también, se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico (conocidos como órganos normativos o facultades normativas), y a los factores históricos que inciden en la creación del Derecho. De las fuentes del Derecho se desprenden, respectivamente, las nociones de fuentes materiales (o fuentes en sentido material), fuentes formales (o fuentes en sentido formal) y fuentes históricas.

Clasificación de los Derechos

Dentro del Derecho objetivo existen sus ramas y sus principios rectores los cuales rigen a este, podemos ver que dentro del derecho público que es una rama del derecho Objetivo se encarga del estado de tener el poder sobre la actuación de los individuos tanto particulares como individuales. El derecho, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas. Se trata de preceptos, imperativo, atributo, es decir, de reglas que además de imponer deberes, con seden facultades. Al hablar de las relaciones entre derecho y moral. Frente al obligado por una norma jurídica descubrimos siempre a otra persona facultad para exigirle al cumplimiento de lo prescrito.

La autorización concedida al pretensor por el precepto es el derecho en el sentido objetivo. El derecho subjetivo se apoya en el objetivo, pero sería erróneo creer que el primero es solo un aspecto o faceta del segundo, como Kelsen lo afirma. Valiéndose de una ingeniosa imagen. Creemos que la polémica gira alrededor de un problema mal planteado, pues a las ideas de que tratamos no cabe aplicarles las categorías de temporalidad. Los dos conceptos se implican recíprocamente. No hay derecho objetivo que no conceda facultades, ni derechos subjetivos que no dependan de una norma. Derecho Subjetivo. Es conjunto de facultades que los individuos tienen frente a los demás individuos, o bien frente al estado, ente mismo se subdivide en: Derechos políticos, Derechos públicos, Derechos civiles (Jiménez, 2014) [3].

  • Los Derechos Subjetivos políticos son aquellos que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos que pertenecen a un estado determinado.
  • Los Derechos Subjetivos Públicos son los que tienen los individuos por el simple hecho de serlo, sin considerar su sexo, nacionalidad o edad.
  • Los Derechos Subjetivos Civiles son los que tienen los individuos por su carácter particular o privado; por ejemplo, los derechos que tienen los hijos de pedir alimentos a sus padres, el derecho que se tiene a pedir un nombre, el derecho que se tiene a pedir matrimonio, etc.

Derecho Objetivo Es el conjunto de normas jurídicas que en si forman la maquinaria jurídica. El derecho objetivo se divide en Interno o Nacional y Externo o Internacional. El primero establece situaciones jurídicas que ocurren dentro del Estado; el segundo en cambio regula situaciones jurídicas que se llevan a cabo entre países distintos, o bien entre cuídanos de distintas nacionalidades.

El derecho objetivo interno también se subdivide en Derecho Público y Derecho Privado. La separación del Derecho en Público y Privado resulta lógica si consideramos que los hombre con su continuo actuar en sociedad lo hacen en dos aspectos diversos, es decir, son individuos considerados como tales; pero además forman parte de una comunidad denominada Estado.

  • DERECHO PUBLICO. Está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los Estados entre sí; es decir, cuando existen relaciones entre los particulares con el Estado, pero considerando este como potestad (expropiación por causa de utilidad pública), o bien de Estado a Estado. Se puede subdividir en: Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho del Trabajo y Derecho Agrario.
  • DERECHO PRIVADO. Los componen todas aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos en su carácter particular; establece pues, las situaciones jurídicas de los particulares y sus relaciones recíprocas.

Además de tutelas las más íntimas relaciones de los individuos, el derecho privado regula las actuaciones de estos con el Estado, pero cuando no hace sentir su potestad soberana sino que las relaciones son de igual a igual. A manera de ejemplo podemos citar una compra-venta que efectúa el Estado y los particulares; en este caso, la operación no se ve afectada por el poder del Estado, si no que sigue los mismos pasos que cualquier compra-venta entre simple ciudadanos. Se puede subdividir en: Derecho Civil: Establece las relaciones privadas de las personas entre sí. Regula las relaciones de familia y la protección de los intereses particulares; y Derecho Mercantil. El derecho objetivo externo es el denominado interestatal o internacional y se puede dividir en:

  • Derecho Internacional Público: conjunto de reglas jurídicas que fijan los derechos y los deberes de los Estados entre sí, en tiempos de paz o de guerra.
  • Derecho Internacional Privado: Conjunto de normas jurídicas que rigen a los individuos nacionales cuando existen situaciones jurídicas entre personas de diversas nacionalidades, precisamente el Derecho aplicable es el Internacional Privado.

Conceptos de las disciplina jurídicas que integran el derecho público

  1. Derecho Administrativo: conjunto de reglas que regulan los servicios públicos, o bien es el conjunto de normas que regulan la organización y funciones del Poder Ejecutivo.
  2. Derecho Constitucional: regula la estructura de la administración pública, así como el funcionamiento de los órganos políticos supremos; establece también la situación del ciudadano frente al Estado; además señala la forma de gobierno.
  3. Derecho Penal: comprende el conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos, así como la sanción correspondiente. En el Derecho Penal están contenidas una variedad de disposiciones que se aplican a los delincuentes, cuando cometen algún delito.
  4. Derecho Procesal: es el conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos que deben seguirse para hacer posible la aplicación del Derecho.
  5. Derecho del Trabajo: es el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones entre obreros y patrones. Además reglamenta las diversas formas de prestación de servicios, así como a las autoridades que deben invertir en dichas relaciones.
  6. Derecho Agrario: regula todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo.

Naturaleza Jurídica

El proceso judicial es básicamente la exigencia constitucional para el desarrollo rogado de la jurisdicción. El proceso sirve a la satisfacción de los intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello.

En función del momento al que nos estemos refiriendo, el proceso tendrá diferente significado:

  • En el momento constitucional, el debido proceso es el instrumento constitucionalmente previsto para la tutela de los intereses legítimos de las personas.
  • En el momento dinámico o procesal, el proceso tiene ya un contenido concreto, y se trata de un proceso específico, que es la articulación concreta que posibilita el rogado desarrollo de la función jurisdiccional.
  • El procedimiento consiste en el conjunto de normas jurídicas generales que regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
  • El concepto de proceso es más complejo que el de procedimiento; no siempre que hay procedimiento existe un proceso. La confusión entre ambos es histórica; pero el Derecho procesal se ocupa del proceso y no del procedimiento, ya que si se emplea el término “procedimiento” se pueden producir algunos inconvenientes:
  • Este término no es exclusivo del derecho procesal, ni tampoco del ámbito jurídico.
  • Es un término que sólo alude a un aspecto formal o actividad externa, como es la mera sucesión de actos procesales.

Pero el término “proceso” engloba una realidad más amplia; además del procedimiento legalmente previsto, incluye también las relaciones entre los sujetos intervinientes, las relaciones entre éstos y el objeto del proceso, etc. El proceso, además, aspira a una finalidad, que es la terminación o justa composición del litigio, y para llegar a ella emplea el procedimiento como medio. Todo proceso implica la existencia de un procedimiento; pero puede que exista un procedimiento sin que haya proceso alguno.

Historia

La historia del derecho se ocupa de la «historia de la formulación, aplicación y comentarios del derecho, y la historia de las instituciones sociales reguladas por él» (Escudero, 2003) [4].

De esta manera, se integra la historia del mundo del derecho, obtenida de los textos jurídicos, y la historia de las instituciones, bien sean públicas o privadas. La naturaleza propia de la historia del derecho como disciplina hace que haya de situarse entre otras dos grandes ramas del saber, como son la historia y el derecho, habiéndose llegado a afirmar que el historiador del derecho posee una doble ciudadanía, siendo considerado buen historiador entre los juristas y buen jurista entre los historiadores (Escudero, 2003).

De esta manera, la historia del derecho ha tenido la necesidad de elaborar una justificación que sustente su propia existencia, así como su independencia del resto de disciplinas. La disciplina se imparte mayoritariamente en las facultades de Derecho.

Para que haya ciencia hace falta una esfera científica delimitada, y un método científico. Las fuentes histórico-jurídicas, en un principio, harían referencia exclusiva a la ley. Tal atribución procede de la concepción racionalista asentada en el siglo XVII. No obstante, a lo largo de los dos siglos siguientes, una serie de corrientes científicas europeas incluirían dentro de las fuentes directas a la costumbre, las sentencias judiciales y la doctrina jurídica.

Existe unanimidad a la hora de precisar con claridad el ámbito material del que se ocupa la historia del derecho. A priori se dice que la norma moral queda excluida. En lo referido a los usos sociales, existe mayor desacuerdo, pese a que la mayor parte de la historiografía jurídica toma su base en la distinción realizada por Ortega y Gasset entre usos sociales “fuertes” y “débiles”.

Por otro lado, también se ha intentado establecer la frontera de la norma jurídica basándose en su coactividad. No obstante, es un planteamiento que no acaba de resolver el problema, pues excluiría de la Historia del derecho a campos jurídicos tan evidentes como el derecho internacional por no existir una fuerza coactiva válida para restablecer la juridicidad. Por otro lado, existen multitud de casos en los que una norma coactiva tiene de ninguna manera carácter jurídico, como por ejemplo la norma que obliga a mantenerse dentro de un canon de belleza, seguramente.

La postura mayoritaria trata de distinguir el campo de actuación de la historia del derecho dentro de las normas cuya violación es perseguida por el grupo social organizado mediante coacción. Otros autores van más allá, y aportan una serie de rasgos que consideran indiciarios para la existencia de materia jurídica. Así, puede considerarse que las consecuencias derivadas de la infracción de la norma que incluyan una “conducta distinta y clara del infractor, modificaciones en el rango jurídico-social o la satisfacción de una pena” son, en principio, norma jurídica (Escudero, 2003) [5].

Derecho Comercial

El Derecho mercantil o Derecho comercial es aquella rama del Derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Esto es, en términos amplios, la rama del Derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado. La progresiva internacionalización de los negocios y la necesidad de los poderes públicos de establecer un marco de protección de los consumidores y de mantenimiento de la estabilidad económica y financiera ha venido dando lugar a lo que se conoce como el fenómeno de la “publificación” del Derecho Mercantil, consistente en que son cada vez más y más normas de Derecho público las que se entremezclan con normativa puramente de Derecho privado para salvaguardar dichos intereses. Notable ejemplo lo constituye toda la normativa de supervisión y sanción en materia del sistema financiero, donde todas las sociedades operantes en él y las operaciones que en él se realizan están fuertemente vigiladas (Derecho mercantil, 2015) [6].

CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN EL DERECHO COMERCIAL DEL DERECHO CIVIL

El derecho comercial consta de cuatro características que hacen de este una rama jurídica autónoma, diferenciándolo en gran medida del derecho civil:

  • Real y Objetividad.
  • Tendencia a la Uniformidad.

Real y Objetividad.

Esta característica rige en general los actos de comercio, independientemente de la profesión de quienes lo ejecutan (comerciante o no comerciante), sin embargo resta característica rige principalmente los actos del comerciante, porque la actividad mercantil tiende a crecer con el tiempo a medida que se va ejerciendo un acto comercial determinado, entonces para evitar que dicho crecimiento se salga de control el acto de comercio tiene que ser serio y ecuánime.

Progresividad.

Esta característica se refiere a la evolución o crecimiento rápido y constante que sufren los actos comerciales con el pasar del tiempo.

Expansibilidad.

Esta característica trata de la extensión que tiene el derecho comercial con otras ramas del derecho Privado e incluso con el derecho público, o sea, el grado de relación que se puede dar entre dichas ramas jurídicas.

Tendencia a la uniformidad.

Esto se refiere a la “internacionalización” de los procedimientos que se ejecutan en el derecho comercial entre los diferentes pueblos que existen en el planeta, pero sin pasar a llevar las diferentes reglas y costumbres que se tengan en cada país.

Actos del comercio por su naturaleza

Son actos de comercio, aquellos que producen modificaciones patrimoniales en virtud de adquisiciones o transmisiones de bienes por ventas, permutas o cesiones, de cosas muebles, materiales o inmateriales (créditos, derechos intelectuales, marcas, etcétera), que se realicen a título oneroso (no gratuito) con finalidad de ganancia o lucro, aunque éste no se logre, con destino a su enajenación, en el mismo estado en que se adquirió o con modificaciones que modifiquen su valor (Morles, 2004) [7].

Primer grupo:

“La compra, permuta o arrendamiento de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas, permutarlas, arrendarlas o subarrendarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa permuta o arrendamiento de estas mismas cosas” (ordinal 1º, artículo 2º del Código de Comercio).

Estos actos suministran la figura típica de la actividad mercantil la interposición en e productores y consumidores, encaminada o facilitar el cambio de bienes de modo que estos actos son mercantiles aun en sentido rigurosamente económico.

A este primer grupo de actos de comercio por su naturaleza intrínseca pertenece el ordinal 2º del artículo 2º del artículo 2º del Código de Comercio: “la compra o permuta de Deuda Publica u otros títulos de crédito que circulen en el comercio, hecha con el ánimo de revenderlos o permutarlos; y la reventa o permuta de los mismos títulos”.

Segundo grupo:

“Las operaciones de banco” (numeral 14, artículo 2º del Código de Comercio) y “las operaciones de cambio” (idem).

La Banca es básicamente mediadora del crédito, a través de una serie de operaciones sucesivas de banco. Entran en esta categoría las operaciones pasivas (toma de dinero del público) y las operaciones activas (entrega de dinero a crédito). Así como el comerciante ordinario concentra y distribuye mercaderías, el banquero concentra y distribuye crédito.

Tercer grupo:

Las empresas (ordinales 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 y 12 del articulo 2º  del Codigo de Comercio).

La doctrina define la empresa como “la organización, para el cambio, de los factores de la produccion, con el riesgo inherente” y precisa los elementos esenciales: a) organización de los factores productivo (naturaleza, trabajo, capital); b) produccion destinada a satisfacer necesiades de los consumidores; y c) asuncion del riesgo tecnico y economico.

La empresa hizo su entrada al mundo de las categorías jurídicas con el Código de Comercio francés de 1807, “antes de que la ciencia económica hubiese elaborado su propio concepto de empresa”. Impropiamente, el codificador francés habla de la empresa como un “acto”, en lugar de identificarla como una actividad organizada. Se ha estimado que el Código de Comercio quiso resaltar que el industrial o empresario era un comerciante, dando origen a una inversión de género a especie que significaba que el comerciante era el género y empresario la especie (Morles, 2004) [8].

Acto de comercio absoluto

Se denominan de esta manera en virtud de ser siempre mercantiles y se subdividen en atención al sujeto que los realiza; al objeto en torno al cual se realizan y la forma que para determinados actos exige la ley. En este orden de ideas, tenemos:

  1. Forman parte de esta categoría los enumerados en el artículo 75, fracción XIV del código de comercio, que se refiere a las operaciones bancarias, como por ejemplo los diversos depósitos bancarios: de  ahorro(a.18, LIC); en cuenta de cheques (a. 269 , LGTOC); de dinero que puede ser regular o irregular, a la vista, a plazo o con previo aviso (aa 267-275, LGTOC); de títulos, que puede ser igualmente regular o irregular, simples o de custodia o de depósitos de títulos en   administración (aa 276-279, ibid), descuento de crédito en   libros (a.288, ibid); crédito confirmado (a.317, ibid), y  fideicomiso (aa.346-359, ibid).

Asimismo, se incluyen en esta clasificación a los depósitos en almacenes generales (a. 75, fr. XVIII, Código Comercio), en virtud de que el sujeto que los recibe es una institución auxiliar de crédito, a más de que sus operaciones se encentran documentadas con título de crédito, como son los certificados de depósito y bonos e prenda, operaciones que son siempre mercantiles, según lo establece el a. 1º. De la LGTOC.

Por último, tenemos a las fianzas otorgadas por instituciones autorizadas que serán siempre mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como beneficiarias, solicitantes, fiadoras, contrafiadoras u obligadas solidarias, excepción hecha de la garantía hipotecaría (a.12,LIF)

  1. Actos de comercio absolutos por el sujeto.

La mercantilidad de estos actos se deriva del objeto sobre el que recae la voluntad de las partes, por lo que en esta categoría se comprenden a las negociaciones sobre cosas mercantiles, esto es, buques, empresas, títulos de crédito (a.1º. LGTOC), patentes y  marcas, el nombre comercial, el emblema, el rótulo y demás signos  distintivos de mercancías o del establecimiento, las partes sociales, las cartas de porte, la póliza de fletamento, la póliza de seguros, etc.

Igualmente se comprenden todos los contratos relativos a la navegación, interior y exterior (art. 75 fracción XV, Código de Comercio) y, por último, las operaciones sobre petróleo y gas (a. 12 Ley del Petróleo).

  1. Actos de Comercio Absolutos por el objeto.
  2. Actos de Comercio Absolutos por la Forma.

Existen actos acerca de los cuales la ley exige determinada forma para calificarlos de mercantiles, por lo que en esta clasificación se comprenden los actos constitutivos de las sociedades mercantiles, ya que si una  sociedad se constituye en forma distinta a como la ley lo exige, no será mercantil, ni los actos que intervienen en su constitución son de comercio. (aa. 1º. Y 4, LGSM).

Asimismo, se comprenden  los derechos incorporados en los títulos de crédito, ya que si los mismos no reúnen las menciones literales que la Ley exige, no se considerarán como tales (por ejemplo, aa. 76, 170 y 176 LGTOC), lo cual se puede desprender de la ejecutoria sustentada por SCJN: “Los documentos que reúnen os requisitos del a. 170 de la LGTOC deben ser considerados como tales títulos, y todos los derechos y obligaciones que de ellos nacen, son de naturaleza mercantil, independientemente de la calidad civil o mercantil de las personas de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la ley citada”.

Por último se incluyen las operaciones de crédito: apertura de crédito, que es un contrato en virtud del cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a poner a disposición de la otra, denominada acreditada, una suma de dinero, o a contraer por cuenta de éste una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y términos pactados quedando obligada, a su vez, a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importante de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones que se estipulen (aa. 291-301, LGTOC), cuenta corriente, que es un contrato conmutativo, por medio del cual los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible (aa. 302-310, LGTOC); carta de crédito (aa. 311-316, ibid); y créditos refaccionarios y de habilitación y avío, que son contratos mediante los cuales el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito, precisamente en los bienes que especifica la ley (aa. 321 y 323, ibid).

Actos de Comercio Absolutos
La Ley califica la mercantilidad del acto:
1.      En atención al sujeto Ej. Sector Financiero (sujeto)
·         En atención al objeto Ej. Giro comercial de la negociación (objeto social)
·         En atención a la forma Ej. Constitución de una Sociedad Mercantil ante fedatario público (forma escrita)

Acto de comercio relativo

Su relatividad estriba en que serán mercantiles si el fin que persigue el sujeto es el de especular o de participar en el mercado; se encuentran comprendidas en esta categoría las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles (a. 75, fracción I y II, Código de Comercio), los alquileres y bienes muebles (a. 75, fracción I), ya que si el ánimo de los sujetos no es el de especular con los mismos, los contratos serán de naturaleza civil.

Ahora las empresas de abastecimiento (a.75, fracción V), de construcciones y trabajos públicos y privados (fracción VI), de manufacturas (fracción VII), de  transporte de personas o cosas por tierra o por agua, de turismo (fracción VIII) de librerías, editoriales, y tipografías (fracción IX), de comisiones, de agencias de oficinas de negocios comerciales y establecimientos de ventas en almoneda (fracción X), de espectáculos públicos (fracción XI) y de seguros (fracción XXI). Por su participación en el mercado se les atribuye la mercantilidad, ya que por si mismos esos actos no son mercantiles.

Igualmente, participan de una mercantilidad relativas las enajenaciones de productos agrícolas, ganaderos, y piscícolas, ya que las mismas dependen de que los agricultores, ganaderos y pescadores tengan un establecimiento fijo donde expender los productos de sus fincas (a. 75, fracción XXIII).

ACTOS DE COMERCIO RELATIVOS
Atiende a la finalidad especular o participar en el mercado
Ej. Compra  venta de bienes inmuebles

Acto de comercio mixto

Los actos de comercio mixtos son aquellos que para una parte tienen carácter civil y para otra comercial.

Las reglas de la prueba y de la competencia a aplicar cuando se trata de un acto de tal naturaleza dependen de quien sea el demandante o el demandado.

Cuando el demandado sea un civil en una instancia a requerimiento y las reglas de la prueba deben ejecutarse según el derecho civil.

Cuando el demandado sea un comerciante, a requerimiento de uno no comerciante, este último puede optar por la vía civil o por la vía comercial, Empleando el procedimiento y los medios de prueba correspondientes a la jurisdicción elegida.

Con relación al procedimiento, nuestra Corte de Casación ha decidido por sentencia del 28 de enero de 1955, que la forma sumaria es aplicable en las cortes de apelación cuando el demandado es comerciante, y se trata de acto realizado en el ejercicio de comercio.

Caracteres

Con la expresión “caracteres esenciales del Derecho” se suele aludir a unos rasgos o notas que forman parte del núcleo más profundo de su propia naturaleza o modo de ser, hasta el punto de que, si le falta alguno de esos rasgos, esa realidad que llamamos Derecho no existiría en su sentido propio y pleno.

Y según la doctrina, han sido habitualmente admitidos como tales: la normatividad, la validez, la seguridad, la vinculatoriedad, la coercibilidad y la legalidad.

Competencia

La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales órganos del Estado que permiten asesorar bienes y derechos a la empresa para tener pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos de su clase. Ese órgano especial es llamado tribunal. En España, al existir jurisdicción única, se entiende el desempeño de la misma jurisdicción por todos los tribunales, en lugar de por cantidades.

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen como objetivo determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. O, dicho de otro modo, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia.

Mientras los elementos de la jurisdicción están fijados, en la ley , prescindiendo del caso concreto, la competencia se determina en relación a cada juicio (a cada caso concreto).

 

Conclusión

Cuando hablamos de derecho, podemos decir que hay dos tipos principales. En primer lugar encontramos el derecho consuetudinario, o aquel que no se establece de manera oficial o por escrito pero que está en la conciencia social de las personas y que marca a través del sentido común qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, por ejemplo, lastimar a alguien. Este tipo de derecho es el derecho característico de las sociedades más antiguas. Luego, cuando las sociedades se complejizaron, surgió la necesidad de establecer por escrito todas aquellas reglas, leyes, normas y regulaciones que controlaran y que dictarán de manera clara y concisa los posibles castigos, sanciones o perjuicios que determinadas acciones podían conllevar. Así, actos como crímenes o delitos se volvieron regulados, del mismo modo que también surgieron con el derecho escrito un sinfín de regulaciones para diferentes esferas de la vida social (regulaciones laborales, familiares, penales, civiles, etc.).

A través de esto observamos que la importancia del derecho reside entonces en imponer cierto orden y control sobre sociedades que, de otra manera, actuarían de modo caótico y desordenado. El derecho tiene como objetivo principal actuar como un conjunto de leyes máximas y supremas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad por el bien de la misma sociedad. Es aquí entonces cuando aparece la idea de bien común y pierde lugar la idea de bien individual que sería aquel que permitiría a los individuos actuar como quisieran sin tener en cuenta el perjuicio o daño que se puede causar a otros.

Bibliografía

Acevedo Penco Ángel (2013). Introducción al Derecho Privado. Editora Dykinson, Madrid.

Aguilo Josep (2000). Teórica general de las fuentes del Derecho. Editorial: Ariel, S.A., Barcelona España.

Cotta, Sergio. (1987). El Derecho en la existencia humana (trad. I. Pedro Pastor). Pamplona, páginas 83 y siguientes.

Derecho mercantil (2015). Enciclopedia jurídica.

Escudero López, Jose Antonio (2003). Curso de Historia del Derecho: Fuentes e instituciones político-administrativas, ed. Solana e Hijos.

Fernández de Bujan, Antonio (2009). Derecho privado romano 2ª edición, Madrid, paginas 361-362 y 367-370.

Hervada Javier. (1988). Introducción critica al Derecho natural. 9ª edición, Pamplona,paginas 15-114 y 131-177.

Jiménez Araceli (2014). Clasificación del Derecho.

Morles Hernández Alfredo. (2004) Compendio de Derecho Mercantil I. Editora: Minipres Caracas, Venezuela.

 

 

 

 

 

[1]     Acevedo Penco Ángel (2013). Introducción al Derecho Privado. Editora Dykinson, Madrid.

[2] Aguilo Josep (2000). Teórica general de las fuentes del Derecho. Editorial: Ariel, S.A., Barcelona España.

[3]     Jiménez Araceli (2014). Clasificación del Derecho.

[4] Escudero López, José Antonio (2003). Curso de Historia del Derecho: Fuentes e instituciones político-administrativas, ed. Solana e Hijos.

[5] Escudero López, José Antonio (2003). Curso de Historia del Derecho: Fuentes e instituciones político-administrativas, ed. Solana e Hijos.

[6] Derecho mercantil (2015). Enciclopedia jurídica.

[7]     Morles Hernández Alfredo. (2004) Compendio de Derecho Mercantil I. Editora: Minipres Caracas, Venezuela.

[8] Morles Hernández Alfredo. (2004) Compendio de Derecho Mercantil I. Editora: Minipres Caracas, Venezuela.