Delitos de los periodistas

DELITOS QUE PUEDEN COMETER LOS INFORMANTES O PERIODISTAS PUBLICACIÓN ES FALSAS

El periodista puede decir lo que quiere pero no tiene facultad para ir contra la verdad. El primer deber del periodista es la verdad. La mayoría de las legislaciones castigan la falsa noticia y sancionan como un delito, con penas de prisión. En el caso de la falsa noticia se topa con una dificultad fundamental. Si se quiere proteger la libertad de prensa no puede ser penada la falsa noticia sino cuando el periodista ha obrado intencionalmente dolorosamente.

De esta manera casi nunca sería factible la sanción porque la prueba de la mala intención sería casi imposible, y, entonces se sacrificarían la verdad. Por el contrario si se condena la noticia aun sin prueba de la mala intención del periodista y se admite como infracción culposa en donde la fuente de la responsabilidad penal radica en la negligencia, la falta de precisión o cuidado al tomar y elaborar la información, la libertad de prensa podría ser socavada. Es decir tener presente que el ejercicio profesional del periodista es de dia a dia, vive compelido por su tiempo, su trabajo está regulado en un ciclo de tiempo apremiante, tiene que esforzarse para que su trabajo salga el mismo día o al otro y en esta urgencia, pretender que no se cometan errores, es pretensión vana.

En nuestra legislación la noticia falsa, por si no está tipificada como delito. Lo que tenemos es la apropiación de noticias o tumores falsos prevista como contra versión de tercera clase, sancionada con prisión de dos a cuatro días y multas sesenta y uno a ciento veinte sucres.

El artículo 606 del código penal prescribe en el numero 13; serán reprimidos los propaladores de noticias o rumores falsos que digan relación al orden público, a la seguridad del estado o al honor nacional. Y, el mismo artículo en el numeral 14: los que propalaren noticias o rumores falsos contra la honra o dignidad de las personas o de las familias o se preocuparen de la vida íntima des estas sin porfioso de la acción de injuria

Como están concebidas las disposiciones, lo que se sanciona no es propiamente la falsedad de la noticia, el faltamiento a la verdad, es más bien, el ataque al orden público, a la seguridad de estado o al honor nacional, en el un caso; ya a la honra o dignidad de las personas y familias, a su vida íntima en el otro caso; y eso la dignidad se conceptúa como respecto de sí mismo y a la persona digna como buena honrada.

  • Responsabilidad civil del periodista

Para el periodista el comportamiento consiste en redactar una información periodística y publicarla, identificándose como su autor. La lesión a los derechos ajenos, que origine con su comportamiento, puede realizarla con dolo o culpa y debe poseer las condiciones circunstanciales y mentales necesarias para ser imputable.

  • La legítima defensa:

Actúa en legítima defensa aquella persona que para evitar una lesión probable en su persona o en sus derechos o en los ajenos, reacciona contra el agresor. El Código Penal en su artículo 28 estipula que para configurar la legítima defensa debe surgir la respuesta a una agresión ilegítima, actual o inminente y haber utilizado un medio adecuado para repeler la agresión.

  • El estado de necesidad:

Es cuando se está ante una situación de peligro actual o inminente, que no lo haya provocado voluntariamente y finalmente que no sea evitable de otra manera.

Otras maneras de determinar que la conducta no sea antijurídica son el cumplimiento de un deber legal, el ejercicio legítimo de un derecho y el consentimiento expreso o presunto del titular de un bien jurídico cuya tutela está condicionada por el interés que tiene ese derecho y disposición sobre él.

Otro eximente importante es la Exceptio Veritatis, la cual ha sido admitida por la jurisprudencia como eximente de responsabilidad en los delitos de imprenta, considerando la aplicación del artículo 149 del Código Penal

LA OFENSA AL PRESIDENTE Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS

La ofensa al Presidente de la República por alguno de los medios enunciados en el artículo 23 se castigará con la pena de tres meses a un ano de prisión y con multa de RD$100.00 a RD$1,000.00, o con una de las dos penas solamente.

Las penas previstas en este mismo artículo son aplicables a la ofensa a la persona que ejerce parte o la totalidad de las prerrogativas del presidente de la República.

La publicación, difusión o reproducción, por cualquier medio de noticias falsas, de documentos fabricados falsificados o falazmente atribuidos a terceros, cuando tal publicación, difusión o reproducción hubiere perturbado la paz pública, se castigará con pena de seis meses a dos años de prisión y con multa a de RD$100.00 a RD$1,000.00, o con una de estas dos penas solamente.

Los mismos hechos serán castigados con pena de uno a dos años de prisión y con multa de RD$100.00 a RD$1,000.00 cuando la publicación, la difusión o la reproducción trastorne la disciplina o la moral de las Fuerzas Armadas o perjudique los esfuerzos bélicos de la nación.

El ultraje a las buenas costumbres cometido por alguno de los medios enunciados en el artículo 23 se castigará con prisión de un mes a un año y con multa de RD$10.00 a RD$100.00.

Los ejemplares de dibujos, grabados, pinturas, emblemas o imágenes obscenos expuestos a la vista del público, para ser vendidos o distribuidos, serán incautados.

La injuria o difamación hecha a los Jefes de Estado extranjeros, a los jefes de Gobiernos extranjeros y a los Ministros o Secretarios Estado de Relaciones o Asuntos Exteriores de un gobierno extranjero, se castigará con pena de tres meses a un año de prisión y multa de RD$50.00 a RD$500.00, o con una sola de estas dos penas, siempre que la República mantenga relaciones diplomáticas formales con el país del cual es nacional el funcionario que se pretende ofendido.

Con el tiempo te das cuenta que lo importante no es el futuro, sino el momento que estas viviendo en el presente.

La injuria o difamación cometidas contra los Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, Enviados, Encargados de Negocios u otros agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República, se castigará con pena de ocho días a un año de prisión y multa de RD$50.OO a RD$500.OO, o con una de estas dos penas solamente.

EL ATAQUE AL HONOR, A LA BUENAS COSTUMBRES Y A LA MORAL DE LAS BUENAS PERSONAS

En nuestro país se propugna como valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico: la vida, la libertad, la igualdad, la integridad y libre desarrollo de la personalidad, entre otros, valores que tiene carácter Constitucional y es por ello que el Código Penal ampara un buen grupo de delitos de los cuales no podían escapar los destinados a las buenas costumbres, en esta categoría de hechos punibles nuestro legislador agrupa aquellos que constituyen atentados a la moralidad sexual, al pudor, al matrimonio y a la filiación.

En esta categoría de hechos punibles nuestro legislador agrupa aquellos que constituyen atentados a la moralidad sexual, al pudor, al matrimonio y a la filiación.

Durante mucho tiempo los problemas sexuales se han estimado como tabúes sociales y la sexología difícilmente ha podido establecerse sobre bases conocidas. Esto se debe que el estudio sobre sexualidad, principalmente se ha visto limitado por prejuicios religiosos que impiden la discusión y el conocimiento de las influencias del sexo en la vida social. Sin embargo, en los últimos tiempos, se han desarrollado una sociología sexual, una sicología sexual y una biología sexual que han contribuido a formar una verdadera concepción de la sexualidad.

Entre los hechos que atentan contra la honestidad resaltan la prostitución, el comercio carnal contra la naturaleza y las perversiones sexuales.

La prostitución ha existido desde tiempos remotos; la define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como “la actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero”. La prostitución así definida de esta forma presenta tres ingredientes fundamentales: una prestación de carácter sexual, la percepción de un precio a modo de contraprestación, y una cierta habitualidad. La prostitución es considerada en si misma un delito por el ingrediente que constituye la fase económica. Lombroso encontró en las prostitutas muchos de las características de los delincuentes comunes, por esta razón las equiparaba con los mendigos y los vagabundos, es decir; a personas de mal vivir. Por las razones antes expuestas es que se ha prohibido en muchos países.

La homosexualidad se define como la preferencia y atracción sexual por personas del mismo sexo, en contraposición a heterosexualidad y la bisexualidad. Las mujeres homosexuales reciben el apelativo de lesbianas. En los últimos años el término gay se viene aplicando a mujeres y hombres homosexuales. Anteriormente se estimaba que la homosexualidad era una consecuencia de predisposición constitutiva y de efectos determinantes de experiencias durante la infancia, pero posteriores estudios rebatieron estas tesis y en 1973, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y, en 1980, del Manual de Clasificación de las Enfermedades Mentales de la OMS. Por este motivo la condición homosexual escapa al campo del Derecho Penal, pero en el derecho moderno los actos contra natura se castigan en muchos Códigos como el nuestro.

Entre las perversiones sexuales tenemos: la bestialidad, que es la anormalidad consistente en buscar gozo sexual con animales. El exhibicionismo, que consiste en la perversión consistente en el impulso a mostrar los órganos genitales. El fetichismo, que es la desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo. El término sadismo, derivado del nombre del marqués de Sade; hace referencia en un sentido genérico a aquél que provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona. El masoquismo se usa con mayor extensión para referirse a la tendencia de algunos individuos a disfrutar con las humillaciones que otros les hacen.

En el Derecho Romano se castigaban todos los actos sexuales que constituyeran fornicación, exceptuando la fornicación con prostitutas o viudas entregadas a la prostitución, en consecuencia, existían delitos carnales como: la fornicación, el estupro, la seducción con rapto, el incesto y la sodomía. La fornicación es el tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. El estupro era la fornicación con doncella o mujer honesta menor de 25 años; la seducción con rapto era la verificación de acto carnal con mujer virgen o menor de 20. El incesto era el acto sexual entre personas impedidas de contraer matrimonio. Y la sodomía y la bestialidad eran los actos de homosexualismo y de fornicación con animales.

Posteriormente estos delitos se redujeron, en el Derecho Penal Moderno, a los hechos que causaren escándalo público, a la corrupción de menores y a las violencias contra las personas de manera que en nuestro Código Penal encontramos cinco títulos:

a. Delitos de violación, seducción y prostitución de menores, incesto y ultrajes al pudor;
b. Rapto violento y fraudulento;
c. Favorecimiento de la corrupción de menores;
d. Delitos matrimoniales de adulterio, concubinato y bigamia;
e. Delitos contra la filiación, de suposición de parto y supresión de estado.

LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Aquellos delitos que tienen método o fin los medios tecnológicos son conocidos como delitos informáticos o, en un sentido más amplio, delitos de alta tecnología. Estos involucran conductas delictivas y antisociables que se realizan a través de medios electrónicos a fin causar un daño físico, psicológico, moral y/o económico a la víctima o dañar equipos, redes informáticas y/o componentes de sistemas de información.

Aunque los delitos de alta tecnología son altamente dinámicos, pudiendo renovarse o surgir nuevos tipos o variantes, la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología en la república dominicana define estos últimos como “aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con los sistemas de información.

  • Entidades encargadas del cumplimiento de la Ley 53-07.

El artículo 30 de la Ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología establece la creación y composición de la comisión internacional contra crímenes y delitos de alta tecnología (CICDAT), la cual estará compuesta por un representante de: a) la procuraduría general de la república; b) la secretaria de estado de las fuerzas armadas; c) la secretaria de estado de interior y policía; d) la policía nacional; e) la dirección nacional de control de drogas (DNCD); f) el departamento nacional de investigaciones (DNI); g) el instituto dominicano de las telecomunicaciones (INDOTEL); h) la superintendencia de bancos de la república dominicana.

A través del artículo 36 de la ley 53-07, se crea el departamento de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología (DICAT); como entidad subordinada a la dirección central de investigaciones criminales de la policía nacional.

  • Denominaciones de los delitos de alta tecnología.

Cibercrimen, ciberdelitos, compudelitos, delitos electrónicos, informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones son términos comúnmente usados para referirse a conducta ilegales que utilizan dispositivos electrónicos como medio o fin de hechos.

En conclusión, no importa la denominación que se use para los delitos de alta tecnología, estos ya están contemplados y regulados en la legislación dominicana; por lo que, su desconocimiento o no intencionalidad no libera al autor intelectual o material de las penas y sanciones que establece la ley sobre crímenes y delitos de lata tecnología.

  • Delitos relacionados con la privacidad, confidencialidad e integridad de los datos almacenados.

En esta clasificación se incluye los eventos de espionaje estatal, político, comercial, industrial e institucional, la manipulación, la falsedad de documentos y firmas electrónicas, el copiado ilegal y la destrucción de data, entre otros. Delitos relacionados con el material de computadora (hardware). Estos consisten en delitos como la destrucción o robo de computadoras y sus periféricos por medios convencionales.

  • Delitos relacionados con la integridad: moral, mental y física de las personas.

Lamentablemente los delitos de computadora y alta tecnología han desbordado el ámbito de sus ataques a los bienes y servicios; por lo que, desde hace tiempo, los compudelincuentes vienen ideando y ejecutando formas de ataques que atentan contra las personas.

  • Delitos de telecomunicaciones.

Como se da en los casos del robo y reventa de las señales de televisión por cable o la elaboración de dispositivos fraudulentos para la descodificación de señales; la generación de tráfico internacional en sentido inverso al normal; los fraudes de proveedores de servicio de información o líneas tipo 1-976; el re direccionamiento de llamadas de larga distancia; el robo de línea y otros tantos que se citan en la ley 53-07.

Necesidad de cooperación nacional e internacional.
Los delitos de computadoras y alta tecnología sobrepasan las barreras de los países y continentes, convirtiéndose en una verdadera amenaza y peligro real para la seguridad personal, organizacional e incluso para la soberanía nacional de cada país en particular.

  • Estrategia dominicana para uso responsable del internet.

La comisión nacional para la sociedad de la información y el conocimiento (CNSIC) y el instituto dominicano de las telecomunicaciones (INDOTEL), con la asesoría de la república de Colombia, establecieron en abril de 2008 una alianza que pretende implementar una estrategia nacional que garantice un uso sano y ético del internet en la república dominicana.