LEY DE INSENTIVO ECOMOMICO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA

Introducción

Desde la caída de la tiranía trujillista hasta nuestros días, la clase empresarial ha vivido con un conjunto de ventajas desmedidas que laceran el desenvolvimiento de la vida institucional del país.

No ha habido gobiernos desde el ajusticiamiento del sátrapa que no le haya dado concesiones fiscales  a las grandes empresas. Uno de esos momentos que retratan fidedignamente el barril sin fondo que representa la clase empresarial, es la ley 299 de protección e incentivo industrial, promulgada en 1968. Empero, ya antes de esa fecha existía un proceso de sustitución de importaciones que fue aprovechado hasta el hartazgo por nuestra clase empresarial. Asimismo, el fondo FIDE, instrumento que favoreció grandemente a   nuestros hombres y mujeres de empresa, y  el festival de exoneraciones durante el gobierno del triunvirato, fruto de la ley 4 de Protección e Incentivo industrial.

LEY DE INCENTIVO INDUSTRIAL

Una vez lograda la estabilidad política del país a partir de 1966, se diseñó un  conjunto de instrumentos para fomentar la industrialización. Desde este mismo inicio  de formulación de política industrial, se definieron dos modalidades de operación  para el sector: por un lado las empresas exclusivamente exportadoras (zonas francas), y  por el otro las empresas orientadas hacia un mercado interno ampliamente protegido  (Ley 299-68).

Una vez lograda la estabilidad política del país a partir de 1966, se diseñó un  conjunto de instrumentos para fomentar la industrialización. Desde este mismo inicio  de formulación de política industrial, se definieron dos modalidades de operación  para el sector: por un lado las empresas exclusivamente exportadoras (zonas francas), y  por el otro las empresas orientadas hacia un mercado interno ampliamente protegido  (Ley 299-68).

Las modificaciones que ese esquema de incentivos registró a partir de los  inicios de la década de los 80 no respondieron a variaciones en la concepción de la  política industrial, sino a las dificultades que generaron en las finanzas públicas.  (Calzada y García 1990). Igualmente, la primera variación drástica que se produce en el  esquema de incentivos para la producción industrial nacional (no de zonas francas), el conjunto de reformas estructurales introducido en los inicios de la década de los  90, tampoco respondió a una visión de política industrial, sino de ajuste ante la  fuerte crisis del sector externo. De hecho, las medidas de promoción industrial y de  exportaciones que debieron acompañar a la reforma arancelaria y a la eliminación de  sistema de cambios múltiples, no pasaron de propuestas (Calzada 1995).

Las posteriores reformas arancelarias respondieron ya a la imperiosa necesidad de forzar una mayor integración a los mercados internacionales; en particular la reforma  de los aranceles introducida en 2006 tuvo por objetivo reducir los impuestos a las  importaciones de insumos y la consecuente reducción de costos que preparase a la  producción nacional competir el marco del DR-CAFTA. Pero tampoco esas fueron  acompañas por instrumentos complementarios que apoyasen el tránsito de las  empresas nacionales hacia una mayor vocación exportadora. El manejo fiscalista  del sistema tributario ha impedido el funcionamiento de mecanismos para desgravar las  exportaciones y para compensarlas por las ineficiencias internas, y no se desarrollaron  programas de apoyo para la adopción de nuevas formas de producción, más acordes con  los cambiantes determinantes de la competitividad (PNUD 2005).

Gran parte de las iniciativas legislativa adoptadas en los últimos años y que  tienden a mejorar el ambiente de negocios –compras estatales, leyes de competencia,  protección al consumido- han estado fundamentalmente dirigidas a crear un entorno  propicio, o cumplir los requerimientos, para la puesta en ejecución del DR/CAFTA,  cuya negociación fue fundamentalmente motivada por los intereses de las ZF. (PNUD  2005)

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

A partir de la presente ley, la Corporación  de Fomento Industrial (CFI) se denominará Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) y funcionará como una entidad de derecho público  descentralizada, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria,  administrativa, técnica, y patrimonio propio, regida por un Consejo con participación de  miembros del sector público y del sector privado, con plena capacidad jurídica para adquirir  derechos y contraer obligaciones, realizar los actos y ejercer los mandatos previstos en la  presente ley y su reglamento de aplicación.

Como entidad de Derecho Público, las decisiones de PRONDUSTRIA estarán sujetas a las  normas de Derecho Administrativo. Jurisdicción y Sede. PROINDUSTRIA tendrá jurisdicción en todo el  territorio nacional. Su domicilio principal estará fijado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, pudiendo establecer o suprimir cualquier sucursal, agencia o dependencia  cuando así lo estime necesario para el buen desarrollo y logro de sus objetivos, de acuerdo  a la disponibilidad presupuestaria de la entidad. Igualmente podrá contratar la prestación de  servicios técnicos y de representación o funcionales, con los organismos internacionales de que forme parte el país.

Las asociaciones industriales encargadas de la escogencia de los representantes  titulares y los suplentes del sector industrial ante el Consejo Directivo son: La Asociación  de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Empresas Industriales  de Herrera (AEIH), Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), Confederación  Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Asociación de Industriales  de Haina (AIH) y la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO). La presente  enumeración no excluye la participación en la escogencia de los miembros del sector  privado de otras asociaciones industriales que pudiesen surgir luego de entrada en vigor de  la presente ley.

El patrimonio de PROINDUSTRIA estará conformado por los  bienes muebles e inmuebles y activos intangibles de su propiedad, y los asignados por el  Estado dominicano para su funcionamiento y será inembargable.

Recursos Económicos. El presupuesto de PROINDUSTRIA será  determinado anualmente por el Poder Ejecutivo, de acuerdo al presupuesto que le sea  sometido por el Consejo Directivo.

También estará compuesto por los aportes que deban realizar las personas sometidas a la  normativa prevista en la presente ley y por las tasas a cobrar que originen los servicios  prestados y programas especiales que desarrolle.

Sujeto a las disposiciones establecidas en el Artículo 57 de la presente ley, estarán  exentos del cobro del ITBIS en la Dirección General de Aduanas (DGA) las materias primas, las  maquinarias industriales y bienes de capital para las industrias detalladas en el Artículo 24, de la  Ley No.557-05, del 13 de diciembre del 2005, así como los demás bienes de capital y materias  primas que gocen de una tasa arancelaria de cero por ciento (0%).

El cuatro por ciento (4%) del monto total del ITBIS dejado de percibir por la  Dirección General de Aduanas en virtud de la aplicación de este artículo, continuará siendo  transferido por el Tesorero Nacional a la cuenta registrada por la Dirección General de  Aduanas (DGA) para estos fines y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley No. 226-06, que otorga Autonomía Funcional, Presupuestaria, Administrativa, Técnica y  Patrimonio Propio a la Dirección General de Aduanas.

La Dirección General de Aduanas desarrollará un programa de perfiles de  riesgo a los fines de que las empresas clasificadas por PROINDUSTRIA estén sujetas a  mecanismos de verificación única basados en riesgo manejados por la DGA.

Conclusión

La presente ley tiene por objeto crear un nuevo marco  institucional y un cuerpo normativo que permita el desarrollo competitivo de la industria  manufacturera, proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que estimulen  la renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor diversificación del  aparato productivo nacional, el encadenamiento industrial a través del fomento de distritos  y parques industriales y la vinculación a los mercados internacionales.

Para cumplir con sus objetivos, esta ley proporcionará instrumentos para apoyar la agilidad  logística, el incremento en las exportaciones, la colaboración entre distintos regímenes  especiales, estimular las aglomeraciones y las cadenas productivas e impulsar la innovación  y modernización industrial.

Bibliografía

Banco Mundial, (2005-2). República Dominicana. Evaluación de la competitividad comercial y laboral. Informe No. 30542-DO.

Banco Mundial, (2006). Dominican Republic Country Economic Memorandum:

The Foundations of Growth and Competitiveness. Reporte No. 35731-DO.

Calzada, Ángeles (1995). Informe final sobre desarrollo y resultados del

proyecto. PNUD, Proyecto Dom/90/009 “Programa de Reestructuración Industrial”,

Calzada, A., García, M., (1990) Diagnóstico sobre la evolución del sector  industrial dominicano. PNUD Dom/90/005 “Incentivos industriales”.

Guzmán, Rolando, (2005). Evaluación del impacto potencial del CAFTA-RD  sobre el sector industrial dominicano. USAID, Adozona, CNC.

Hausmann, Ricardo y Klinger, Bailey, (2007). Structural transformation in the

Dominican Republic. DR-N1017).

Ibarra, Martín, (2005). Diseño de mecanismos legales sobre Zonas Francas de  conformidad con las regulaciones de la OMC. Chemonics Internacional Inc.

Isa, Pavel y Cruz, Consuelo, (2006). Dinámica reciente de la producción, el  comercio y el empleo en las zonas francas de exportación de la República Dominicana. CIECA, Santo Domingo.

Vial, Joaquín, (2002-1). ¿Cuán competitiva es la República Dominicana?

Fundación Global Democracia y Desarrollo

Vial, Joaquín, (2002-2). Los desafíos de los exportadores de Zonas Francas en

República Dominicana. Fundación Global Democracia y Desarrollo