LA ESCENA DEL CRIMEN Y LEGALIDAD DE LA RECOLECCION DE LAS PRUEBAS EN LA INVESTIGACION CRIMINAL

El Derecho Procesal Penal.  Concepto e importancia.

Víctor J. Castellano E., dice que:  [1] “El   Derecho Procesal Penal: Es el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional y los procedimientos que deben observarse en el proceso.”

El objetivo del Derecho Procesal Penal es  la de regular   la norma entre el estado y los particulares en la administración de justicia, a través de los jueces, fiscales y de los demás sujetos procesales que intervienen en el proceso.

La norma  del  Derecho Procesal Penal tiene como misión en la comisión de un ilícito penal,  la de investigar, identificar  y más luego sancionar la conducta de un ciudadano al que se le imputa un hecho con el cual se busca la preservación del orden social.  Este sistema data del siglo XIX,  y el mismo ha descansado en los sistemas acusatorios, mixtos y el inquisitivo.

Fuentes del Derecho Procesal Penal.

Las fuentes del Derecho Procesal Penal en la norma descansan en  varios pilares fundamentales que son los siguientes:

1.- La legislación;

2.- La jurisprudencia;

3.- La Doctrina;

4.- La costumbre; y

5.- Los usos y prácticas.

Características de la norma del Derecho Procesal Penal.

Víctor J. Castellano E.,   sostiene que: “Los caracteres  de la rama procesal penal son ya comunes a toda norma jurídica.  En cuanto a estos,  podemos decir que el derecho procesal es: bilateral, determina situaciones activas y pasivas en correspondencia; exterior, en cuanto afecta conductos y solo excepcionalmente, en cuanto el intimo sentir o pesar está vinculado con una actividad,  a la intimidad del ser humano; imperativa, en tanto que no constituye ruego, deseo, consejo, aspiración, sino mandato u orden; coercible, porque puede ser aplicada mediante la coacción física; general, en cuanto que se dirige a una pluralidad indefinida; heterónoma, en cuanto es una imposición externa sobre la voluntad de los sujetos a quienes comprenden. Éste sistema data del siglo XIX,  y el mismo ha descansado en los sistemas acusatorios, mixtos y el inquisitivo”[2].

Los Principios rectores del Derecho Procesal Penal.

Los principios en lo que descansa el  Derecho Procesal Penal, en su estructura y en la cual se produce la actividad procesal los cuales son realizados por las personas son los siguientes:

1.- La forma;

2.- El contenido;

3.-El espíritu del mismo;

4.- Su estructura; y

5.- Su  objeto.

Los Sujetos Procesales. Definición de estos por varios autores.

En el ámbito judicial civil,  penal, laboral y comercial, existen sujetos que realizan actos judiciales que producen con sus actuaciones consecuencias jurídicas específicas, es decir, que lo mismos participan sujetos procesales creando así relación jurídica procesal.

En el proceso penal existen muchos sujetos procesales, más que en otras ramas del derecho, ya que en el aspecto penal hay una conformación más compela en el interior del mismo en la administración de justicia.

Sujetos Procesales:  “Son  Sujetos del Proceso Penal las personas públicas o privadas que interviene necesariamente o eventualmente en su carácter de titulares del ejercicio de los poderes de la jurisdicción, acción o defensa, puestos en Actos ante la presencia de un concreto objeto procesal penal que ha de ser tratado constitucionalmente”.

Además, también “Son Sujetos Procesales todos aquellos que interviene en los procesos; es una actividad meramente humana en la que intervienen personas con diversos intereses y cuando aquel es jurisdiccional se parte del hecho de que la presencia de un tercero imparcial, con el ejercicio de autoridad, garantiza de alguna manera la realización de la justicia”.

Se consideran “Sujetos Procesales, a todos los actos ejecutados por sujetos, es decir, por personas concretas que intervienen dando vida y realidad a las prescripciones normativas y que por ella se encuentran legitimadas para realizar dentro de los límites y condiciones establecidas”.

Por lo que respecta el Código Procesal Penal de la República Dominicana, le atribuye al Ministerio Publico la calidad de Director funcional de la investigación, misma esta que están bajo el control de otro actor del sistema: El juez de la instrucción en su papel de garante de los derechos individuales y colectivos en la sociedad.

Los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal, sostienen que el Ministerio Publico al momento de recibir la noticia criminal pública o privada, en  la investigación tienen el monopolio de la misma, ya que este representa a la sociedad en los asuntos penales puestos a su cargo.

La Constitución Política de la República Dominicana, de conformidad con la norma establece en su artículo 169, que: El Ministerio Publico es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la Política del Estado contra la Criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción Pública en representación de la Sociedad.

Sostiene Juan Alfredo Biaggi Lama, en su obra un Siglo de Jurisprudencia, años 1909-2009, que: “Los   medios Auxiliarse en la investigación están definidos en los artículos 91, 92, 93 y 94 del Código de Procesal Penal, señalando dentro de sus órganos a la policía nacional y a la dirección nacional de control de drogas”[3].

Los medios Auxiliares del Ministerio Publico la policía judicial y la dirección nacional de control de drogas son visto en el Código como un cuerpo técnico, integrado por profesionales y técnicos en las ciencias forenses sujetos al control del Ministerio  Publico, cumpliendo tareas de Auxiliares con fines judiciales; ya que tiene una función de subordinación en el proceso de la investigación penal.

El Ministerio Publico goza de independencia para el ejercicio de la acción penal y de la investigación de los delitos en la forma determinada en el Código Procesal Penal.

Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al Ministerio Publico o su subordinado respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o militar en el ejercicio de la acción penal.

El Ministerio Publico por medio de sus agentes de lo que dispone tendrá la facultad de practicar la averiguación de los delitos de oficio con intervención del juez, el cual controlara sus actuaciones.

La ley orgánica del Ministerio Publico establece que el mismo es un ente con funciones autónoma, promueve la persecución penal y dirige la investigación de las delitos de acción pública, además, de velar por estricto cumplimiento de la leyes del país.

Señala dicha ley que el Ministerio Publico, actuara independientemente por su propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los Organismo del Estado ni autoridad alguna, salvo lo establecido en la ley.

Uno de los fines del Ministerio Publico es la de vigilar para que en la sociedad no se cometan arbitrariedades que vayan en detrimento de la ley, es decir, que su objeto está el cumplimiento de las leyes.

Misión y tarea del Ministerio Público:

Entre las misiones y las tareas que le asigna el Código Procesal Penal al Ministerio p Publico está consagrado en los artículos 88 hasta el 94, en los cuales consagra en dichos instrumentos legales el monopolio de la investigación y su rol de la Dirección Funcional de la investigación, como lo establece el estatuto orgánico, el Código y la Constitución Política Dominicana.

Asimismo, el artículo: “89 del Código Procesal Penal, dice que el Ministerio Publico ejerce la autoridad sobre sus Auxiliares, es decir, la policía nacional y los demás agentes que están bajo su dependencia y lo mismo están en la obligación de cumplir sus instrucciones”.

El Ministerio  Público, tiene la facultad  de delegar en sus Auxiliares asuntos en la investigación en la ocurrencia de los hechos punibles,  así como también asignar determinadas investigaciones, como además, puede disponer la separación de estos en las investigaciones al observar en estos que no acatan sus decisiones y se muestran imparciales en la misma.

Es misión del Ministerio  Publico la de promover la resolución alternativa de los conflictos, el cual está en consonancia con buscar la paz social entre los ciudadanos en aquello asuntos en que no estén en juego el orden público y las buenas costumbres como lo establecen los artículos 37 y 38 del Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Es tarea del Ministerio Publico darle protección a las víctimas y a los testigos, quienes en el ejercicio de un derecho de ser resarcido en sus interés materiales y morales estén siendo víctimas de amenazas por parte del o los imputados en el proceso penal y en especial en los delitos de crímenes organizado el cual se ha incrementado y tecnificado en los últimos tiempos.

También es una función esencial del Ministerio Publico el de ser un garante en la persecución penal de no violar los derechos fundamentales de los imputados a quienes se le atribuye un hecho del cual se está investigando.

Una misión esencial dentro del rol de Dirección Funcional del Ministerio Publico tiene que ver con la defensa del interés público  como representante de la sociedad, el cual regido y tutelado por la ley,  este criterio fue fortalecido en la Constitución del año 2010.

El  Ministerio Público, tiene como tarea esencial como lo establece nuestra Constitución la de  implementar la política criminal, atribución esta que recae en las manos del Procurador General de la República, el cual dirigirá la política criminal contra la criminalidad organizada, funcionario este que trazara los lineamiento en coordinación con las que plantee el presidente de la República.

El régimen penitenciario está bajo la guarda y vigilancia del Ministerio Público como uno de los actores del proceso penal, la cual está coordinada con la Dirección General de Prisiones, como lo señala la ley 224-84, sobre régimen penitenciario.

Misión y tarea de los miembros auxiliares del  Ministerio Público:

El Código Procesal Penal de la República Dominicana, en sus artículos 91 al 94, 223 al 225, 273  al 280,  establecen cuales son los órganos Auxiliares del Ministerio Público, señalando en el mismo que estos son la policía nacional, la dirección nacional de control de drogas, los médicos legistas y en la recolección de las pruebas están los miembros de la policía científica, el cual realizan en su trabajo labores técnicas en la investigación del hecho  punible.

Nuestro código procesal penal establece textualmente lo siguiente:

El artículo 91, del  Código Procesal Penal,  dice que: “La policía nacional, por inicia propia, en virtud de una denuncia  o por orden del ministerio público debe investigar los hechos punibles de acción pública, impedir que se lleve a cabo, completen o extiendan en sus efectos, individualizar a los autores y cómplices, reunir los elementos de prueba útiles para determinar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos y ejercer las demás tareas que le asigna su ley orgánica y este código.”[4]

Articulo 92. Obligaciones.  “Los funcionarios y agentes de policía tienen las obligaciones de practicar las diligencias orientadas a la individualización física e identificación de  los autores y cómplices del hecho punible y llevar a cabo las actuaciones que el ministerio público les orden, previa autorización judicial, sí es necesaria.”

Artículo 93.- Dirección de la investigación.  “La dirección de la investigación de los hechos punibles por el ministerio público tiene los siguientes alcances”:

1.- El cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y agentes policiales de todas las órdenes relativas a la investigación de los hechos punibles, emitidas por el ministerio  público o los jueces.   La autoridad administrativa policial no debe revocar o modificar la orden emitida ni retardar su cumplimiento;

2.- A requerimiento del ministerio público la asignación obligatoria de funcionarios y agentes  policiales para la investigación del hecho punible.   Asignados los funcionarios y agentes, la autoridad administrativa policial no puede apartarlos de la investigación ni encomendarles otras funciones que les impidan el ejercicio de su comisión especial, sin autorización del ministerio público.

3.- La separación de la investigación del funcionario y agente policial asignado, con la noticia a la autoridad policial, cuando no cumpla una orden judicial o del ministerio público, actué negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones.

4.- La solicitud de sanción de los funcionarios y agentes policiales.

Artículo 94.-Otras funciones.   “Las reglas del presente capítulo se aplican a los funcionarios y agentes de otras agencias ejecutivas o de gobierno que cumplen tareas  auxiliares de investigación con fines judiciales”.

Artículo 223.- Citación.  “En los casos de en que es necesaria la presencia del imputado para realizar un acto, el ministerio público o el juez, según corresponda, lo cita a comparecer, con la indicación precisa del hecho atribuido y del objeto del acto”.

Artículo 224.- Arresto.  “La policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene.   La policía no necesita orden judicial cuando el imputado:”

1.- Es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o mientras es perseguido,  o cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente  que acaba de participar en una infracción;

2.- Se ha evadido de un establecimiento penal o centro de detención;

3.- Tiene en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles que hacen presumir, razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.

En el caso del numeral 1 de este artículo, si la búsqueda o persecución ha sido interrumpida, se requiere orden judicial.

En ningún caso se puede practicar el arresto cuando se tratar de infracción de acción privada o de aquellas en las que no está prevista pena privativa de libertad.

Si se trata de una infracción que requiera la instancia privada, es informado inmediatamente quien pueda presentarla y, si este no presenta la denuncia en el término de veinticuatro horas, el arrestado es puesto en libertad.

La autoridad policial que practique el arresto de una persona debe ponerla sin demora innecesaria, a la orden del ministerio público, para que este, si lo estima pertinente, disponga directamente su puesta en libertad  o solicite al juez una media de coerción.   La solicitud del ministerio público debe formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del arresto.

En el caso del numeral 1 de este artículo, cualquier persona puede practicar el arresto, con la obligación de entregar inmediatamente a la persona a la autoridad as cercana.

En todos los casos el ministerio público debe examinar las condiciones en que se realiza el arresto.   Si el  arresto no resulta conforme con las disposiciones o de la ley, dispone la libertad inmediata de la persona y en su caso vela por la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan.

Artículo 225.- Orden de arresto.  “El  juez,  a solicitud del ministerio público, puede ordenar el arresto de una persona cuando”:

1.- Es necesaria su presencia  y existen elementos suficientes para sostener razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar;

2.- Después de ser citada a comparecer r no  lo hace y es necesaria su presencia durante la investigación o conocimiento de una investigación.

El arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que la motiva.   Si el ministerio público estima que la persona debe quedar sujeta a otra medida de coerción, así lo solicita al juez en un plazo máximo de veinticuatro horas, quien resuelve en una audiencia.   En caso contrario dispone su libertad inmediata.

Artículo 273.- Conocimiento directo.   “Los funcionarios de la policía que tengan conocimiento de una infracción de acción pública deben dar noticia al ministerio público, sin demora innecesaria y siempre dentro de plazo máximo de las veinticuatro horas siguientes a si intervención.   Cuando la información provenga de una fuente no identificada, el funcionario que la recibe está en la obligación  de confirmarla y hacerla constar en un registro destinado a tales fines en el que conste el día, la hora, el medio y los datos del funcionario”.

Artículo 274.- Diligencias preliminares.  “Los funcionarios de la policía practican las diligencias preliminares dirigidas a obtener y asegurar los elementos de prueba, evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, recibir las declaraciones de las personas presentes e impedir que el hecho produzca consecuencias ulteriores.”

Si la infracción es de acción privada, solo debe proceder cuando recibe la orden del juez o del ministerio público.   Pero, si es una infracción dependiente de instancia privada, actúa por la denuncia de la persona autorizada a presentarla, sin perjuicio de las acciones inmediatas para preservar la prueba o impedir que el hecho tenga consecuencias ulteriores.

Artículo 275.- Medida precautoria.  “Cuando en el primer momento  de la investigación de y hecho no sea posible individualizar al autor, al cómplice ni a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar  la averiguación de la verdad, la policía puede disponer que los presentes  no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre si antes de informar, ni se modifique el estado e de las cosa ni de los lugar, disponiendo las  medidas que el caso requiere.   Esta medida no puede exceder del plazo de las seis horas.”

Artículo 276.- Arresto.  “Los funcionarios de la policía solo pueden arrestar a los imputados en los casos que este código lo autoriza, con apego estricto a los siguientes principios básicos de actuación”:

1.- Identificarse, al momento del arresto, como funcionario de policía y verificar la identidad de la persona contra quien se procede.   La identificación previa de la persona sujeta al arresto no es exigible en los caso de flagrancia;

2.- Abstención del uso de la fuerza, salvo cuando es estrictamente necesario y siempre en la proporción que lo requiere la ejecución del arresto;

3.-Abstencion del uso de las armas, excepto cuando se produzca una resistencia que coloque en peligro la vida o integridad física de las personas, o con el objeto de evitar la comisión de otras infracciones, dentro de lo necesario y la proporcionalidad a que se refiere el numeral precedente;

4.- No  aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, tormentos u otros tratos a o castigos crueles, inhumanos o degradantes;

5.- Informar a las personas, al momento de su arresto, de su derecho a guardar silencio y a nombrar su defensor;

6.- No permitir la presentación del arrestado a ningún medio de comunicación social o la comunidad, sin su expreso consentimiento, el que se otorga en presencia de su defensor, previa consulta, y se hace constar en las diligencias respectivas;

7.- Comunicar a los familiares, personas de confianza o al abogado indicado por la persona arrestad, sobre el arresto y el lugar al cual es conducido o permanece;

8.- Hacer constar, en un registro inalterable, el lugar, día y hora del arresto, la orden o circunstancias en que ocurre y los funcionarios o agentes responsables de su ejecución.

Artículo 277.- Informe sobre las diligencias preliminares.  “Los funcionarios de la policía deben informar  al ministerio público sobre las diligencias preliminares de la investigación dentro del plazo de sustentados   horas.   Si se ha procedido a un arresto, el plazo se reduce a veinticuatro horas”.

A los fines de documentar las diligencias, es suficiente con asentar en un acta única, con la mayor exactitud posible, las relevantes para la investigación, en la cual se deja constancia de las instrucciones recibida del ministerio público y, en su caso, de los jueces.

El informe es firmado por quien dirige la investigación y, en lo posible por las personas que intervienen en los actos o que proporcionan alguna información.  Si el defensor participa en alguna diligencia, se hace constar y se le solicita que firma, si no accede   a firmar, se hace  mención de estas circunstancias, lo que no invalida el acta.

Artículo 278.- Remisión de objetos secuestrados.  “Los objetos secuestrados son enviados al ministerio público con el informe correspondiente, salvo cuando la investigación sea compleja, existan obstáculos insalvables o los objetos sea necesarios para actos de prueba, casos en los que son enviados inmediatamente después de la realización de los exámenes técnicos o científicos correspondientes.”

Artículo 279.- Inicio.  “Recibida la denuncia, la querella, el informe policial o realizadas las primeras investigaciones de oficio, el ministerio público abre de inmediato el registro correspondiente hace constar los datos siguientes”:

1.- Una sucinta descripción del objeto de la investigación;

2.- Los datos del imputado, si los hay;

3.- La fecha en que se inicia la investigación;

4.- La calificación jurídica provisional de los hechos imputados;

5.- El nombre del funcionario del ministerio público encargado.

Artículo 280.- Ejercicio de la acción.   “Si el ministerio público decide ejercer la acción penal, practica por sí mismo u ordena a la policía practicar bajo su dirección las diligencias de investigación que no requieren autorización judicial ni tienen carácter jurisdiccional.   Solicita al juez las autorizaciones necesarias, conforme lo establece este código”.

Hay que agregar que los miembros Auxiliares del Ministerio Público en la recolección de las pruebas deben de obtenerla de manera licita, como lo estable el principio 26 y el artículo 166 del código procesal penal, para que la misma sean valoradas por el juez y así no ser excluidas del proceso y declara nula en el proceso, en virtud de la teoría del árbol envenenado.

2.- Si hay una persona que es responsable del hecho, se debe proceder a su individualización, plasmando en el registro las generales del mismo;

3.- Preservar los rastros materiales del ilícito del cual se ha obtenido  en el lugar, procediendo el Ministerio Publico a adoptar todas y cada una de las medidas adecuadas,  protegerlas  y aislar la misma para que más luego estas no sufran ningún tipo de alteración y puedan  sufrir algún tipo variación ante del juicio.

Ministerio Público y el inicio de la Etapa preparatoria:

El Ministerio Publico en virtud de lo que estable el artículo 22 del Código Procesal Penal, en la llamada etapa preparatoria recibe lo que es la notitia criminis, en su calidad de Director Funcional de la investigación, en la cual se le da inicio  a la misma.

Los Auxiliares del Ministerio Público, es decir, la policía, a través del conocimiento directo de los organismos de investigación, como lo señala el artículo 273, del Código Procesal Penal, lo pueden ejercer única y exclusivamente cuando el delito es de acción pública.

La policía nacional, no debe de actuar en los delitos de acción privada, solamente  actúa cuando  el Ministerio Público y el Juez se lo autoricen.   La  policía cuando se entera de la ocurrencia de un hecho tiene el  deber de realizar todas y cada una de las diligencias para obtener y asegurar los elementos de prueba, evitar su fuga o el ocultamiento del sospechoso.

Otra forma de que le Ministerio  Público, se apodere de un caso es cuando le es presentada una denuncia, sea esta oral o por escrito, en virtud de lo que establece el artículo 262, del Código Procesal Penal, sea esta de acción pública o privada.

Cuando un sujeto es arrestado en flagrancia, sea este por los Auxiliares del Ministerio Público o una persona luego de la comisión de un ilícito penal, el artículo 91 del Código Procesal Penal establece que la policía por iniciativa propia  debe investigar los hechos que sean de acción pública, y en consecuencia concluir el caso de que se trate, estableciendo responsabilidad del o los autores del hecho y de sus cómplices por medio de los elementos de prueba que comprometan su responsabilidad en el caso de la especie.

El origen de una investigación preliminar se inicia cuando el  Ministerio Público en virtud y por mandato del artículo 279 del Código Procesal Penal recibe la denuncia, la querella o un informe de sus Auxiliares, este funcionario debe de inmediato a abrir un registro  el cual debe hacer constar lo siguiente:

1.- Relación sucinta de los objetos que hay en la investigación;

2.- Las generales del imputado;

3.- Fecha de inicio de la investigación;

4.- Calificación jurídica provisional de los hechos;

5.- Nombre del funcionario del Ministerio Público del cual está dirigiendo la investigación.

Facultad para ejercer la acción en la investigación:

La normativa Procesal Penal establece varias condiciones para el ejercicio de la acción cuando se ha cometido una infracción, a saber tenemos:

1.- Cuando es de acción pública, los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal, le dan la facultad al Ministerio Público y el mismo esta compelido a ejercer dicho acción de oficio en beneficio de la sociedad, avalado por lo que señala el Estatuto del Ministerio Público y la Constitución Política de la República Dominicana;

2.- Si el caso es de acción privada, como lo prevé el artículo 31 del Código Procesal Penal, el Ministerio Publico solamente debe actuar cuando es formalmente  apoderado por una Querella de parte interesada, no así si el caso se refiere a violencia intrafamiliar y de género, donde el Fiscal debe actuar, no obstante, la parte que se sienta lesionado renuncie de sus pretensiones;

3.- Cuando es en virtud del artículo 32, del Código Procesal Penal, el Ministerio Publico solo actúa cuando le es solicitada un auxilio judicial de un ciudadano que corre peligro, combinado dicho artículo con el 360 de dicho instrumento legal.

Clasificación de los Sujetos Procesales.  Composición y Organigrama.

Para el jurista Jorge E. Vásquez Rossi, los Sujetos Procesales están conformados de la siguiente forma:

Sujetos Necesarios:

1.- Acusadores;

2.- Imputados;

3.- Defensores;

4.- Jueces.

Sujetos  Eventuales:

1.- Secretarios;

2.- Oficiales;

3.- Testigos;

4.- Peritos.

Julio B. Maier, los colocas  y los clasifica en su estructura en la administración justicia a los Sujetos Procesales  de este modo:

Estatales:

1.- El  Tribunal;

2.- El Ministerio Público;

3.- La Policía;

Privados:

1.-El Imputado;

2.-El abogado defensor;

3.- El Consultor técnico;

4.- La Victima.

Referidos a la acción civil:

1.-El actor civil;

2.-El demandante civil;

3.- El  tercero civilmente responsable.

Para Alberto M. Binder, los Sujetos Procesales están estructurados de la forma siguiente:

Sujetos que intervienen en el Proceso Penal:

 A.- Acusadores:

1.- Victima;

2.- Ministerio  Público y órganos auxiliares.

Poder Jurisdiccional:

1.-Juez y Auxiliares;

Defensores:

1.- Imputado;

2.- Defensor.

Jorge R. Moras Mom, los organiza a los Sujetos Procesales están estructurados de la forma siguiente:

Juez:

A.- Las partes:

1.-Ministerio  Público;

2.-Quellante,

3.- Actor Civil;

4.- Asesor de menores;

5.- Imputado;

6.- Civilmente demandado;

7.- Defensor del imputado;

8.- Apoderado o patrocinante de la querella o del actor civil.

En el esquema y el esbozo que cada uno de estos autores ubican a los sujetos procesales en el sistema de justicia, lo mismo señalan que cada uno de ellos tiene una misión y un rol que cumplir, pero, siempre atendiendo a lo que señala el artículo 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de la igualdad de los sujetos procesales.

El Ministerio Publico  en su rol de Director Funcional de la Investigación, como lo establecen el artículo 88 y siguientes del Código Procesal Penal, debe sostener la acusación pública y llevar a cabo la investigación preparatoria, es decir, dirige, practica y ordena la realización de diligencias pertinentes y útiles para des terminar la ocurrencia  de un hecho punible y su responsable.   El fiscal, en su investigación  solamente debe pronunciarse sobre aquellos elementos de prueba que vinculen al imputado con el hecho.

Jorge R. Moras Mom, dice que él: “Querellante es un sujeto privado acusador que, asumiendo voluntariamente el ejercicio de la acción penal emergente de un delito cometido en su contra en forma directa, impulsa el proceso, proporcionado elementos de convicción, argumenta sobre ellos y recurre de las resoluciones en la medida en que le concede la ley.

En todos los casos  su legitimidad está dada por su condición de particularmente ofendido por el delito. Su condición de acusador se divide en dos aspectos: uno, actuando al lado del fiscal, limitado en cuanto al alcance de sus facultades, en los casos de acción pública; el otro, actuando como único acusador sin interviniente del fiscal y duendo de la acción, responsable de su mantenimiento por medio de constante activación, que es el que presenta en los delitos que nace acción privada.  En los dos su intervención es facultativa para el ofendido.

Hay un único  supuesto en el que puede asumirse la condición de querellante en autos por delitos de acción pública sin ser el ofendido directo que es el cónyuge, padres, hijos supérstites de la victima de homicidio, o su último representante legal.

En todos los casos, como se necesita ser capaz civilmente para actuar, si no lo fuere el ofendido, puede actuar como querellante su representante legal.   La constitución de la parte querellante por delitos de acción pública puede tener lugar en cualquier estadio de la instrucción hasta la clausura de la misma.  Pasada esta última oportunidad, la constitución será rechazada sin más trámite.

En cambio, en lo que respecta a los delitos de acción pública su situación es totalmente diferente toda vez que carece de la facultad para promover la acción por vía de querella y también carece de la abrir la etapa del juicio en forma autónoma por cuanto, en ambos casos, depende totalmente de la actividad del fiscal.  Por ello es que a este querellante, disminuido considerablemente en sus facultades con relación a las que poseía en el Código de Procedimiento viejo, se lo distingue como “querellante adhesivo” o “adherente”.

Acto civil, es un sujeto procesal que dentro del proceso penal juega su rol accionario relacionado con el objeto de este, como causa de su obligación, pero, limitado al campo civil preparatorio e indemnizatorio.

Esa calidad de actor civil, como titular de la acción civil emergente del delito, se adquiere cuando este se presenta en el proceso penal para constituirse como tal.

Para hacerlo el titular debe ser persona capaz civilmente, por cuanto si no lo fuere debe actuar con las representaciones que la ley civil impone para el ejercicio de las acciones civiles.

Para la asunción de tal calidad la oportunidad señalada por la ley procesal penal, es la de todo el periodo instructorio, desde su inicio hasta su clausura.

En orden al inicio repetimos aquí lo que dijimos de la parte querellante.  Con la denuncia puede asumir junto con el rol querellante o sin él, el de actor civil.

La asunción que tratamos, es el simple acto de asumir pero no es en modo alguno la demanda.  Ello así, por cuanto ella debe ser producida en oportunidad de la vista de la clausura de la instrucción.  En efecto, cuando el juez de instrucción que ya ha procesado al imputado, estima agotada la investigación, corre vista al fiscal y al querellante para que se expidan sobre el merito de la misma.  Pero paralelamente y desde el mismo momento, el actor civil debe-dentro de los tres días de notificado-interponer la demanda, de la que se corre traslado por seis días al demandado, con ajuste a las reglas procesales civiles.

De la traba de la Litis,   ya por simple contestación o por vías de reconvención, el juez de instrucción debe dar razón explicativa en el auto de elevación.  La clausura del periodo instructorio se opera con este último acto del juez de instrucción, de modo tal que cuando el adviene, ya es tarde para asumir el rol de actor civil, por cuanto ya se ha precluido la oportunidad para interponer la demanda. Aceptar lo contrario sería permitir que el proceso entrara a la etapa de juicio, sin traba de Litis invirtiendo todo el sistema procesal civil, que la propia ley procesal penal impone aplicar.

Esta constitución podrá hacerse personalmente o por mandatario, mediante un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el domicilio legal del accionante, a que proceso se refiere y los motivos en que se funda la acción.   Incluso puede hacerse aun cuando no estuviere individualizado el imputado: y, si junto con este se demandara a los civilmente responsables, siempre debe demandarse al primero junto con los segundos.

Aceptada la constitución en actor civil, el acto debe ser notificado tanto al imputado cómo al civilmente demandado, y desde la última de esas notificaciones producirá efectos.

Constituido en actor civil este tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar la existencia de hecho delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado y reclamar las medidas cautelares y restituciones e indemnizaciones correspondientes.

Al final de la instrucción debe interponer, como se dijo, la demanda y correr traslado al demandado civil, ya sea al imputado o al responsable civil, pero al final del  “debate” en el juicio, alegara sobre la prueba y formulara su acusación, que puede ser hecha, para su caso, en memorial, limitando su alegato a los puntos civiles.

El actor civil puede desistir de su calidad en cualquier estado del proceso, haciéndose responsable por las costas.   Se lo tendrá por desistido si no concreta su demanda en la oportunidad de la vista para clausura del sumario, o no comparezca  al debate o se aleje de la audiencia sin haber formulado sus conclusiones.

Su situación es limitada en lo que hace a la vía recursiva, por cuanto carece de recursos contra los sobreseimientos y la sentencia absolutoria penal.

Pero por su calidad de actor civil, al igual que el querellante, no pierde su vocación de testigo, por lo que sí es llamado como tal debe prestar su dicho.

Asesores de menores, es el representante del ministerio popular, sujeto público, parte necesaria en todo proceso en el que se encuentre comprometido un menor d edad, tanto en su responsabilidad penal, como  en la civil.

Responde su existencia procesal a un mandato expreso de la legislación de fondo.  El Código Civil del menor, en su artículo 59, dice que además de los representantes necesarios del menor, el será promiscuamente representado  por el ministerio de menores, que será parte legitima y esencial, so pena de nulidad.

A su vez, la ley 10.903 de Patronato de Menores, impone en su artículo 4, que este patronato se ejercerá por los jueces nacionales provinciales con la concurrencia del ministerio público de menores.

Al regularse el proceso penal en el que se encuentre comprometido un menor de 18 años como autor de delito, se instituye una justicia especializada integrada por jueces de menores y tribunales de menores que tienen a su cargo la aplicación del régimen penal especial, y todo el tutelar.

Allí y en orden a este último aspecto, se ejerce una verdadera limitación de la patria potestad que puede ir de una simple vigilancia, a la internación en establecimiento de tratamiento.

El imputado, es el sujeto procesal a quien se le atribuye la materialidad del hecho delictivo y su responsabilidad culpable en su comisión, cualquiera que fuere el grado de participación que en el hubiere tomado.

En realidad con esta expresión se denomina al sujeto citado, como si fuera un común denominador por cuanto su situación, según el grado de pruebas que a su respecto se vaya acumulando en el curso del proceso. Como imputado, pasa   a ser prevenido, y luego sospechoso, después procesado y luego acusado.  Siempre es imputado, pero  según el caso será en una u otra de las formas citadas.

El civilmente  demandado, es un sujeto pasivo de la acción civil indemnizatoria  o reparatoria ejercitada en el proceso penal, puede ser el imputado mismo, cuando a él se dirige la demanda como responsable directo, en cuyo caso el letrado defensor penal,  sino no hay manifestación expresa en contra, será apoderado civil, sin necesidad de otorgamiento de mandato expreso al efecto.  Pero, también puede ser responsable por el daño causado por el delito el tercero de quien dependa al procesado y que según la ley civil se traslada la responsabilidad de este al tercero.

Este tercero que debe responder  civilmente por el imputado del daño puede ser citado para que intervenga en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acción resarcitoria, el que deberá en su escrito expresar el nombre y domicilio del demandado y los motivos en que funda su acción.

Defensor del imputado, puede dejar de tener su letrado defensor, extremo por el cual desde el momento mismo en que aquel tenga contacto con el proceso se le debe hacer saber que tiene  derecho a designarlo.  Así en la oportunidad de la prevención cuando la autoridad policial le recibe declaración identificadora, debe hacerle saber su derecho, pero, cuando ello no se hubiere satisfecho, en última instancia el juez antes de indagarlo lo invitara a designar su defensor.

El reo puede asumir su propia defensa cuando contaré con la capacidad para ello y no entorpeciere el trámite del proceso, según el criterio del juez.  Si esa intervención personal no se produjera,  el reo tiene el derecho de proponer como defensor a un abogado particular y, si ello no ocurriere, el juez tiene la obligación de nombrarle uno oficial, que durara en su función hasta que el procesado nombre uno particular.

Es tan respetado el principio de que no puede haber imputado sin defensa, que se reconoce el derecho de aquel de proponerla aun estando incomunicado.

Los defensores pueden ser dos actuando como una sola defensa por lo que notificado uno de providencia dictada en el proceso, se los tiene por notificados a ambos.   La intervención de ambos, se pone de manifiesto cuando al cerrarse el debate, el alegato sobre la prueba puede hacerse por mitades, a cargo de cada uno.”[5].

La actividad Probatoria del Fiscal.  Definición.

La actividad probatoria del fiscal en la prueba penal, “es el conjunto de actos procesales cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados  por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de las existencia o inexistencia, la veracidad  o la falsedad de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.”

En la actividad preparatoria del fiscal, nuestro Código Procesal Penal las llamas como: “diligencias preliminares; acciones estas que deben realizar los Auxiliares del Ministerio Público también, cuando lo mismos han recibido la noticia criminal.     Todas estas diligencias que se realizan al nacer un hecho punible, como finalidad obtener y asegurar los elementos de prueba en la ocurrencia del ilícito penal”.

Al ocurrir un hecho, el Código Procesal Penal le da al Ministerio Publico en los articulo 166, 173, 174, 175, 180 y 274, el protocolo que hay que seguir para la obtención de todos y cada uno de los elementos de pruebas.

Tanto, la policía nacional, como el Ministerio Publico a la ocurrencia del hecho, tienen la facultad de proceder al arresto de cualquier ciudadano que ellos entienda que puede ser el autor o cómplice del hecho. Si la policía arresta a un sospecho de la comisión del hecho debe comunicárselo al fiscal y más luego remitírselo a él inmediatamente, para que una vez este luego de examinar el caso, si entiende que elementos que lo vinculan someterlo al juez de la instrucción.

En la actividad probatoria del fiscal, la policía está subordinada en las labores de la investigación, con el propósito de hacer más eficaz la investigación que se lleva a cabo, como dicen los artículos 22, 88,  92, 93, 259 del Código Procesal Penal.

La misión del fiscal en la investigación es la de servir de guía y soporte de sus Auxiliares para el esclarecimiento de un hecho y en especial estos deben de respetar las garantías y los derechos de los ciudadanos a los cuales se les imputa un hecho.

El fiscal tiene que están orientando y vigilando en la investigación todas las actuaciones de sus Auxiliares, ya  que los elementos de pruebas que se obtengan deben estar revestidos de idoneidad para asegurar un buen caso.

Es puramente técnica la función del fiscal con respecto de las directrices que les trace a la policía, en vista de que el Código dice que el monopolio de la acción penal recae sobre el Ministerio Público.

Toda actividad probatoria de parte del fiscal que inicie una investigación debe estar orientada y definida, es decir, tener una política clara para esclarecer el hecho, toda vez que los crímenes van variando dependiendo a la zona y el lugar donde sucedió, por eso es que el fiscal no debe improvisar.

El fiscal tener bien claro cuáles son los elementos de pruebas que debe perseguir en la investigación, para más luego valorar lo mismo, ya que los artículos 279 y 280 del Código Procesal Penal le dicen al fiscal si le da o no inicio a una investigación previo examen de los hechos, robustecido esto con el artículo 260 del Código Procesal Penal que habla de la objetividad del fiscal en la investigación.

Asimismo, en la actividad probatoria del fiscal, todos los elementos de prueba que se recojan deben ser de forma licita, ya que estos serán incorporado más luego al juicio donde todas y cada una de las partes tendrán la oportunidad de manera material y técnica de pronunciarse en contra de la misma, en virtud de la libertad probatoria que establece el Código Procesal Penal.

Esto quiere decir, que el fiscal debe ser der muy celoso y cuidadoso en la recolección de las pruebas, ya que el objetivo final del fiscal en una investigación es la de conseguir una condena contra un sujeto que ha violado la ley en perjuicio de un ciudadano o de la sociedad.

Inspección del Lugar del hecho.

El artículo 173 del Código Procesal Penal dice que: “Los funcionarios del ministerio público o de la policía deben custodiar el lugar del hecho y comprobar mediante la inspección del lugar y de las cosas los rastros y otros efectos materiales que sean el resultado del hecho punible”.  [6]

El fiscal al recibir la información de la ocurrencia de un hecho debe de ir de una vez al lugar para así evitar que los elementos de pruebas sean estos materiales, documentales, periciales sean movidos por las personas y así evitar que estos no se contaminen.

La presencia del fiscal en el lugar de los hechos lo que busca es una reconstrucción de los hechos, ya que con dicha inspección el mismo lo que busca es obtener la verdad de lo que paso.

Juan M. Pellerano G,  dice que con: “Este tipo de comprobación material puede ser llevado a cabo en el transcurso de las investigaciones que practica el ministerio público con el auxilio de la policía judicial en el curso de la investigación preliminar  del procedimiento preparatorio”[7].

Hay que diferenciar una inspección del lugar dl hecho con una visita domiciliaria, lo único que tienen de común dicha comprobación es que el fiscal va tener un conocimiento directo de la ocurrencia del hecho.

Que debe hacer el fiscal una vez llegue al lugar de los hechos:

El fiscal una se presente al lugar donde ha ocurrido un hecho a la menor brevedad posible debe hacer lo siguiente:

1.- Proteger el lugar del hecho y así evitar que penetren a las mismas personas que no están autorizadas a realizar actos de investigación;

2.- Realizar una inspección de manera preliminar con el objetivo de buscar elementos de pruebas que guarden relación con el hecho:

3.- Proceder a identificar en el lugar del hecho donde están cada uno de los indicios;

4.- La recolección de las pruebas deben ser realizadas por la policía científica y los miembros del inacif, quienes son los peritos calificado para ello;

5.-Deben de embalarse todas las pruebas de manera detallada para  que no exista alteración en el transcurso del proceso;

6.- Transportar las pruebas recolectada al departamento de evidencias de la fiscalía para que esta no sufran alteración y la misma no sean tocadas por personas ajenas a la fiscalía;

7.- Entregar las valijas con las pruebas que se recolectaron al director de evidencias de la fiscalía, ya que este es el único funcionario con calidad para cuidar y custodiar las evidencias.

El fiscal, además, puede en el lugar de los hechos, debe de buscar otros rastros o elementos de pruebas que guarden relación con los hechos, como lo es examinar e identificar el cadáver de la persona lo cual será de gran ayuda para resolver la identidad del mismo, procediendo al examen del mismo extrayendo de este huellas digitales, el ADN, casquillo de balas revolver, para más luego determinar las causas reales de la muerte.

Registro de Personas, lugares o cosas.

El artículo 175, del Código Procesal Penal, señala que: “Los funcionarios del ministerio público o la policía pueden realizar registros de personas, lugares o cosas, cuando razonablemente  existan motivos que motiva suponer la existencia de elementos de prueba útiles para la investigación o el ocultamiento del imputado, de conformidad a las normas y previsiones de este código”:  .

También, el articulo 176, de dicho instrumento legal dice, registro de personas: “antes de proceder al registro personal el funcionario actuante  debe advertir a la persona sobre la sospecha de que entre sus ropas o pertenencias oculta un objeto relacionado con el hecho punible, invitándole a exhibirlo.   Los registros de personas se practican separadamente, respetando el pudor y dignidad de las personas, y en caso, por una de su mismo sexo”.

El registro de personas se hace constar en acta levantada al efecto, que debe incluir el cumplimiento de la advertencia  previa sobre el objeto buscado, la firma del registrado, y si se rehúsa a hacerlo, se hace mención de esta circunstancia.   En estas condiciones, el acta puede ser incorporada al juicio por su lectura.  Estas normas se aplican al registro de vehículo.

Examen Corporal.

En el proceso de un examen corporal, el cual es solicitado y llevado a cabo por el ministerio público, con el cual este pretende en la investigación criminal determinar el vínculo del imputado con el hecho debe ser solicitárselo al juez de la juez de la instrucción, como lo establece el artículo 99, del Código Procesal Penal, quien si entiende de lugar autoriza dicho examen corporal, ya que con el mismo este funcionario  judicial lo que busca es evitar que se violen derechos fundamentales.

Prueba Pericial.

Eugenio Florián, sostiene que: “La pericia en el medio particularmente empelado para transmitir y aportar al proceso nociones técnicas y objetos de prueba, para cuya determinación y adquisición se requieren conocimientos especiales y capacidad técnica”. [8]

Nuestro Código Procesal Penal en su artículo 204,  dice que: “Puede ordenarse un peritaje cuando, para descubrí o valorar un elemento de prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.  La prueba debe ser práctica da por expertos imparciales, objetivos e independientes”.

Características del peritaje:

El peritaje está sometido a ciertos requisitos y de la calidad del sujeto dependerá el destino final del proceso, ya que su declaración va a versar  sobre la recolección de las pruebas, documentación, la forma que se obtuvo la misa, y el vínculo que tienen esta con el imputado.

La diferencia que hay entre un testigo un perito, es que este último es un técnico en el conocimiento en el curso de los hechos y de la forma que ocurrió el mismo, todo en base a lo que señalan los articulo 207 y 287, del Código Procesal Penal, por lo que entre las características del peritaje esta las siguientes:

1.- El fiscal la solicita en la etapa preparatoria del procesal, la cual debe ser ordenada por el juez de la instrucción;

2.- Cuando es autorizado por un juez  a través de un mandato judicial;

3.- El peritaje tiene un alcance limitado, es decir, que la persona que sea acreditada como perito solamente deber emitir su opinión específica sobre el caso;

4.- El perito no tiene decisión, es decir, que el juez tiene un poder discrecional de acoger o no lo que dicho el mismo;

5.- Es goza de independencia, es decir, que su puede forjar una opinión en torno al caso.

Registro o Protocolo de informes del Fiscal.

El fiscal en el proceso de la  investigación criminal, en su calidad de Director de la investigación, le puede requerir a cualquier persona, institución pública o privada, cualquier documento o elemento probatorio, con todas y cada una de las garantías que le acuerda el artículo 285 del  Código Procesal Penal, diligencia está que dicho funcionario deberá incluir en la carpeta fiscal.

Las diligencias que realiza el fiscal buscan como finalidad la protección  efectiva de los derechos de las personas humana y el mantenimiento de la privacidad en la investigación contra quien está dirigida la misma.

La Escena del Crimen.  Definición.

La Escena del crimen, “es el espacio donde hallen elementos materiales probatorios y evidencias fiscas y que los mismos tengan relación con el hecho en averiguación, sea  este mueble, inmueble, el cual puede ocurrir en un espacio abierto, cerrado, en una nave o en una aeronave”.

También, es podemos decir, que una Escena del crimen, es donde se ha cometido un homicidio, suicidio, asesinato, una violación o un robo por uno o varios sujetos los cuales han lesionado el interés de una persona  de la sociedad en su conjunto.

Tipos de Escena del Crimen.

Las clases  y tipos de lugares donde existe una Escena del Crimen son:

1.- La Escena del Crimen es abierta: “Cuando se ha producido en espacio abierto, y que el mismo no cuenta con protección, el mismo lo podemos ubicar en un solar, llanura, polvo, parque, en un jardín y en la calle; en esta escena hay que tener mucho cuidado ya que los elementos probatorios se pueden deteriorar y contaminar con mucha facilidad”.

2.-La Escena del Crimen es  Cerrada: “Es cuando todo aquello que se encuentra en el lugar cuenta con   algún tipo de protección de los factores ambientales, como los inmuebles, es decir, una bodega, centros comerciales, almacén, cafetería, colmado, tiendas, fabrica”.

3.- La Escena del Crimen es Mixta: Cuando en el lugar de los hechos está formado por dos o más lugares, para el caso de inmuebles, vehículos, y la vía publica, el cual está relacionado  en un solo caso, el lugar de los hechos mixto es la composición de los diferentes  clases de lugares de los hechos que existen”.

4.- La Escena del Crimen es Móvil: “Cuando el espacio la virtud  de estar en momento a la hora de la comisión de ilícito, lo podemos ver en los vehículos, avión, jeepeta, motor.   En este el sujeto que lo realiza puede trasladarse de un lugar a otro, sin importar el mecanismo que se emplee para lograr su objetivo”.

5.- La Escena del Crimen es de Liberación: “Cuando el autor del hecho procede a dejar abandonado todos y cada uno de las evidencias que forman parte del crimen, es decir, las pruebas del hecho”.

Recolección de las Pruebas en la Escena del Crimen.

En la recolección de las pruebas en la escena del crimen, el fiscal debe de realizar con un estricto apego a los protocolos y los procedimientos que establece la norma y la Constitución, ya que de la eficiencia y del buen manejo de la misma dependerá el resultado final del proceso.

El Ministerio Publico a cargo de la investigación en todo momento debe de respetar los derechos fundamentales del o las personas que están bajo la investigación de este, ya que una mala recolección de las pruebas y la violación a principios fundamentales, acarrea como lo establece el artículo 167, del Código Procesal Penal la exclusión de las pruebas y en consecuencia su nulidad absoluto en el proceso.

Recolección de  indicios por parte del Ministerio Publico y sus   Auxiliares  en la Escena del Crimen.

Una vez en el lugar de los hechos  El Ministerio Publico y sus Auxiliares deben de proceder a localizar en la escena del crimen, los indicios, palabra que proviene del latín “indicium”,  significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de esa, muestra o indicio,  la misma ha sido integrada desde tiempo atrás para el orden principalmente penal, y en el orden técnico de la investigación Criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia material o sensible significativo.”[9]

En termino criminalistico, los indicios, “son todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho.”

Es decir,  “es toda la evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio de las base científicas para encaminar  con buenos principios toda investigación, y lograr fundamentalmente:”

1.- La identificación del o los autores,

2.- Las pruebas de la comisión del hecho,

3.- La  reconstrucción del mecanismo del hecho.

Para la recolección de los indicios, es indispensable que exista un equipo preparado para el mismo, con experiencias,  en vista de que hay crímenes en los cuales se necesita verdadero investigadores para esclarecer un crimen, entre el autor, la víctima y el lugar donde ocurrió el hecho.

Al iniciar la búsqueda de indicios, si el sitio es abierto se debe dirigir la vista hacia el centro sin dejar ningún área, de forma espiral hasta llegar al centro de los hechos y si es cerrado hay que comenzar de forma paralela de parad en pared, ya que a veces se pueden presentar eventos ajenos a la escena del crimen en la recolección de los indicios.

Indicios más  frecuentes en el lugar de los hechos.

Los indicios más frecuentes en el lugar de los hechos y que generalmente están asociados a ilícito consumados, son los siguientes:

1.- Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas,

2.- Huellas de sangre, con característica dinámica, estática, apoyo, embarradura,

3.- Huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzadas, positivas, negativas e invisibles,

4.- Huellas de pisadas de animales, positivas, negativas e invisibles,

5.- Huellas de neumáticos, por aceleración, rodada y frenamiento  o desplazamiento, pueden ser positivas o negativas,

6.- Huellas de herramientas, principalmente en robos, en puertas, ventanas, cajones de escritorios, cajas fuertes, chapas, cerraduras, picaportes,

7.-Otro tipo de fracturase, en autos por colisiones, volcaduras o atropellamiento, también en objetos diversos por impactos  o contusiones,

8.- Huellas de rasgaduras, descoseduras y desabotonduras, en ropas,  pueden indicar defensa, forcejeo o lucha,

9.-Huellas de labios pintados sobre papel klennex, ropas, tazas, cigarrillos, papel,

10.- Huellas de dientes y uñas, conocidas como mordidas o estigmas ungueales de lavandería y sastrería en ropas, son de utilidad para identificar su procedencia y probablemente la identidad de desconocidos,

11.- Etiqueta de lavandería y sastrería en ropas, son de utilidad para identificar su procedencia y probablemente la identidad  de desconocidos,

12.- Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacente a la escrita, recados póstumos o anónimos, amenazas escritas  o denuncias,

13.- Armas de fuego, armas blancas, balas, casquillos, huellas de impactos, orificio por proyectil, rastros de sangre, macheas de sustancias,

14.- Pelos humanos o de animal, o sintéticos, libras de tela, fragmentos de ropas, polvos diversos, cenizas, cosméticos,

15.- Orificios en ropas y piel humana, huellas de quemaduras por  flamazos o fogonazos, tatuajes o quemaduras de pólvora por deflagraciones, huellas de ahumamientos, esquirlas,

16.- Instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzo-cortantes, punzo-contundentes, corto-contundentes, en hechos consumados con armas blancas,

17.- Huellas de cemento ara pegar suela  u objetos diversos, inhalantes-volátiles, ,manchas de pintura, grasa, aceite, costras de pintura, manchas de dissel, huellas de arrastramiento, huellas de impacto, acumulaciones de tierra, fragmentos de accesorios, residuos de mariguana, tóxicos, sedimentos medicamentos, musculaciones  diversas,

18.- Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, arena, lodo, tierra.”[10]

Sostiene, Juventino Montiel Sosa, que: “Las evidencias físicas  indicios, proceden primordialmente  de las siguientes fuentes: a.- del lugar de los hechos, b.- de la víctima, y c.- del presunto responsable o autor y sus ambientes.   Todos ellos son de imperativa utilidad en la investigación de los delitos, y no se debe olvidar que atendiendo a su naturaleza física se clasifican en determinables e indeterminables, y  atendiendo su relación con el hecho, se clasifican en asociativos y no asociativos.  Por Orta, a través de la experiencia que adquiera el policialito  criminalista, reunirá conocimientos suficientes para saber identificar las evidencias físicas propias de cada uno de los hechos en sus diversas modalidades, fundamentalmente las que se utilizan y producen ante facto, in facto y post factum.

Las evidencias materiales relacionadas con un hecho, siempre deben ser suministradas como elementos de prueba por los funcionarios autorizados, y debe tener cuidado de que dichos indicios queden registrados específicamente en las diligencias, con objeto de evitar su manejo inadecuado.”[11]

La Cadena de Custodia. Definición e importancia.

La Cadena de Custodia, son: “Los rastros material o físico, los restos de materiales o sustancias, rastros, objetos, armas, relacionadas con un delito y de cuya existencia, análisis científico, característica o condiciones particulares, o relacionadas con otros, se infieren con conclusiones  que corroboran el hecho o ayudan a explicarlo”.  [12]

Hay que señalar que la importancia que tiene el manejo y la custodia en la cadena de custodia es esencial en el proceso penal, ya que de una buena, segura y confiable cadena de custodia los resultados no van a variar, si el  Ministerio Publico cumple con el protocolo del mismo y la persona encargada de su preservación al momento de recibir al evidencias. [13]

En la recolección, transporte y custodia de los objetos que han sido obtenidos por el Ministerio Publico, juegan un papel fundamental el cuidado de la misma, como lo establece el artículo 186 del Código Procesal Penal.

Bibliografia

[1] .- Castellano E., Víctor., Concepto del Derecho Procesal Penal, Comisionado de Apoyo a la Reforma de la Justicia, año 1999, Pagina 12.

[2] .-  Obra Citada, pagina 23.

[3] .- Biaggi L, Juan A.,  Un Siglo de Jurisprudencia, años 1909-2009, Sentencia comentada, año 2012.

[4] .- Código Procesal de la Republica Dominicana,  Finjus,  año 2004, Página 103.

[5] .- Moras M., Jorge R., Manuel de  Derecho Procesal  Penal, Juicio Oral y Público Penal, año 2004,

Páginas 46- 52.

[6] .- Código Procesal Penal de la Republica Dominicana,  Finjus, año 2004.

[7] .- Pellerano G., Juan M., Derecho Procesal Penal, año 2005, Pagina 88.

[8] .- Florián, Eugenio., De Las Pruebas Penales, tomo III, Pagina 351.

[9] .- Montiel S., Juventino, Manual de Criminalística, tomo I, año 1994, Pagina 47.

[10] .- Montiel S. Juventino, Obra Citada, Pagina 53-54.

[11] .- Montiel S, Juventino,  Obra Citada, Pagina 54-55.

[12] .- Libro sobre Gestión de Fiscalía, año 2006, Pagina 315.

[13] .- Libro sobre Gestión de Fiscalía, año 2006, Pagina 315.