Ley de Amparo

INTRODUCCION

Todos los procedimientos jurídicos necesitan de un serie de factores para poder desarrollar su aplicación, a esto el Amparo, en el cual inciden ciertos factores que van desde los mas elementales como son la existencia de un estado de derecho y de normas jurídicas que regulen la relación del estado y sus ciudadanos.

El amparo se establece como primordial . Por la protección de proteger los ciudadanos y la situación jurídica normal del gobierno de las garantías y no puede entrar el juez de Amparo a prejuzgar sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad de los hechos, simplemente dice: aquí hay un acto, un hecho que me está produciendo molestias en mi situación jurídica subjetiva.

Como se ha visto, en el juicio de amparo, predominan las características de sumariedad, agilidad y efectividad; pero también se podría reconocer como una de sus características el hecho de que la ley 437-06 otorga a juez plenos poderes para tomar una decisión que de alguna forma subsane y restituya el derecho fundamental protegido por la Constitución, los tratados internacionales o las leyes adjetivas de la legislación dominicana.

CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE AMPARO

El amparo es una figura jurídica que protege los derechos fundamentales establecidos en la convención americana de los derechos humanos, tanto como la acción tutela la garantía de los particulares que se imparten en la constitución, pronunciado respecto a la protección de los derechos constitucionales, para lo cual introdujeron en sus constituciones una acción que defendiera estos privilegios.

De esto se puede destacar que el Amparo no es, sino, un conjunto de medio o garantías procesales destinadas a salvaguardar los derechos cual fundamentales de la persona. Es un recurso de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus derechos particulares.

RECURSO DE AMPARO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL

En todas las legislaciones donde existe el recurso o acción de amparo tiene un carácter constitucional, puesto que, de las constituciones emanan los derechos atribuidos a los ciudadanos de cada nación y es ella quien a la vez proporciona los medios por los cuales se deben proteger estos derechos. Es constitucional en el sentido de que la constitución misma así lo llama: Recurso de Amparo Constitucional, y el mismo es conocido por el tribunal constitucional que es creado por la constitución misma.

En nuestro país el recurso de amparo es movido por violaciones a derechos otorgados por la constitución a las personas, razón para considerarlo un recurso o una acción constitucional, aunque la misma suprema corte de justicia le ha dado competencia a los tribunales ordinarios para conocimiento del mismo. Nuestro más alto tribunal de justicia separa al amparo de la acción de Inconstitucionalidad de las leyes siendo este último conocido por el pleno de la suprema corte de justicia.

LA ACCIÓN DE AMPARO PROTEGE

La Acción de Amparo protege la situación jurídica normal del gobierno de las garantías y no puede entrar el juez de Amparo a prejuzgar sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad de los hechos, simplemente dice: aquí hay un acto, un hecho que me está produciendo molestias en mi situación jurídica subjetiva. Señor Juez, hágalo paralizar

DERECHOS PROTEGIDOS O DERECHOS TUTELADOS

La Acción de Amparo procede en defensa de los siguientes derechos:

  • La Inviolabilidad de la vida.
  • La Seguridad Individual, letra h hasta la j.
  • De la inviolabilidad de domicilio
  • De no ser discriminado en ninguna forma, por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma,
  • Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa, siempre que no ofenda la moral y buenas costumbres,
  • De la libertad de prensa, información, comunicación y opinión, circulación o propalación por cualquier medio de comunicación,
  • La libertad de empresa, comercio e industria,
  • De la libertad de creación artística, intelectual y científica,
  • De la inviolabilidad y secreto de los papeles privados y de las comunicaciones,
  • De reunión,
  • De asociación,
  • De libertad de trabajo,
  • De sindicación,
  • De propiedad y herencia,
  • De petición ante la autoridad competente,
  • De participación individual o colectiva en la vida política del país,
  • De nacionalidad,
  • De acceso a los medios de comunicación social,
  • A los demás derechos fundamentales que consagra la Constitución.

Esta acción de garantía constituye el medio adecuado e idóneo para la protección efectiva ante la amenaza o violación de un derecho constitucional, ya sea por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio.

DERECHOS NO PROTEGIDOS

No dan lugar a la acción de Amparo los derechos no consagrados en la Constitución ni los que tienen una vía suficientemente eficaz para su protección.

EL RECURSO DE L AMPARO A PROTEGER

Los derechos fundamentales protegidos por este tipo de recurso son generalmente los de la igualdad ante la ley, sin discriminación por razones de género, edad, raza, ideario o credo; la intimidad personal y familiar; la libertad de expresión; el derecho de asociación política y sindical; el derecho a la objeción de conciencia; la libertad de cátedra; la libertad religiosa; el derecho a un proceso con todas las garantías, o la inviolabilidad del domicilio.

Este recurso de amparo puede ejercitarse tanto por ciudadanos nacionales como por extranjeros, no sin ciertas salvedades, según se desprende de una interpretación conjunta de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución de cada país y, en su caso, la Convención Europea de Derechos Humanos. A su vez, también se les reconoce a las personas jurídicas privadas; hay dudas en cuanto a su reconocimiento a las de naturaleza pública.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL PEDIMENTO DE AMPARO

El primer factor es la existencia de un estado de derecho que funcione, si no a plena capacidad, por lo menos de manera suficiente para tutelar algún derecho que sea desconocido o violado. El segundo factor es la existencia de normas que organicen e instituyan los derechos inherentes a las personas, de las cuales la más importante es la norma constitucional. El tercer factor es la existencia de un estado organizado con la separación de poderes cuya independencia sea plena para garantizar que el poder judicial pueda actuar sin ataduras ni restricciones. Otro factor es la relación gobernantes y gobernados y de particulares entre si, así como la relación obligatoria entre las instituciones represivas del orden y los ciudadanos de donde provienen constates violaciones de los derechos de estos últimos y finalmente tiene que existir desconocimiento, violación, vulneración o restricción de los derechos de una persona por parte de funcionarios administrativos, empleados o de particulares.”

La existencia de estos factores forma parte de la base jurídica del recurso de amparo, puesto que este proviene de lo más intrínseco de la normativa legal de cada nación. Además el recurso de amparo se relaciona directamente con cada uno de estos factores, ya que el mismo no podría ejercerse a falta de alguno de ellos.

OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO

La Suprema Corte de Justicia Dominicana estableció que el objeto del amparo es “la protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, la ley y la Convención de los Derechos Humanos, contra actos violatorios de esos derechos, cometidos por personas que actúen o no en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares.”

De aquí se desprende que la finalidad u objeto del amparo es la protección del ciudadano contra la violación de los derechos fundamentales establecidos en la legislación fundamental, adjetiva o internacional por parte de la autoridad o los particulares para garantizar los derechos y libertades de las personas.

  1. Actos de la autoridad que violen, vulneren o restrinjan las garantías individuales de los ciudadanos.
  2. Por acciones u omisiones de los particulares que atenten contra el libre goce del ciudadano de sus derechos individuales.

En primer termino, el amparo se establece como un medio de defensa jurídico que tiene el ciudadano y que procede en contra de actos de autoridad de ipso o de jure, en una relación de supra a subordinación, cuando la autoridad responsable vulnera o restringe alguna garantía constitucional.

Los actos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley y la misma convención, cometidos por personas que actúen o no en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares, son también objeto de esta acción como protección al ciudadano.

La finalidad específica del recurso de amparo es el restablecimiento de los derechos fundamentales garantizados de forma tácita o expresa que han sido restringidos de forma manifiesta o inminente por el acto u omisión de la autoridad publica o de cualquier particular.

LA PRETENSIÓN DE AMPARO

La pretensión de amparo es una declaración de voluntad, fundada en la amenaza o lesión efectiva de alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas contenidas, cometida y dirigida contra alguno de los poderes públicos del Estado o contra particulares, por lo que se solicita del órgano jurisdiccional el reconocimiento de derecho o libertad fundamental, así como la adopción de cuantas medidas sean necesarias para restablecer o preservar su libre ejercicio.

La pretensión de amparo y su contestación, por la parte demandada, constituyen el objeto del proceso, sobre el cual ha de recaer la decisión del Tribunal, la cual habrá de ser congruente con ambas peticiones de las partes, no pudiendo satisfacer más de lo pedido por el demandante ni menos de lo resistido por la parte demandada ni otorgar algo distinto a lo solicitado por todas ellas.

DE LA ADMISIBILIDAD

Según el art. 1 de la ley 437-06, para que el recurso o acción de amparo sea admisible deben de existir los siguientes elementos:

  • Un acto u omisión.
  • Debe ser cometido por alguna autoridad pública o algún particular.
  • El acto puede ser actual o inminente.
  • Se debe demostrar la arbitrariedad o ilegalidad de forma manifiesta.

Este acto u omisión debe lesionar, restringir, alterar o amenazar los derechos reconocidos por la Constitución de forma tácita o explícita.

La única excepción a esto es en cuanto al derecho a la libertad, puesto que el recurso de amparo solo será admisible cuando no se haya consumado el hecho que prive la libertad, ya que una vez ocurrido esto solo podrá protegerse el derecho fundamental de la libertad individual con el Recurso de Habeas Corpus.

El Recurso de Amparo puede ser interpuesto por cualquier persona, física o moral, sin distinción de ninguna especie, la cual podrá reclamar la protección de sus derechos individuales mediante esta acción.

DE LA INADMISIBILIDAD

Según el art. 3 de la ley 437-06 la acción de amparo no será admisible en los siguientes casos:

  • Cuando se trate de actos jurisdiccionales emanados de cualquier tribunal de los que conforman el poder judicial.
  • Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los treinta (30) días que sigan a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de sus derechos.
  • Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente, a juicio del juez apoderado.
  • Cuando se trate de los suspensión de garantías ciudadanas estipuladas en el art. 37, inciso 7, o en el art. 55, inciso 7, de la Constitución de la República.

En cuanto a la letra (a) de este art. 3 existen grandes discusiones sobre la admisibilidad o no del recurso de amparo cuando el acto proviene de cualquiera de los tribunales que conforman el poder judicial. Algunos tratadistas afirman que si el acto que proviene de cualquier tribunal de los que conforman el poder judicial y se le demuestra su arbitrariedad e ilegalidad ocasionando esto la violación de algunos de los derechos fundamentales, el acto, resolución o decisión, debería de ser recurrida en amparo; por otra parte, hay quienes plantean que en estos casos no es posible la interposición del recurso de amparo, porque ya existen los medios procesales necesarios para atacar este acto, resolución o decisión judicial y no seria conveniente incoar el recurso de amparo cuando se podría recurrir por otra vía.

Otro punto de aclaración esta en la letra (b), en la cual se puede interpretar que el legislador marco el primer plazo para la interposición del recurso de amparo, el cual es de Treinta (30) días, contados a partir de la fecha cuando el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho constitucional.

En el caso de que el recurso de amparo sea admisible este no podrá suspenderse o sobreseerse para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial, de la naturaleza que fuere; todo esto según lo dispuesto por el art. 4 de la ley 437-06. Asimismo el recurso de amparo tampoco se subordina al cumplimiento de formalidades previas ni al agotamiento de otras vías de recurso o impugnación en la ley para combatir el acto u omisión que pretendidamente ha vulnerado un derecho fundamental.

El ejercicio de la acción de amparo tampoco podrá suspender ni sobreseer ningún proceso judicial en trámite en los tribunales de la República como así lo dispone el art. 5 de la ley 437-06.

CONTENIDO DEL ESCRITO DE AMPARO

La acción de amparo se intentará mediante escrito dirigido por el reclamante al juez apoderado, y depositado en la secretaria del tribunal, el cual deberá contener:

Indicación del órgano jurisdiccional al que va dirigida, en atribuciones de tribunal de amparo;

El nombre, profesión, domicilio real y menciones relativas al documento legal de identificación del reclamante;

Señalamiento de la persona física o moral agraviante, con la designación de su domicilio o sede operativa, si fuere del conocimiento del agraviado;

La enunciación sucinta y ordenada de los actos u omisiones que alegadamente han infligido o procuran producir una vulneración, restricción o limitación a un derecho constitucionalmente protegido del reclamante, con una exposición breve de las razones que sirven de fundamente a la acción.

La indicación del derecho fundamental conculcado o amenazado, y cuyo pleno goce y ejercicio se pretende garantizar o restituir mediante la acción de amparo.

La fecha de la redacción de la instancia y la firma del solicitante de protección o la de su mandatario, si lo tiene; en caso del que el reclamante no sepa o no pueda firmar, deberá suscribirlo en su nombre una persona que no ocupe un cargo en el tribunal y que, a ruego suyo, lo haga en presencia del secretario, lo cual éste certificará.
Una vez recibida la solicitud de amparo, el juez apoderado dictará, en un plazo no mayor de tres (3) días, autorizando al solicitante a citar al presunto agraviante a comparecer a la audiencia que tendrá lugar para conocer de los meritos de la reclamación en virtud de lo establecido en el art. 13 de la ley 437-06.

El juez emitirá un auto el cual contendrá expresamente la fecha y el lugar donde se dará a cabo la audiencia. Dicha audiencia tendrá lugar dentro de los cinco (5) días de la emisión del auto resultando indispensable que se comunique a la otra parte, copia de la demanda y de los documentos que se depositaron con ella, por lo menos con un (1) día franco antes de la fecha en que se celebre la audiencia.

Como una de las características del recurso de amparo es la celeridad de su proceso, así como también su carácter de urgencia, cuando esta se demuestre, el juez de amparo podrá permitir al solicitante citar al alegado agraviante a comparecer a la audiencia a hora fija, aun en los días feriados o de descanso, sea en su propio domicilio con las puertas abiertas.

Según el art. 15 de la ley 437-06 la audiencia de amparo siempre será oral, pública y contradictoria.

DE LAS PRUEBAS

Como lo dispone el art. 16 de la ley 437-06, todos los actos u omisión que constituyan una lesión, restricción o amenaza a un derecho protegido constitucionalmente, puede ser acreditado por cualquier medio de prueba permitido en la legislación dominicana, siempre y cuando no implique un atentado contra en derecho de defensa del alegado agraviante.

Es por esto que el art. 17 de la referida ley le otorga al juez de amparo amplios poderes para celebrar medidas de instrucción, así como para recobrar por si mismo los datos, informaciones y documentos que sirvan de prueba a los hechos y omisiones alegados, aunque el juez debe garantizar que estas pruebas sean comunicadas a todas las partes.

La ley 437-06 en su art. 18 manda a que el día y hora fijados para la comparecencia de las partes, el juez los invitará a producir los medios de prueba que pretendan hacer valer para fundamentar sus conclusiones.

Atendiendo a los poderes que le otorga la ley 437-06 al juez en el art. 17, estos se van ampliando en la medida que la audiencia se desarrolla, tal es el caso del art. 19 en que cualquier funcionario público que se negare a presentar las informaciones o documentos o cualquier otro medio de prueba requerido por el juez, dicha acción será considerada obstrucción de justicia, posible del pago astreinte, sin perjuicio de los que al efecto establece el derecho común sobre la materia. También el poder del juez alcanza para suplir de oficio cualquier medio de derecho y decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes, si los ha habido, excepto en lo relativo a las excepciones de incompetencia.

El juez puede declarar por terminada la discusión cuando se considere suficientemente edificado y una vez terminen los debates, el juez invitará a las partes a concluir al fondo y el asunto quedará en estado de fallo.

PLAZOS

Como se ha indicado, el primer plazo con el que cuenta el recurso de amparo para depositar la solicitud de protección del derecho vulnerado es el que inicia en el mismo momento en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de su derecho. Este plazo es de treinta (30) días.

Una vez depositada la solicitud de amparo, el juez apoderado dictará, en un plazo no mayor de tres (3) días, autorizando al solicitante a citar al presunto agraviante.

La fecha de la audiencia tendrá lugar dentro de los cinco (5) días contados a partir de la emisión auto que dictó el juez autorizando citar al agraviante. Tal citación deberá realizarse por lo menos un (1) día antes de la fecha señalada en el auto para la celebración de la audiencia.

Una vez que el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión dentro de los cinco (5) días que sigan al momento de concluirse los debates.

DE LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

Para entender este sub-titulo el lector debe conocer la definición de la Sentencia en donde el mexicano Alfredo de la Cruz Gamboa la define como “la resolución llevada a cabo por el órgano jurisdiccional que pone fin a un procedimiento judicial”. La sentencia contiene una declaración de voluntad del juez o tribunal en la que se aplica el Derecho a un determinado caso concreto, es condenatoria o estimatoria cuando el juez o tribunal acoge la pretensión del demandante, es decir, cuando el dictamen del juez es favorable al demandante o denunciante. Por el contrario, la sentencia es absolutoria o desestimatoria cuando el órgano jurisdiccional da la razón al demandado o denunciado.

En el caso del juicio de amparo cuando el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión dentro de los cinco (5) días que sigan al momento del cierre de los debates y la presentación de conclusiones al fondo. La sentencia emitida por el juez podrá acoger la reclamación de amparo o desestimarla, según resulte pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y una valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al debate.

En la sentencia, el juez de amparo, deberá explicar las razones por las cuales ha atribuido un determinado valor probatorio a los medios sometidos a su escrutinio, haciendo una apreciación objetiva y ponderada de los meritos de la solicitud de protección que ha sido implorada.

Según el art. 24 de la ley 437-06, la sentencia que concede el amparo deberá indicar:

La mención de la persona en cuyo favor se concede el amparo;

El señalamiento de la persona contra cuyo acto u omisión se concede el amparo;

Determinación de lo ordenado a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su ejecución; y Plazo a cumplir con lo debido.
La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho constitucional conculcado al reclamante, o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio. El juez puede ordenar, en caso de necesidad, que la ejecución tenga lugar en minuta.

El art. 27 de la ley 437-06 ordena que: “cuando la decisión que concede el amparo disponga medidas o imparta instrucciones a la autoridad pública, tendientes a resguardar un derecho constitucionalmente protegido, el secretario del tribunal procederá a notificarla inmediatamente a dicha autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene la parte agraviada de hacerlo por sus propios medios. Dicha notificación valdrá puesta en mora para la autoridad pública”.

Otros de los amplios poderes de los que goza el juez de amparo en el art. 17 continúan ampliándose en el art. 28 cuando la ley 437-06 en el referido artículo indica que “el juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar condenaciones o astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado por el magistrado”.

Como se ha visto, en el juicio de amparo, predominan las características de sumariedad, agilidad y efectividad; pero también se podría reconocer como una de sus características el hecho de que la ley 437-06 otorga a juez plenos poderes para tomar una decisión que de alguna forma subsane y restituya el derecho fundamental protegido por la Constitución, los tratados internacionales o las leyes adjetivas de la legislación dominicana.

Cuando un recurso de amparo ha sido desestimado por el juez apoderado, no podrá llevarse de nuevo ante otra jurisdicción. (Art. 29, párrafo único.)

RECURSOS

El art. 29 de la ley 437-06 establece que: “la sentencia emitida por el juez de amparo no será susceptible de ser impugnada mediante ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo la tercería o la casación, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común”.

Es por esto que esta sentencia puede ser ejecutoria no obstante tenga lugar a la vista en minuta.

CONCLUSION

De acuerdo a La Suprema Corte de Justicia Dominicana estableció que el objeto del amparo es “la protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, contra actos violatorios de esos derechos, cometidos por personas que actúen o no en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares.”

Es en si la protección del ciudadano contra la violación de los derechos fundamentales establecidos en la legislación fundamental.

Se puede predominar que, en el amparo de tema, tiene en las características de sumariedad, agilidad y efectividad; pero también se podría reconocer como una de sus características el hecho de que la ley 437-06 otorga a juez plenos poderes para tomar una decisión que de alguna forma subsane y restituya el derecho fundamental protegido por la Constitución, los tratados internacionales o las leyes adjetivas de la legislación dominicana.