REGULACIÓN A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Tesis que expresa la opinión

El derecho al libre acceso a la Información Pública, está consagrado en nuestro país, a través de la ley 200-04, denominada como ley general sobre libre acceso a la Información Pública.

De acuerdo a lo establecido por esta ley, toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.

Razones que confirman la tesis

Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás.

También comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de formular consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia. Todos los actos y actividades de la Administración Pública así como la información referida a su funcionamiento estarán sometidos a publicidad.

Para el año 2009, el Diputado Alfonso Crisóstomo depositó en la Cámara de Diputados, un proyecto que pretendía cambiar el nombre de la legislación a Ley de Acceso Regulado a los Datos e Información Públicos. Con dicho proyecto, se pretendía que el solicitante confesara para qué necesitaba los datos, y además debía aportar los datos de su domicilio, para una eventual acción que pudiera surgir, debido a su pedido.

Desarrollo de cada razón

Naturalmente que esta iniciativa encontró rechazo por parte de los legisladores y llegó a denunciarse ante la Sociedad Interamericana de Prensa. De acuerdo a investigaciones realizadas en ese sentido, no se ha conocido otro proyecto de ley que contenga similares intenciones.

Ahora bien, surgen algunas interrogantes, y es precisamente el tema a discutir en este planteamiento. Pregunto: ¿Debe modificarse la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04? Desde mi punto de vista, si debe hacerse una modificación a esta ley, pero no en lo referente a su contenido, sino respecto al órgano responsable y encargado de velar por su cumplimiento.

El ex presidente Leonel Fernández, a mediados de Septiembre del año 2011, volvió a tratar el tema de la modificación. Manifestó que en vista de la existencia de lagunas en la Ley 200-04, entendía favorable que se apruebe una Ley de Clasificación de la Información y que no sean los funcionarios quienes tengan la discrecionalidad de decidir cuáles informaciones dar.

El veterano periodista Juan Bolívar Díaz, hablando sobre el particular ha expresado que: En el sistema político dominicano hay mucho interés de ocultar cosas porque hay demasiada corrupción, descomposición y demasiados despropósitos.

En la práctica hemos tenido funcionarios públicos, como es el caso del Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez, que considera como un disparate la ley 200-04, puesto que la discreción es la norma. Que la Superintendencia es una institución privada, que él puede manejar los recursos a su mejor parecer, que tiene nominillas, y que nadie puede impedirle a él que dé ayudas a la gente.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, sometió uno de los proyectos conocidos en el Congreso cuando aún se debatía que el país tuviera una ley de libre acceso a datos públicos. Su vicepresidente, Servio Tulio Castaños, es de los que opinan que la legislación no debe modificarse.

Adopción de tono serio y no emocional

Hoy en día, y es lo que planteo en este escrito, existe la intención de que se verifique el aspecto del órgano rector que debe gerenciar la aplicación de la legislación. Estoy de acuerdo y me uno a aquellos que han tomado la iniciativa en ese sentido, y lo hago amparado en las siguientes razones.

Aunque la Ley se promulgó en el 2004, no fue sino hasta el 2012 que se estableció por decreto que su órgano rector pasaría a ser la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, creada por ese mismo decreto y dirigida por Vincho Castillo. Sin embargo, solo tiene alcance para las oficinas que dependen del Ejecutivo.

Entre sus funciones está intervenir en la negativa de funcionarios para dar información y evitar, cuando sea posible, que se llegue a la justicia. Sin embargo, la encargada de Transparencia Gubernamental, Berenice Barinas, cita al menos un caso en que haya intervenido. En el 2013, llegaron 18 recursos de amparo al Tribunal Superior Administrativo sobre la Ley de Acceso a la Información.

El ex senador José Tomás Pérez, quien también legisló por la Ley 200-04, entiende que la Dirección de Ética está al frente porque no se ha creado un Consejo. Indiscutiblemente que existió una falla de origen al momento de crear tal legislación, porque no fue creado un organismo rector de la ley, el cual debe ser un consejo independiente, el que debía dar seguimiento y legislar sobre cada aspecto relacionado.

Conclusiones

Para abril de 2007, los periodistas se quejaban de que los funcionarios no asimilaban que tenían que rendir cuentas. Ese mismo año plantearon la necesidad de crear el Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública. Para el año 2008, alrededor de cincuenta organizaciones solicitaron la modificación de la Ley 200-04 y fuera establecido un organismo gerente.

Según investigaciones realizadas, y con la finalidad de establecer un organismo que fuera rector de la aplicación de esta ley, el ex presidente Fernández, en febrero de 2012, sometió al Senado un proyecto de Ley que proponiendo lo que se denominaría El Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública, para fungir como órgano rector.