RECOLECCIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Antecedentes históricos del Derecho Dominicano

La historia del Derecho en la República Dominicana se inicia el día 03 de Agosto del año 1492, es decir, desde de la época del descubrimiento hasta el 12 de Octubre del año 1492 cuando Cristóbal Colon piso tierra en la isla de Santo Domingo.

Wenceslao Vega, admite que la historia en lo que: “es hoy la República Dominicana tiene dos etapas evidentes.  La primera de ellas coincide con los periodos en que Santo Domingo fue una colonia de España y Francia, y concluye en 1821 cuando se cortaron los lazos de dependencia con la metrópoli europea”.

“Este periodo, al que podemos llamar el Derecho Colonial, comprende la primera parte de esta y el segundo periodo abarca los periodos entre 1822 y 1930”. Los periodos netamente dominicanos abarca el trayecto desde el 1822 hasta el 1844 y el otro es el que comprende el año 1916 al 1924, donde nuestra país fue ocupado por los Estados Unidos de Norteamérica.

Colon descubrió América en lo que es hoy llámanos España, estaba dividida en varios reinos, en lo que ocurrieron grandes transformaciones  en todos los órdenes, incluso en su Derecho.    La península ibérica primitiva había estado poblada por los celtas y los iberos, siendo luego conquistada por los romanos, quienes impusieron sus instituciones jurídicas, su lengua y su organización política.

Al producirse el casamiento de Fernando, cuando este Rey de Aragón con la Reina Isabel de Castilla, esto produjo una unificación de sus  Reino, es decir, que ambos permanecieron  con sus instituciones sin variar, si no que esto se consumó    cuando Carlos el nieto de ambos asumió el poder en al año 1516.

Las instituciones y el saber Jurídico que llegaron a nuestra isla fue el castellano, por lo que el derecho que se aplicó y se expandió por toda la isla fue el del Reino de Castilla, el cual presidia en ese momento La Reina Isabel de Castilla.

El poder que ostentaba  hasta ese momento La Reina Isabel de Castilla era muy fuerte, como también su Reinado y las instituciones que lo sustentaban, lo cual provoco la unificación política, religiosa y jurídica en Nuevo Mundo.

Con el control político, jurídico y religioso,  que la Reina Isabel de Castilla concentro, procedió a eliminar todas las instituciones que existían, por lo que en las distintas regiones, municipios y villas los incúmbanles fueron designados directamente por ella desde  España.

La trasformación de las instituciones jurídicas, fue un gran logro en la isla para esa ocasión, en vista que la misma estaban en franca decadencia y la Reina Isabel de Castilla dio un gran paso de avance al crear en al año 1494 lo que se  llamó Reales Chancillerías, que no era más que las Cortes de Apelación donde llegaban los casos y litigios de la isla.

Pero, que también esta unificación afecto Jurisdicciones especiales, como la de los nobles, eclesiásticos, gremios, órdenes militares entre otros, el cual mermo la unidad Jurídica en la isla.

Al momento del descubrimiento, el reino de Castilla es el primer Estado-Nación de la Europa moderna, la cual contaba con una administración política, fiscal, judicial y religiosa muy sólida.

Wenceslao Vega, sostiene que: “La historia del primer derecho de la isla Española es la historia de una constante pugna entre la buena intención y el marcado paternalismo de los Reyes de España para con sus nuevas tierras y súbditos, frente a la ambición, la autonomía y las ideas féudales que quisieron implantar-por no decir revivir-los colonizadores.  El feudalismo, en vía de desintegración en España como régimen Jurídico y económico, intento resurgir en las tienes vírgenes de Quisqueya y sobre los hombres de su inocente raza aborigen”.

En el año 1260, fue promulgada por Alfonso X el Sabio, el Código de las Siete Partidas, el cual estableció la preeminencia en castilla del derecho romano-general y nacional, implantándose así con el mismo los usos, costumbres en la isla y más luego en el año 1480 aparece un conjunto de leyes a las cuales se les llamo Ordenanzas Reales de Castilla tres siglos después aparecen los Códigos Napoleónicas del cual provine nuestro Derecho Dominicano.

El primer documento jurídico que existió en nuestra isla fue al contrato celebrado entre Cristóbal Colon y los Reyes Católicos, llamado Las Capitulaciones, el cual fue firmado en el año 1492; contrato este que le dio a Cristóbal Colon podres extraordinarios sobre todo lo que él iba a descubrir en su viaje.

Con la llega a la isla en el año 1501 del Nicolás de Ovando se inician los primeros experimento Jurídicos en la isla, los cuales reglamentaron la economía, la religión, el comercio y la vida política de los aborígenes y la de los colonizadores que se encontraban en la isla desde de que Cristóbal Colon piso tierra en esta isla caribeña.

La presencia de Nicolás de Ovando trajo consigo la creación del primer régimen municipal, jurídico y sobre todo varias leyes a favor de los aborígenes, como lo son las Leyes de Burgos del año 1512 y las Leyes Nuevas del año 1524, misma, que se convirtieron en verdaderas armas de defensa en materia de las garantías a en provecho de los indios.

Desde el año 1493 hasta el año 1801, el sistema Jurídico en la República Dominicana estuvo vigente o regido por las leyes de España y más luego el 22 de Julio del año 1789, Francia y España firman el tratado e Basilea, mediante el cual esta ultimo le cedió a Francia la parte Española de la isla de Santo Domingo; derechos estos que Francia no usufructuó porque estaba en guerra con los Ingleses, ocasión esta que aprovecho el General Toussaint Louveture en el año 1801 para ocupar la isla de Santo Domingo, misma, que a pesar de sus intenciones fue breve, ya que la tuvo que abandonar en el año 1802, no obstante, en ese lapso de ocupación se implementó la igualdad de los negros en el ámbito jurídico en toda la isla.

Un tránsito importante en nuestro Derecho es el que abarca desde el año 1809 hasta el año 1821, el cual es conocido como la España Boba, la cual se origina con la salida de las tropas Francesa de la isla; este trance para los Dominicano que vivían en la isla está plasmado de mucha convulsiones entre  Francia y España en términos políticos, no sin antes decir, que durante esos años se proclamó en el año 1812 la Constitución de Cádiz, la cual revoluciono las instituciones de la isla, ya que esta estaba sustentada en los ideales liberales de  la época que se producían en toda Europa.

La historia del Derecho Dominicano, tiene una etapa interesante y es la que inicia en el año 1822 hasta el 1844, llamada ocupación Haitiana,  la cual comprende los siglos Coloniales de la República.   Hay que apuntar que con la ocupación Haitiana se establece en la isla un ordenamiento Jurídico diferente  con el que existía hasta ese momento en la República Dominicana, ocupación esta que concluye en el 27 de Febrero del año 1844, estableciendo los Dominicanos una Constitución en la cual estos proclamaban su independencia  en todos los órdenes con el pueblo de Haití y en especial en el ámbito Jurídico,  dándole al pueblo una nueva estructura Jurídica.

Los años 1861 y 1865, es anexada la isla a España, la cual duro breve tiempo y en el lapso de este las instituciones Jurídicas estaban regidas por dos  legislaciones: La Española y la Dominicana, normas estas que no afectaron la vida Jurídica de la isla, ya que el quehacer legislativo se practicaba de formal dual entre los sujetos que eran titulares de derechos y obligaciones, no obstante, hay que señalar que  en fecha 07 de Octubre del año 1861, la Reina Isabel II, emitió un decreto en el cual entraron en vigencia los Códigos Civil, y el Código Napoleónico Francés los cuales se aplicaron de manera provisional en  toda la isla.

La República Dominicana en el año 1865, se oxígeno al absolver aires independentistas con la llamada Guerra de la Restauración.   Cabe destacar que en lo que es rica nuestra cultura jurídica es en lo referente al ámbito de la Justicia Constitucional donde esta se ha modificado en varios ocasiones por puro capricho o por interés del gobernante de turno, no ha así con lo que se refiere al ámbito de nuestra normativa Procesal Penal, la cual tuvo que espera más de cien años para que la misma sea adecuada a los nuevos tiempos dándole así la nuestra sociedad un verdadero instrumento que jurídico cuyo norte es el respeto a la dignidad de las personas en un Estado Democrático de Derecho  de cara al siglo XXI.

Bosquejo histórico de la Legislación Procesal Penal en la República Dominicana.

La historia de la legislación Procesal Penal en la República Dominicana esta cimentada en el respeto a la norma de convivencia en un  verdadero Estado de Derecho, misma que debe estar presente en la aplicación de sus leyes y, que además, sirvan de fundamento a los Procesos Penales, Constitucionales y Procesal Penal cuya dirección es que se reflejen en una verdadera impartición de Justicia a través de los actores del sistema.

De lo anterior hay que señalar que esta impartición de  Justicia debe estar canalizada a través de un juicio oral, público y contradictorio ante un juez imparcial, sustentado en el debido respeto al proceso a favor de cualquier ciudadano a quien se le imputa un hecho  por medio del acusador público: El Ministerio Publico.

En la transición histórica de la legislación Procesal Penal, se ha nutrido para que germine y florezca a favor de los ciudadanos  en la vida judicial con otros países Convenios y Tratados Internacionales, fortaleciendo así estos los principios en el respeto a las garantías individuales, que sin lugar a equivocación robustecen el respeto a los Derechos Humanos en la aplicación e impartición de la Justicia por parte de los Jueces.

La República Dominicana al igual que otros países de América Latina  desde hace varios años se insertado en la adecuación, transformación y puesta en vigencia de nuevas normas, dejando atrás el sistema autoritario que funcionaba en el país, con lo cual nosotros pasamos de un sistema inquisitivo  a un sistema adversarial el cual afianzo nuestro sistema de Justicia el cual estaba anquilosado.

Adopción del Código de Procedimiento Criminal.

Fue la fragilidad  institucional la que hizo posible el surgimiento en la República Dominicana, que los Constituyentes que estaban reunidos en San Cristóbal el día 6 de noviembre del año 1844 optaran por dejar intacta las leyes que existían y en especial en la organización Judicial que prevalecía en el país.

La adopción de nuestros Códigos es un reflejo  del Código de Instrucción Criminal del año 1808, el cual es llamado Código Napoleónico, mismo que empezó a regir a partir del año 1816 y 1832 y sus sucesivas modificaciones.

El 04 de julio del  año 1845 la República   Dominicana adopto los Códigos Franceses, en su idioma original y los cuales en sus inicios al entrar en vigencia en nuestro país confrontaron dificultades, ya que estos eran de régimen mixtos, es decir, inquisitorio, cuya sustento en su aplicación era secreto, no contradictorio y sin ningún formalismo en su aplicación al sujeto al cual se le imputa un hecho.

El modelo inquisitivo como figura estelar al Juez de Instrucción el cual en este sistema concentraba una amalgama de poderes discrecionales en el proceso penal, como era la facultad de citar, interrogar, recibir querella por vía directa, allanar, secuestrar documentos y objetos en la investigación, imponer multas, ordenar prisión provisional, ordenar conducencia y en especial la de ordenar el libre tránsito de los ciudadanos sin ningún formalismo.

Sostienen, Maier y Binder,  “Una misma persona se transforma en un investigador eficiente y al mismo tiempo, en un guardián celoso de la seguridad individual; el buen inquisidor mata al buen juez o, por el contario, el buen juez destierra al inquisidor”.

Antecedentes históricos del Código Procesal Penal.

Plantean las magistradas Esther E. Agelan Casasnovas y Sarah Veras A., que: “Los procesos de reforma en materia procesal penal en países tales como: Costa Rica, República Dominicana, Chile Honduras, entre otros Estados Latinoamericanos tienen un origen común: el Código Procesal Tipo o Modelo para Iberoamérica.   El ideólogo de esta normativa modelo fue el eminente jurista Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quien llego al continente americano como exiliado de España en la época de Franco y quien fue el primer presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal, organización no gubernamental, formada  por procesalista de Latinoamérica, España y Portugal, dedicado al estudio del derecho procesal penal, con el objetivo de fomentar la unificación legislativa a nivel iberoamericano, cuyos estatutos fueron aprobados en las primera  jornadas latinoamericana de derecho procesal en el año 1957”[6].

En cuanto a los  orígenes del Código Procesal Penal de la República Dominicana hay que vincularlo a los diferentes foros que celebraron en el país desde el año 1997 en  la cual participaron jueces, juristas, fiscales, defensores públicos, dirigentes  comunitarios, las iglesias católicas y la evangélica y la sociedad civil que fue la que más abogo por la reforma del mismo, esfuerzos estos que culminaron con la entrada en vigencia el 27 de Septiembre del año 2004 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, en el cual se doto a nuestro país de una nueva norma creando con la misma una verdadera transformación en la vida jurídica y en la administración de justicia.

La finalidad del Código Procesal Penal era aglutinar en una sola norma los principios, tratados, convenios internacionales para que lo mismo coincida con la Constitución de materia de garantías individuales y colectivas en el sistema penal; incorporando así en  sus articulados mecanismos expeditos para su fiel cumplimiento aplicar el mismo.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, nuestro país paso de un sistema inquisitorio a un sistema puramente acusatorio, el cual tiene como vasos comunicantes el respeto a las garantías de los ciudadanos y un afianzamiento al respeto de la dignidad de las personas, dejando atrás con dicha adecuación el legado de arbitrariedades que nos regia y en especial para transparentar la justicia y eliminar el foco de impunidad que nos persigue desde hace décadas en materia de justicia.

Aspectos relevantes en la recolección de las Pruebas en el Código

Procesal Penal con relación al Código de Procedimiento Criminal.

Con el nuevo  Código Procesal Penal, sin lugar a dudad hay una eficiencia en la recolección de las pruebas, mismo que eficientiza la administración de justicia cuya finalidad es dar respuesta oportuna a la sociedad cuando se ha cometido un ilícito que afecte el orden público y las buenas costumbres.

De los anterior esto se comprueba en la rapidez y la diligencia en los asuntos judiciales, en efectividad real y en el grado de preparación en los jueces, si no en todo los actores del sistema de justicia penal.

En el modelo inquisitivo en la recolección de las pruebas no estaba sujeto a ningún trámite o nulidad, el juez concentraba en si todo las funciones, contrario al modelo acusatorio, donde existe la separación de funciones entre los fiscales, victimas y  defensores, donde el juez en el mismo tiene un papel de imparcial y de garante de los derechos de las parte cuando están en el proceso penal.

La historia ha demostrado que los pueblos han adquirido y determinado varias formas del proceso penal, las cuales se han adecuado a las circunstancias económicas, sociales y políticas de estos, de donde han surgido tres sistema procesales básicos, siendo el inquisitivo, el acusatorio y el mixto, cada uno de ellos con funciones y naturaleza distintas en su aplicación.

Cabe apuntar que del estudio de los sistemas procesales en los diferentes países, tenemos que ver su origen y las transformaciones que han surgido.

El sistema inquisitivo tiene su origen en roma y su denominación  provine del vocablo inquisitivo.   Después de varios años de vigencia este cede al acusatorio el cual deriva de las nuevas ideas políticas, sociales y de las necesidades de adecuar el derecho a los usos y costumbres de los tiempos modernos.

La tendencia inquisitiva se caracteriza porque el acusador se convierte en un simple denunciante después de una investigación secreta: el juzgador toma una participación activa en todo el proceso e interviene de oficio; desaparece el jurado y en su lugar se establecen jueces que obran como delegados del emperador, ya que este tuvo su apogeo en la edad media.

El proceso inquisitivo es cruel y viola las garantías individuales. Este sistema establece la forma escrita, la prueba legal y tasada, la secretividad y tiende a que las funciones procesales de acusación, defensa y decisión se concentren en el juzgador.

Hay que admitir que el proceso penal inquisitivo en la etapa medieval se torna lento e ineficaz.   El imputado se convierte en un objeto y deja la condición de parte.   Pero, el más nefasto,  es que daba lugar y a los integrantes de las clases sociales altas se les impusiera penas leves.   El proceso penal empezó a tomar un carácter político y de defensa de la clase dominante.

En este sistema inquisitivo el juez es el mismo sujeto que investiga y dirige, acusa y juzga; la acusación la puede ejercer indistintamente el procurador o cualquier persona; la denuncia es secreta, es un procedimiento escrito, secreto, y no contradictorio en el que impera con relación a la valoración de la prueba en sistema legal o tasado.

Características del sistema inquisitorio:

a).-El procedimiento se inicia de oficio, es de naturaleza escrita y secreta, admitiéndose incluso  para iniciar la denuncia anónima lo que resuelve la falta de acusador;

b).- La justicia penal pierde el carácter de justicia popular para convertirse en justicia estatal;

c).-Con respecto a la prueba, el jugador elegía a su criterio las más conveniente, prevaleciendo el uso del tormento, el cual era utilizado comúnmente para obtener la confesión del acusado que era la  pieza fundamental y en ocasión las de los testigos, las pruebas eran valorizados a través del sistema de prueba legal o tasada;

d).- El sistema es objeto de muchas críticas, puesto que veda los derechos y garantías mínimas del imputados, que como todo ser humano, tienen derechos mínimos que deban observarse dentro de cualquier ordenamiento jurídico, tales como el derecho de defensa y publicidad;

e).-  El derecho de defensa es nulo y la poca que hay o se permite es realizada  por el propio juez con el fin de demostrar su bondad ante el propio acusado; es más el derecho de acusación, de defensa y de decisión están concentrado en el juez;

f).- En este sistema no se dan los sujetos procesales; el procesado no es tomado como sujeto de la relación procesal penal, sino como objeto del mismo;

g).- Es un sistema unilateral, ósea, de un juez con actividad uniforme opuesto al sistema acusatorio que es un sistema de parte.

El  sistema acusatorio:

Es el más antiguo, tiene su origen en la antigua Grecia y fue perfeccionado en Roma.   Proviene del vocablo ACUSATIO.   En el devenir histórico es el que se manifiesta en `primer lugar y así haciendo referencia al procedimiento seguido  por los atenienses, en el que con las limitaciones debida o las ideas políticas y sociales de la época, encontramos el principio de la acusación popular mediante el cual todo ciudadano libre facultado para ejercer la acción penal de los delitos públicos ante el senado o la Asamblea del Pueblo.

El acusado debe ofrecer las pruebas y el imputado podía solicitar un término para su  defensa, no obstante está autorizada la tortura.   El debate era público y oral.   El sistema acusatorio puro se encuentra establecido en Inglaterra, para que desde que lo instauro, no se ha interrumpido su aplicación, por otra clase de proceso.  En dicho país donde se establece el Gran Jurado.   Este sistema es instaurado por los ingleses en los Estados Unidos de Norteamérica.

Los antecedentes del Sistema Acusatorio se remontan al Derecho Romano, específicamente en la época de Dioclesiano, por el poder absorbente del emperador que hacía las veces de juez, alcanzo su mayor esplendo en la edad media en donde el delito se convierte en un pecado y por lo tanto, la confesión del reo adquiere una importancia fundamental; este sistema fue adoptado rápidamente en la generalidad de los países europeos.

Las funciones de acusación, de defensa y de decisión están en manos de una sola persona que es el juez.   Es un sistema escrito en todos los actos procesales, incluyendo la prueba y la defensa, niega la publicidad de los actos realizados, otorgando una publicidad limitada a las partes.

Los actos procesales no se cumplen en forma continua y como estos son escrito, la decisión final la puede dictar cualquier juez, anqué no haya participado activamente en ninguna actividad procesal.   El juez dispone de amplios poderes de investigación para dirigir el proceso, recabando todas las pruebas.

Características del sistema acusatorio:

a).-En este sistema los principios de publicidad, oralidad y contradicción imperan, además, los principios de igualdad, moralidad concentración de todos los actos   procesales;

b).-El `proceso penal se inicia a instancia de parte, dándole vida a las acción popular, ya que da derecho de acusar, no solo a la víctima, sino a cualquier ciudadano;

c).-Las pruebas son propuestas y aportadas por las partes y la valoración la efectúa el juzgador de acuerdo al principio de libre valoración de la prueba conocido como sana critica;

d).-La funciones procesales fundamentales están separadas: El juez únicamente es el mediador durante el proceso penal, ya que se limita a presidir y encara los debates;

El sistema acusador se caracteriza por lo siguiente: El juez no puede proceder más que a instancia de parte; el juez no debe conocer más de lo que pidan las partes, no hay juez sin actor, el juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes.

El sistema acusatorio ha sido adoptado por países como Estados Unidos, Puerto Rico, México, además, por varios países  Europeos y para su efectiva aplicación se requiere de un buen equilibrio, no solo cultural, sino social y sobre todo político, en vista de que su desarrollo y eficacia en una sociedad dependen en gran medida de que se cumpla con el valor en un verdadero Estado democrático de Justicia.

Sistema mixto:

Es un proceso intermedio entre los sistemas procesales inquisitivo y acusatorio, donde en ellos se mantiene la secretividad y en la otra la publicidad al recibir la prueba y presentar las partes sus alegatos.

La combinación del sistema inquisitivo y acusatorio fue ideado por los franceses y de ahí varios países aplicaron formulas idénticas, como  Costa Rica y Argentina por eso se caracteriza La funciones procesales fundamentales están separadas: El juez únicamente es el mediador durante el proceso penal, ya que se limita a presidir y encara los debates;

Dice Carlos Castellano, que: “El sistema mixto ha nacido de una inspiración o mejor dicho, de una necesidad: Esta es la de  conciliar hasta donde sea posible los dos principios fundamentales del sistema acusatorio e inquisitorio; es decir, el interés individual del procesado y el de la sociedad, como ofendida, considerada con facultad de buscar la manera de que no se sacrifique un principio en favor de otro.   Por esa causa es que dentro del sistema procesal mixto, se combinan los caracteres del acusatorio y del inquisitivo para garantizar de ese modo en forma equitativa, los derechos de la acusación y la defensa”.

 Con la revolución Francesa, aborda Francia el sistema tradicional establecido por la ordenanza de Luis XIV, y adopta el sistema acusatorio anglosajón, el cual duro poco..

En el año 1808, sale a la luz pública el Código de Instrucción Criminal, que perfecciona un sistema mixto, que es el que ha servido de modelo a la mayor parte de los Coditos Modernos.

La otra fase de este sistema e oral, y público, con garantía del contradictorio entre las partes frente al juez; pasando dicho momento a su final por la fase de la acusación; el Fiscal interviene como único acusador y el ofendido solamente tiene el ejercicio de la acción civil.

Características:

a).-Es una combinación del sistema inquisitivo que  aporta la fase de instrucción y del sistema acusatorio, que aporta la fase del juicio denominado también plenario o decisorio;

b).-Su principal objetivo es equilibrar los intereses del individuo con los interés de la sociedad;

c).-En  la etapa de instrucción la secretividad, la brevedad o su sumario de la investigación sin contradictorio.   En la fase del juicio por su parte predomina la oralidad, la publicidad, la inmediación y la economía procesal;

d).-La prueba es de libre valoración por el juzgador, lo que se conoce  como sana critica, o lo que el actual Código Procesal Penal llama Sana Crítica Razonada;

e).-El tribunal no interviene en la instrucción del proceso y puede ser unipersonal, juzgado, o colegiado, tribunal.

El  juicio oral, público y contradictorio, contiene y se presenta como el mecanismo más práctico para logar la reproducción lógica del hecho delictuoso; como el más eficiente ora descubrir la verdad; como es el más idóneo para que el juez forme su correcto  y maduro conocimiento, como el más capaz de excluir el árbitro judicial y dar a las partes oportunidad para defender su interés, como el que permite al control público de los actos judiciales, que es fuente de rectitud, de ilustración y garantías de justicia; como el que mejor responda a las exigencias Constitucionales.

De lo anterior podemos decir, que los aspectos más relevantes en la recolección de las pruebas con el Código de Procedimiento Criminal y el Código de Procesal  Penal esta:

a).-El principio de legalidad de las pruebas, el cual no estaba contemplado en el Código de Procedimiento Criminal;

b).-Respeto a la norma y a las reglas Constitucionales y en especial el respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso que se le debe seguir a estos;

c).-Se establece el principio de la libertad probatoria, la objetividad y la legalidad de las pruebas como los ejes fundamentales del régimen probatorio;

d).-La inspección de lugares, cosas y personas es rodeada  de suficiente garantía para otorgarles eficacia probatoria.   Los allanamientos y las visitas domiciliarias, así como las interceptaciones de teléfonos y el secuestro de objetos son regulados como los mismos criterios de eficacia y de garantías;

e).-La prueba es de libre valoración por el juzgador, lo que se conoce  como sana critica, o lo que el actual Código Procesal Penal llama Sana Crítica Razonada;

f).-Las partes tienen su rol estelar en el proceso desde sus inicios hasta la culminación del proceso,

g).-Existe lo que es la exclusión probatoria cuando las pruebas no han sido recogidas de conformidad con la norma, la cual en el Código de Procedimiento Criminal no existía la misma.

h).-Se pasó de un sistema de valoración de pruebas, es decir, de un sistema de prueba predeterminado, prueba tasada, es decir, de íntima convicción, hacia un sistema de valoración real y humano acorde con la lógica de los hechos, es decir, sana critica

i).-División del proceso en tres fases, de decir, preparatorio, intermedio y juicio oral.

Actores del Proceso en la Recolección de las Pruebas.

En la investigación criminal la recolección de las pruebas por porte de los actores del sistema tienen un mismo fin: La realización de la Justicia Penal.

El código procesal penal le atribuye al Ministerio Publico y a otros actores del sistema el proceso de la recolección de las pruebas cuando se ha cometido un ilícito penal.

Casimiro A. Varela, sostiene que: “El fin de todo proceso penal es lograr una adecuada solución de los conflictos puestos en juego, ya que en ellos están interesados, no solamente las partes, sino la sociedad toda, ya que esta resulta conmovida cuando la arbitrariedad, la incertidumbre y los errores falseas las justicia, alterándose de tal manera la paz social, finalidad última que debe presidir todo sistema de derecho”.

Continúa señalando dicho autor que: “El descubrimiento de la verdad requiere al decir que la convicción a que arribe el juzgador no implique el juicio por sentimiento o emociones, sino una valoración analítica y cuidadosa de los hechos y de las pruebas.”

Para Jeremías Bentham, la prueba, “es un hecho que se da por  supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho.”

Levene, dice que la prueba, “es un conjunto de actividades destinadas a obtener el coercimiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso.”

Roxin, sostiene que la prueba, “es convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho, de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva.”

Valoración de las pruebas:

“En el debido proceso su objetivo es conseguir la paz social que debe justa y cierta; por lo que el proceso es la relación jurídica en la que las partes deben ser colocadas en situación de hacer valer sus derechos eventuales, pues ambos litigantes tienen derechos al pronunciamiento, habido cuenta que, pendiente esto, aquel presenta dos o más aspiraciones normalmente opuestos y otras tantas expectativas jurídica coincidentes, otorgadas a las partes en servicio de sus respectivas aspiraciones.”

El debido proceso: “Es un conjunto de actos colegidos para el fin común de la actuación de la ley, es decir, se trata de una sucesión de actuaciones que tienen por finalidad poner al juez en aptitud de pronunciarse sobre las pretensiones deducidas.   Claro que todas estas actividades están sujetas a determinadas reglas concernientes a su modo de expresión, su contenido, tiempo, lugar y si siguen en un orden establecido, cuya inobservancia puede desembocar en su nulidad.”

Las  constituciones del siglo XX, tienen como objetivo esencial y como principio garantizar los derechos de las personas y en esencia la dignidad humana.

El respecto a la dignidad humana, está consagrado y avalado  por los tratados internaciones, la declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de que es signataria la Republica Dominicana; por lo que no puede establecerse una sanción sin el debido respecto a los derechos de la persona humana.

Comprobacion inmediata.  Concepto.

La comprobación inmediata:” es el conjunto de actividades jurisdiccionales  que realiza el Ministerio Publico tendente a preservar inalterable el lugar donde ha ocurrido un ilícito penal, con la cual buscar obtener de manera inicial, las evidencias, rastros y evidencias de los elementos de probatorios para el esclarecimiento del hecho”.

Sin lugar a dudas una  de las diligencias  más importante que debe llevar a cabo el Ministerio Publico en la ocurrencia y en el esclarecimiento de hecho es el que tiene que ver con la comprobación inmediata, ya que la presencia este funcionario judicial conjuntamente con sus Auxiliares fortalecen una buena investigación y posteriormente le permitirá a estos obtener en un juicio la condena del o los sujetos a los que se les imputa un hecho.

En esta actuación el Ministerio Público debe realizar todas y cada una de las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y más luego ubicar al responsable del mismo, como lo establece el artículo 88 del Código Procesal Penal.

Dentro de la comprobación inmediata el Ministerio Público debe buscar y verificar lo siguiente:

1.- Si el hecho se ha producido y si tiene un carácter delictuoso,  es decir, si en la actuación del sujeto a quien se le imputa un hecho es reprochable;

2.- Si hay una persona que es responsable del hecho, se debe proceder a su individualización, plasmando en el registro las generales del mismo;

3.- Preservar los rastros materiales del ilícito del cual se ha obtenido  en el lugar, procediendo el Ministerio Publico a adoptar todas y cada una de las medidas adecuadas,  protegerlas  y aislar la misma para que más luego estas no sufran ningún tipo de alteración y puedan  sufrir algún tipo variación ante del juicio.

Estructura de la Comprobación Inmediata:

Las diligencias preliminares en la investigación de la  comisión del ilícito penal por parte del Ministerio Publico están contemplada en el Código Procesal Penal en los artículos 173 al 193, señalando que estos actos procesales son los siguientes:

1.- La inspección del Lugar del Hecho;

2.- Levantamiento e identificación de Cadáver;

3.- Registros de personas, sean estos individual o colectivos, de los lugares, de decir, públicos o privados y de cosas;

4.- Los secuestros de Documentos;

5.- La interceptación de comunicaciones;

6.- Clausura de Locales y aseguramiento de Cosas;

7.- Visitas domiciliarias o allanamientos;

8.- Registro de Vehículo.

Beneficios que obtiene el Ministerio Público en  la Comprobación Inmediata cuando se ha cometido un ilícito Penal:

Toda comprobación inmediata que es realizada por el Ministerio Público y sus Auxiliares deben de  ser  Registrada en un acta destinada a esos fines, es decir,  un protocolo  de todo lo sucedo en la investigación y así preservar los elementos probatorios útiles para el futuro proceso penal y así conducir un expediente diáfano el cual deberá culminar con una condena.

Entre las actas que debe registrar el Ministerio Publico en la Comprobación Inmediata esta;

1.- Acta de Inspección de Lugares;

2.- Acta de Levantamiento de Cadáver;

3.- Acta de secuestro de objetos;

4.- Acta de allanamiento;

5.- Acta de Arresto en Flagrante  Delito,

6.- Acta de registro de personas;

7.- Acta de Arresto en virtud de orden judicial;

8.- Certificación de  Autopsia;

9.- Acta de defunción,

10.- Entrevistas a los testigos.

La comprobación inmediata en el ámbito del Código Procesal Penal.:

En el Código Procesal Penal, la Comprobación Inmediata está rodeada de varios requisitos que se deben cumplir al momento de realizar la misma, tanto, por el Ministerio Público, como por sus Auxiliares, entre estas hay que exponer las siguientes:

1.- El Levantamiento del cadáver debe hacerlo el Ministerio Público y en ausencia de este, en virtud de lo que dice el artículo 174, del Código Procesal lo realizado por  la policía nacional, solo con la autorización del Fiscal;

2.- Al proceder al registro de una persona, la policía debe advertirle la sospecha a dicho ciudadano de que entre sus ropas o pertenencias oculta objetos que guardan relación con el hecho punible, articulo 176 del  Código Procesal Penal;

3.- Cuando la policía va a realizar un registro colectivo de dar noticia al Ministerio Público, si este es parte de esa investigación y contra quien va dirigida, según el artículo 177 del Código Procesal Penal;

4.- El registro de un recinto privado, solo es llevado a cabo  a solicitud del Ministerio Público, quien a través de una orden judicial de un juez procede a realizar un allanamiento, en combinación de los artículos 180 al 183 del Código Procesal Penal;

5.- Si la policía va a realizar un registro de un recinto público, debe hacerlo en presencia de un testigo que  va a comprobar la veracidad de sus actuaciones, artículo 184, del código Procesal Penal;

6.- Al momento del Ministerio Público proceder al secuestro de cosas u objetos debe de solicitar autorización del juez, como lo preceptúan los artículos 187 y 188, del Código Procesal Penal;

7.- Toda interceptación de teléfono por parte del Ministerio Público debe estar avalado con una autorización de un  juez, con una duración de treinta  días y llegado a su término hay que renovar la misma de nuevo, como lo establece el artículo 192, del código Procesal Penal.

La trascendencia probatoria de los actos que realiza el fiscal en la investigación criminal, tiene como objetivo  esclarecer los hechos y en ese mismo escenario recolectar todos y cada uno de los elementos de pruebas útiles que servirán de soporte a la carpeta fiscal, los cuales serán acreditados y posteriormente valorados por el juez de las garantías al momento de  iniciar el juicio.

El artículo 22 del Código Procesal Penal tiene como principio que: “el juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el Ministerio Público actos jurisdiccionales”.

Lo que quiere dejar establecido dicho es que hay una separación de funciones y que los elementos de prueba que le aporta el fiscal juez no deben deben de ser dar aun como prueba hasta que lo mismo no sean validados por el juez, como lo preceptúa el artículo 261 del Código Procesal Penal.

Estos elementos de pruebas que obtiene el fiscal en su investigación solo tendrán valor para fundamentar una acusación, es decir, que si el fiscal tiene intenciones de usar dichos elementos de pruebas debe ser bajo el régimen de la contrariedad  en el tribunal como lo señala el Código.

Bibliográfica

Vega  B., Wenceslao, Historia del Derecho Dominicano, año 1986, página 1.

 

Código Procesal Penal, Finjus,  año  2004, página 27.

Agelan C., Esther  y Veras A., Sarah, Derecho Procesal  Penal en el Sistema Acusatorio Latinoamericano,  año 2008, Pagina 53.

Castellano,  Carlos, Derecho Procesal Guatemalteco, año 1938, página 6.

Valera, Casimiro, Valoración de las Pruebas, año 1998, Página introductoria de la obra.