ANÁLISIS RESUMEN DE LA SENTENCIA 168-13

La Sentencia 168/13, del Tribunal Constitucional, desde que fue conocida se ha convertido en uno de los más controversiales y polémicos de la historia reciente del país.

Esta decisión del Tribunal Constitucional se produjo ante el apoderamiento de un recurso de revisión constitucional en materia de amparo, elevado por la señora Juliana Deguis Pierret, contra la sentencia número 473-2012, dictada por la Sala Civil, comercial, y de Trabajo, del Distrito Judicial de Monte Plata, de fecha 10 de julio del año 2012, invocando la violación a derechos fundamentales, tales como el derecho a la personalidad, al nombre, a la nacionalidad, a la familia y al trabajo.

La referida sentencia del TC, la deja en un estado de indefinición, porque no se pronunció sobre el fondo del asunto planteado por Deguis Pierret, el reclamo de que la Junta Central Electoral le hiciera entrega de su cédula de identidad y electoral.

La discusión sobre los criterios y condiciones que se requieren para adquirir la nacionalidad dominicana abarca ya varias generaciones y es un tema que ha sido discutido ampliamente en la comunidad jurídica nacional. En los últimos años, como es conocido, ha trascendido las fronteras nacionales como un punto contencioso que ha llegado incluso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

La relevancia social y jurídica de la Sentencia que será objeto de análisis en este trabajo, está relacionada con la discusión de la valoración del contenido y garantía de derechos fundamentales, así como sobre los mecanismos procesales que el nuevo orden constitucional que nos rige desde el  26 de enero de 2010 y la adopción de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

Muchas instituciones han expresado sus dudas e inquietudes por la forma como la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional trata algunos elementos procesales constitucionales, cuya repercusión podría trascender ampliamente el tema en debate.

Estos son, en primer lugar, el tema de la irretroactividad de la ley, el cual ha generado un agudo debate sobre su alcance y significado.

En segundo lugar, la sentencia parece convertir una acción de amparo individual en una acción directa en inconstitucionalidad, desbordado los límites que impone la ley 137-11. Desconociendo que los amparos y sus revisiones están investidas por el principio de relatividad, esto es, que solo le son oponibles a las partes en el proceso, el Tribunal Constitucional recurre al “efecto comunia” de la misma, mediante el cual los elementos del caso desbordan la situación particular de la recurrente, para afectar un gran número de personas que están en una situación similar fáctica y jurídicamente.

Tal argumentación, usada por ejemplo en la Corte Constitucional de Colombia, solo tiene razón de uso cuando está acompañada de la aplicación de nuestro art. 74.4 constitucional, que consigna la favorabilidad hacia las personas en la  aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales de la Constitución de la República, lo que pareciera no haber sido observado en este caso.

El análisis de la sentencia 168/13 también abre una serie de interrogantes sobre la importancia y aplicabilidad que tienen en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los ecos de planteamientos que tratan de desconocer la pertinencia y el carácter vinculante de las decisiones de dicha Corte en nuestro medio son altamente preocupantes, porque podrían introducir graves distorsiones políticas, jurídicas y económicas, así como  posibles afectaciones a la seguridad jurídica.

Es vital que la sociedad dominicana, para forjar la nueva cultura de lo constitucional que necesitamos para elevar la seguridad jurídica, conozca las decisiones de todas las altas cortes, teniendo la esperanza de que sus decisiones se sustenten en interpretaciones y argumentaciones rigurosas, que puedan resistir la crítica jurídica y política de una “comunidad abierta de intérpretes constitucionales”.

En relación a las personas desconocedoras de las Normas Jurídicas establecidas en el Estado Dominicano, es decir, ignoran el Derecho Interno, relativo a la cuestión de la Nacionalidad, son individuos que desconocen las Leyes Ordinarias, Leyes Especiales y La Constitución política de la República Dominicana, que regulan claramente la nacionalidad, estableciendo quiénes son dominicanos, de los nacidos en el territorio de la República Dominicana, y quiénes son dominicanos de los nacidos fuera del territorio nacional.

Pasemos ahora a ver lo que dice la Constitución Política de la República Dominicana; desde el inicio, en su primer capítulo, los seis primeros artículos son bastante claros, sobre la soberanía, sobre cómo está conformado el Estado, quiénes tienen la soberanía y a través de quiénes se ejerce esa soberanía. Ahí está plasmada la legitimidad y legalidad de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional: “de la nación, de su soberanía y de su gobierno”.

Artículo 1.- Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana”.

Partiendo de este artículo se puede entender que ninguna organización extranjera puede hacer valer ningún argumento jurídico, que haga cambiar la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

“Artículo 2.- Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

Artículo 3.- Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

Artículo 5.- Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas.

Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

“Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima, y por tanto, no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla.

Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria.

Nuestra Constitución establece en su artículo 7, que la República Dominicana es un estado social y democrático de derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto a la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

El Estado se obliga a garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, de los que habitan en su territorio, sean nacionales o extranjeros, el primer deber del Estado es proteger la persona humana y su dignidad.

La República Dominicana, suscribió en el año 1969, la convención de las Naciones Unidas -ONU- sobre el Derecho de los Tratados (Convención de Viena), Art. 27, en la cual se comprometió a otorgarle a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes internas, estableciendo dicho texto legal la prohibición para los estados miembros de invocar su legislación interna; constitución, leyes adjetivas, etc., como fin justificativo de su fracaso en cumplir sus obligaciones internacionales.

Los jueces que aprobaron la Sentencia No. 0168/13, no tomaron en cuenta la repercusión que acarrea al país su decisión, que se siente por la reacción de órganos de integración, como es el caso del CARICOM, de países del Caribe, de las Naciones Unidas y de seguro que tendrá repercusión en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por los antecedentes que existen. Ya de hecho se pronunció Amnistía Internacional, un órgano que tiene presencia en el mundo entero, solicitándole al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que anule la referida sentencia.