La Superintendencia de Bancos

HISTORIA

Los primeros indicios de regulación bancaria en República Dominicana aparecen con el surgimiento del Banco Nacional de Santo Domingo, S. A. en el año 1869.

En 1909, el Estado Dominicano promulga la primera Ley General de Bancos, donde se establecen regulaciones específicas para Bancos Hipotecarios, Emisores y Refaccionarios y surgen instituciones de crédito con las características de bancos comerciales, bajo la supervisión y control de la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio, denominada hoy Ministerio de Hacienda, la cual disponía de interventores nombrados por el Poder Ejecutivo en cada banco para ejercer su control.

El año 1947 marcó la transformación del sistema financiero dominicano; se crea la Unidad Monetaria Dominicana, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, esta última bajo la Ley No. 1530 del 9 de octubre del 1947, ley que crea los cimientos para la super­visión y regulación del Sistema Financiero Dominicano.

El economista Virgilio Álvarez Sánchez, va a ser el primero en ocupar el cargo de superintendente de Bancos, posición que ocupará durante dos años. En principio, la tarea de supervisión que desempeñaba esta entidad era bien simple considerando lo limitado de las operaciones comerciales de esa época y su función principal consistía en la autorización de nuevas oficinas.

La Ley No. 1530 que dio origen a la Superintendencia de Bancos va a ser modificada y sustituida por la Ley 708, Ley General de Bancos, del 14 de abril del 1965, donde se pone a cargo de esta entidad la aplicación y administración del régimen legal de los bancos, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda.

El 3 de febrero del 1967, mediante decreto del poder ejecutivo se dictó el Reglamento No. 934 “Reglamento Interior de la Superintendencia de Bancos”, en cuyo contenido se establecieron las funciones del Superintendente de Bancos y la Organización General de la Superintendencia de Bancos, así como la Estructura Organizativa formal.

Con la creación de la Ley No. 183–02 Monetaria y Financiera, se le da a la Superintendencia de Bancos el marco jurídico de actuación que tiene en la actualidad, otorgándole la responsabilidad de supervisar, con plena autonomía, a las instituciones de intermediación financiera, con el propósito de proteger los fondos de los ahorrantes y los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Así mismo, con la promulgación de esta ley, el Superintendente de Bancos se incorpora como miembro ex oficio de la Junta Monetaria.

Debido al vertiginoso crecimiento experimentado por el Sistema Financiero, tanto en el aspecto institucional como en el operativo, la Superintendencia de Bancos se ha visto en la necesidad de adecuar su estructura en múltiples ocasiones para asimilar dichos cambios, enmarcándose además, en una profunda transformación de su marco regulatorio y de supervisión, pasando de un modelo de cumplimiento a un modelo de supervisión consolidado basado en riesgos.

La Superintendencia de Bancos es una entidad pública con personalidad jurídica propia, goza de las mismas exenciones previstas a favor del Banco Central y, al igual que éste, tiene patrimonio propio inembargable y afectado exclusivamente al cumplimiento de sus fines. Elabora su propio presupuesto anual que debe ser aprobado por la Junta Monetaria.

Sus ingresos están conformados por los aportes trimestrales que realicen las entidades sometidas a supervisión financiera. Está sujeta a la fiscalización de su contralor, al dictamen y la certificación anual de una firma de auditoría externa y a la rendición anual de cuentas por ante el Poder Ejecutivo, así como a la presentación al Congreso Nacional de la correspondiente memoria anual durante la primera legislatura.

FUNCIONES:

Encargarse de la supervisión de las Entidades de Intermediación Financiera y requerir de estas entidades el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos.

Imponer las sanciones que correspondan bajo su competencia.

Proponer a la Junta Monetaria el otorgamiento o revocación de las autorizaciones a las Entidades de Intermediación Financieras para operar, fusionarse, escindirse, reestructurarse, o las demás autorizaciones que correspondan de acuerdo a la ley.

Dictar los instructivos y circulares de su competencia; preparar los reglamentos internos, que deberán contar con la aprobación de la Junta Monetaria; y proponer los reglamentos en las materias propias de su ámbito de competencia.

La Superintendencia de Bancos también deberá poner a disposición del público sus estados financieros auditados anuales; los resúmenes de las memorias anuales presentadas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional durante la primera legislatura de cada año; boletines contentivos de las circulares de la Superintendencia de Bancos que sean de interés general y de las principales estadísticas de las Entidades de Intermediación Financiera; así como cualquier otra información relevante a efectos de mantener un adecuado nivel de transparencia en sus actuaciones.