LAS LEYES QUE REGULAN EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA OPINION PÚBLICA (200-04)

Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.

Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás

También comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de formular consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia.

Todos los actos y actividades de la Administración Pública así como la información referida a su funcionamiento estarán sometidos a publicidad.

Será obligatorio para el Estado Dominicano la presentación de un servicio permanente y actualizado de información referida a:

a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados;
b) Programas y proyectos;
c) Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;
d) Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley;
e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros;
f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos;
g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa;
h) Índices, estadísticas y valores oficiales;
i) Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios, controles y sanciones;

Será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes, brindar la información con carácter obligatorio y de disponibilidad de actualización permanente y las informaciones que fueran requeridas en forma especial por los interesados.

Para cumplir estos objetivos sus máximas autoridades están obligadas a establecer una organización interna, de tal manera que se sistematice la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como para su publicación a través de los medios disponibles.

Todos los poderes y organismos del Estado deberán instrumentar la publicación de sus respectivas “Páginas Web” a los siguientes fines:

a) Difusión de información: Estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión, base de datos;
b) Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: Consultas, quejas y sugerencias;
c) Trámites o transacciones bilaterales.

La información a que hace referencia el párrafo anterior, será de libre acceso al público sin necesidad de petición previa.

La Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, así como cualquier otro órgano o entidad que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto públicos tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos o digitales o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenido por ella o que se encuentre en su posesión y bajo su control.

La solicitud de acceso a la información debe ser planteada en forma escrita y deberá contener por lo menos los siguientes requisitos para su tramitación:

a) Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión.
b) Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere.
c) Identificación de la autoridad pública que posee la información.
d) Motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas.
e) Lugar o medio para recibir notificaciones.

LEY 61-32 DE EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO

Ley No. 6132 de Expresión y Difusión del pensamiento, en donde hablaremos acerca de cada uno de los diferentes artículos que esta posee, que nos dejan dicho, como se aplica dicha Ley a los ciudadanos e instituciones y cuales aspectos positivos y negativos tiene esta.

El principal propósito de esta ley es la libertad de expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo responsabilidades de ley “, en lo que respecta a las responsabilidades de ley coincido en la seguridad nacional y el respeto a la dignidad e intimidad de la persona. También en ese orden a sancionar el mal uso que se haga de ese derecho.

Esta consiste en reglamentar y garantizar la libertad de expresión del pensamiento y regir y salvaguardar el buen ejercicio de ese derecho inherente a todos los ciudadanos, respetando así la honra de los demás y porque no de la sociedad y a que no se atente contra su integridad, su paz o estabilidad democráticas los cuales deben estar garantizados.

Esta ley reglamenta el derecho de Publicación de la dirección y del deposito de cualquier escrito periódico lo que es su objeto principal, es decir, la expresión escrita y publicada por cualquier periódico de circulación nacional, revista, telegrama difundido por cualquier medio de prensa ya sea, la televisión, la radio, entre otros.

La expresión y difusión del pensamiento es un derecho que tenemos todos los dominicanos de expresar libremente nuestro pensamiento sin que este atente contra la honra de las personas, el orden público o la paz del estado.

La Ley 6132 fue aprobada el 19 de Diciembre del 1962. Esta ley tiene como propósito reglamentar y proteger el libre uso de la expresión y difusión de las ideas y sancionar el mal uso que se haga de ese derecho.

Esta ley ayuda mucho a la regulación del ejercicio del periodismo ya que a través de esta se implementa algunas normas que se deben tener en cuenta antes de expresar y difundir el pensamiento de muchos periodistas.

Establece que todo escrito publicado exceptuando las pequeñas publicaciones tipográficas, debe tener el nombre y domicilio del impresor.

A todo impresor que viole esa disposición se le establecerá algunas sanciones tales como que se castigara a los que distribuyan impresos que no lleven la indicación exigida en el párrafo precedente y podrá pronunciarse una pena de prisión de uno a seis meses, también un monto de RD$50.00 a RD$100.00 Para el impresor que viole dicha disposición.

Toda prensa escrita tales como revistas, periódicos, cuadernos etc. debe tener un director y asignarse un substituto estos deben ser dominicanos, mayores de edad y no debe estar privados de los mismos por ninguna condena Judicial.

En la declaración se debe expresar:

  • El título del periódico
  • Días y horas de emisión.
  • Nombre y Domicilio del propietario y del director o sustituto
  • Nombre, domicilio y datos relativos a la constitución y funcionamiento de la empresa editora.
  • Edad profesión y nacionalidad del director y sustituto, si lo hay Carácter y propósito de la Publicación.

Cada publicación en su primera página o en la página del editorial debe constar de la mancheta donde se publicara visiblemente los nombres del director de la publicación y de los propietarios.

En caso de violación a una de estas disposiciones el director se castigara con 6 o 2 meses de prisión y una multa de RD$ 10.00 a RD$ 100.00

Los periodistas que utilicen un seudominio están obligados de indicar por escrito su verdadero nombre al director.

Cada publicación del periódico será verificada por un delegado del Ministerio de Estado de Interior y Policía.

LEY 10 – 91 DE COLEGIACIÓN PERIODÍSTICA

Que tanto los periodistas como los medios de comunicación del país comparten un deseo común de mejorar los niveles de profesionalización del periodismo dentro de una estructura legal y social que sea compatible con los preceptos de la Constitución de la República Dominicana y con los tratados, convenciones y declaraciones sobre derechos humanos que han adoptado nuestros poderes públicos para dar protección a todos los seres humanos en la búsqueda, recepción y difusión de informaciones y opiniones.

Que también hay que propugnar porque se mantenga el clima de respeto a las libertades públicas, particularmente al derecho a la libre expresión del pensamiento, al de asociación, al de empresa, al de trabajo y, en general a todos los preceptos de nuestra Constitución que aseguran la existencia de una sociedad democrática.

Que es de alto interés emprender acciones que propendan a la creación de mecanismos de asistencia social que garanticen a los periodistas y a sus familias una adecuada y justa seguridad social.

Se crea el Colegio Dominicano de Periodistas con sede en Santo Domingo, República Dominicana, como institución con personería jurídica y patrimonio propio, integrado por profesionales del periodismo.

Esta ley regula las atribuciones del Colegio Dominicano de Periodistas y establece orientaciones y requisitos éticos para el ejercicio del periodismo como profesión liberal en la República Dominicana. Las actividades del CDP se circunscribirán a todo cuanto propenda a la elevación de los niveles profesionales de sus miembros sin lesionar el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y difundir informaciones por todos los medios sin restricción de naturaleza alguna.

El Colegio no podrá dedicarse a actividades partidaristas ni sindicales. Si la violación a esta disposición se comprueba judicialmente, por indicios o pruebas materiales, el Tribunal eximirá a los medios de comunicación de las obligaciones que les impone esta ley, hasta tanto el mismo tribunal determine que el Colegio ha desistido de los actos violatorios de este artículo.

Las relaciones de trabajo entre los medios de comunicación y los periodistas profesionales se rigen por el principio de la libertad de contratación. Sin embargo, en igualdad de condiciones, al momento de contratar periodistas los medios darán preferencia a los graduados de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario.

Periódicamente el Colegio Dominicano de Periodistas proporcionará a los medios de comunicación listas de graduados de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario que estén en condiciones de ser empleados.

Los objetivos del Colegio Dominicano de Periodistas son:

a) Promover el perfeccionamiento de los niveles profesionales de sus miembros y protegerlos en el ejercicio de sus derechos, así como estimularlos al cumplimiento de sus obligaciones, particularmente de aquellas que genera la Constitución de la República y aquellos instrumentos internacionales ratificados por el país.

b) Defender la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la forma que se garantiza en la Constitución de la República y aquellos instrumentos internacionales ratificados por el país.

c) Respaldar y promover los estudios de las ciencias de la comunicación social.

d) Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Etica del Colegio con el objeto de garantizar la pureza en el ejercicio de la profesión, siempre que las mismas no pongan en peligro los derechos fundamentales del hombre.

e) Expresar los sentimientos de sus miembros y sus posiciones frente a los problemas que afecten el desarrollo social, político y económico, así como la soberanía de la Nación.

f) Procurar que los periodistas cuenten con los mecanismos de asistencia social que garanticen, a ellos y a sus familias, el disfrute de una vida digna y un ejercicio profesional de acuerdo a las normas éticas.

g) Colaborar en la defensa de los derechos humanos y de la paz entre los pueblos y propiciar relaciones con otros organismos similares, tanto nacionales como extranjeros.

El Colegio Dominicano de periodistas estará constituido por los siguientes organismos de dirección:

a) La Asamblea General
b) El Comité Ejecutivo
c) El Tribunal Disciplinario

LEY 153-98 SOBRE LOS USOS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

La Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 tiene como objetivo fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones, promover la competencia justa, eficaz y sostenible, defender y preservar los derechos de los consumidores, promover el servicio universal y administrar eficientemente el espectro radioeléctrico. Las disposiciones de la Ley No. 153-98 se encuentran complementadas por los Reglamentos y las Resoluciones dictadas por el INDOTEL (www.indotel.gob.do).

La Ley define las telecomunicaciones como la transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético. Por lo cual, el campo de aplicación de la ley se extiende a los servicios de teléfono, radio, televisión, cable, facsímil y transmisión digital de información.

Principios de la Ley

La Ley establece los siguientes principios, los cuales rigen el sector:

  • Principio de continuidad: El servicio debe prestarse en el área de concesión sin interrupciones injustificadas.
  • Principio de generalidad: El servicio debe prestarse en el área de concesión, a quien lo requiera y esté en condiciones reglamentarias, técnicas, y económicas de acceder a él.
  • Principio de igualdad: El servicio debe prestarse sin discriminaciones de precio y calidad al público en general. Las categorizaciones de los usuarios que se hagan deben tener fundamento razonable y no ser arbitrarias a criterio del órgano regulador.
  • Principio de neutralidad: El servicio debe prestarse teniendo en cuenta sus propios condicionamientos, sin distorsionar mediante discriminación o arbitrariedad el funcionamiento de otros mercados.
  • Principio de transparencia: Las operadoras deben ofrecer los servicios en condiciones tales que todos los posibles usuarios puedan tener conocimiento previo de todas y cada una de las condiciones técnicas y económicas relacionadas con sus prestaciones.
  • Principio de libertad tarifaria: Los precios al público de los servicios de telecomunicaciones son libremente fijados por las empresas prestadoras, a menos que el órgano regulador, mediante resolución motivada, determine que en un caso concreto no existen en el mercado de servicios las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva por existir prácticas restrictivas a la competencia.
  • Libertad de negociación: La interconexión de las redes de los distintos prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones es considerada de interés público y social y, por lo tanto, obligatoria. Sin embargo, la ley sienta el principio de la libertad de negociación entre prestadores de servicios que deseen realizar acuerdos de interconexión, los cuales no deben distorsionar la libre competencia.

Fomento del Sector

La ley crea un Fondo de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), el cual está destinado al financiamiento de proyectos en áreas rurales o de interés social que promuevan el servicio universal y el desarrollo de las telecomunicaciones con la finalidad de que el dominicano tenga la posibilidad de acceso a un servicio mínimo y eficaz de telefonía, conforme los liniamientos del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (www.indotel.gob.do).

El Indotel desarrolla proyectos de forma bianual dirigidos a garantizar el acceso universal a servicios de telecomunicación y una expansión de la red pública nacional que contribuya a elevar el bienestar social de la población dominicana. Todos estos proyectos son adjudicados mediante concurso a compañías del sector privado y son cofinanciados por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (www.indotel.gob.do) en un marco de libre competencia y con elevados niveles de calidad.

Clasificación de los Servicios

Los servicios públicos de telecomunicaciones son los servicios que se prestan al público en general, en condiciones de no discriminación, a cambio de una contraprestación económica. Conforme a lo establecido en la Ley (www.indotel.gob.do) los servicios públicos de telecomunicaciones se clasifican en:

a. Servicios portadores;
b. Servicios finales o teleservicios;
c. Servicios de valor agregado; y
d. Servicios de difusión.

  • Autorizaciones

Cualquier persona jurídica interesada en prestar u operar servicios portadores, servicios finales o servicios de difusión debe obtener una concesión, incluyendo servicios de transporte de larga distancia nacional e internacional. Mientras, para el uso del dominio radioeléctrico se requiere la obtención de una licencia. Las licencias se otorgan mediante concursos públicos. Tanto las licencias como las concesiones son otorgadas por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (www.indotel.gob.do).

Para obtener concesiones y licencias para prestar servicios de telecomunicaciones se requiere estar constituido como persona jurídica de la República Dominicana. Para mantener el control accionario de la gestión de la empresa, en el caso de la prestación de servicios públicos de radiodifusión, se requiere, además, ser nacional dominicano o extranjero naturalizado.

  • Régimen Fiscal

Los servicios de telecomunicaciones se encuentran gravados por una contribución destinada a financiar el Fondo de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) descrito precedentemente, de la siguiente manera:

2% del ingreso bruto de facturación a los usuarios finales de servicios públicos de telecomunicaciones, exceptuando los de radiodifusión.

2% del ingreso bruto obtenido de la liquidación de servicios internacionales, exceptuando los de radiodifusión.

LEY 65-00 SOBRE EL DERECHO DEL AUTOR

El derecho de autor es el conjunto de leyes que concede a los autores, artistas y demás creadores, protección por sus creaciones literarias, artísticas o científicas, a las que generalmente se hace referencia como “obras”.

La República Dominicana cuenta con la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor y además es signataria del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas y de la Convención Internacional sobre Protección de los Artistas Interpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma).

La Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor protege cualquier creación intelectual original, ya sea literaria, artística o científica, que pueda ser fijada, transmitida o copiada, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, divulgación o reproducción. También protege las creaciones independientes derivadas de obras originales, tales como aquellas que sean el resultado de la adaptación, la traducción o cualquier otra clase de transformación de la obra original, incluyendo pero no limitadas a:

  • Las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos;
  • Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
  • Las obras dramáticas o dramático-musicales y demás obras escénicas;
  • Las obras coreográficas y las pantomímicas;
  • Las composiciones musicales con o sin letras;
  • Las obras audiovisuales, a las cuáles se asimilan las expresadas por cualquier procedimiento análogo, fijadas en cualquier clase de soportes;
  • Las obras de dibujo, pinturas, arquitectura, escultura, grabado, litografía y demás obras artísticas;
  • Las obras fotográficas a las cuáles se asimilan las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía;
  • Obras de arte aplicado;
  • Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias;
  • Los programas de computadoras;
  • Las bases o compilaciones de datos u otros materiales, legibles por máquina o en cualquier otra forma, que por la selección disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, pero no de los datos o materiales en sí mismos y sin perjuicio del derecho de autor existente sobre las obras que puedan ser objeto de la base o compilación.

Además, protege y regula el ejercicio de los derechos relacionados que se les conceden a los artistas por sus actuaciones, a los productores de fonogramas por sus grabaciones, y a los programas de radio y televisión por sus transmisiones.

La ley protege las obras de autores dominicanos o que residan en el país, o que sean nacionales o residan en países pertenecientes a los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana, así como las obras cuya publicación ha tenido lugar en el país dentro de los 30 días siguientes a su primera publicación.

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) es el organismo encargado de velar por la debida protección del derecho de autor dentro de los términos de los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana y la ley nacional, así como intervenir y solventar los conflictos que se suscitan entre las sociedades de autores y llevar y conservar el Registro Nacional de Derechos de Autor.

El Registro Nacional de Derechos de Autor

El Registro Nacional de Derechos de Autor tiene a su cargo el registro de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones, incluyendo fonogramas y emisiones protegidas por la ley, de los actos y contratos que se refieran al derecho de autor o a los derechos afines, de los documentos constitutivos y modificativos de las sociedades de gestión colectiva.

Existencia del Derecho de Autor

El derecho de autor surge con la creación. Por tanto, las formalidades de registro previstas por la ley no son obligatorias, teniendo por objetivo otorgar mayor publicidad y una protección más fuerte a los titulares de los derechos de autor, sin afectar la existencia o ejercicio de los mismos.

Violación a los Derechos de Autor

La distribución, reproducción, publicación u otra forma de utilización de obras creativas, ya sea ésta total o parcial, sin el consentimiento del autor o titular está sancionada por la ley mediante la imposición de multas y/o prisión correccional.

LEY 310-14 QUE REGULA EL ENVIÓ DE CORREOS ELECTRÓNICOS

La pieza tiene como objeto regular el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas por vía correos electrónicos, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor.

En el artículo 4 de la ley, se establece que toda comunicación comercial electrónica debe contener el señalamiento “publicidad” en el campo del asunto de cada mensaje.

Asimismo, si el contenido de la comunicación tiene relación con la venta o distribución de bienes o servicios de contenido sexual, que solo deben ser leídos o adquiridos por mayores de edad, se incluirá la frase “publicidad para adultos”.

Del mismo modo, los textos deben figurar de manera clara, legible, sin errores ni defectos ortográficos y sin la inclusión de caracteres ajenos a los mismos.

Requisitos de la ley

Entre los requisitos exigidos para el envío de comunicaciones comerciales, la nueva ley plantea que la comunicación comercial electrónica remitida desde una dirección de correo electrónico debe permitir al receptor enviar un mensaje para notificar su voluntad de no recibir comunicaciones comerciales, o los mecanismos basados en la Internet que permita al destinatario manifestar su voluntad de no recibir comunicaciones adicionales.

Otro requisito señalado es que debe existir un nombre o razón social, domicilio completo y dirección de correo electrónico del iniciador de la comunicación.

Asimismo, establece “que los mecanismos de respuesta implementados se encuentren operativos y en plena capacidad de recibir la notificación de los destinatarios de no recibir comunicaciones comerciales como mínimo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes luego de enviado el mensaje”.

En lo concerniente a los requisitos para el envío desde el móvil, la ley establece que cuando la comunicación sea enviada desde uno de estos dispositivos debe cumplir, entre otros requisitos con el nombre o razón social y número del iniciador de la comunicación.

De igual forma, “la inclusión de un número de teléfono válido y activo, o de una dirección de correo electrónico válida y activa de respuesta, para que el destinatario pueda enviar un mensaje para notificar su voluntad de no recibir más comunicaciones comerciales o la inclusión de otros mecanismos basados en Internet que permita al destinario manifestar su voluntad de no recibir comunicaciones adicionales”.

Prohibiciones y excepciones

La nueva Ley 310-14 promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación expresa en su artículo 7 que “queda prohibida la remisión directa o indirecta de comunicaciones comerciales cuya recepción no haya sido solicitada o consentida por el interesado receptor de la misma”.

No obstante, señala que el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, no dará lugar a las acciones y sanciones previstas, cuando el destinatario tenga o haya tenido relación comercial previa con el iniciador de la comunicación y no haya mediado una notificación en la cual exprese su deseo de no continuar recibiendo dichas comunicaciones mediante los mecanismos previstos en la pieza legislativa.

De igual modo, cuando el destinatario hubiese manifestado su consentimiento o autorización para recibir la comunicación.

Comunicaciones ilegales y sanciones

La ley considera que son ilegales las comunicaciones cuando se remitan directa o indirectamente sin haber sido solicitadas o consentidas expresamente por el interesado receptor. Cuando el contenido de la información sea falso o engañoso en el campo del asunto, que no coincida con el contenido del mensaje.
En el texto legislativo se expresa que quien envíe o provoque el envío de comunicaciones comerciales en violación de esta ley será responsable de los daños y perjuicios que dicho envío cause, de modo que el destinatario de una comunicación comercial no solicitada podrá iniciar acción judicial por daños y perjuicios ante la jurisdicción competente.

Para los fines de las sanciones se consideran delitos informáticos e incurren en la pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa de 200 salarios mínimos los que remitan comunicaciones comerciales que se consideren ilegales, así como quienes accedan a un sistema informático sin autorización e intencionalmente inicien la transmisión de comunicaciones comerciales desde o a través de dicho sistema.

También está penalizado con estas sanciones, falsificar el campo de asunto de un mensaje de datos que contenga una comunicación comercial e intencionalmente iniciar la transmisión del mismo.

LEY 123-02 SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO

La presente ley será aplicable a todo tipo de información en forma de documento digital o mensaje de datos, salvo en los siguientes casos:

a) En las obligaciones contraídas por el Estado Dominicano en virtud de convenios o tratados internacionales;
b) En las advertencias escritas que, por disposiciones legales, deban ir necesariamente impresas en ciertos tipos de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo.

Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Comercio electrónico: Toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más documentos digitales o mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial, comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones:.

– Toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes, servicios o información;
– Todo acuerdo de distribución;
– Toda operación de representación o mandato comercial;
– De compra de cuentas por cobrar, a precio de descuento (factoring);
– De alquiler o arrendamiento (leasing);
– De construcción de obras; Proy. de ley de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.
– De consultoría;
– De ingeniería;
– De concesión de licencias;
– De inversión;
– De financiación;
– De banca;
– De seguros;
– Todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público;
– De empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial;
– De transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea o por carreteras.

Características y requerimientos de las entidades de certificación. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, podrán ser entidades de certificación las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranjero, y las cámaras de comercio y producción que, previa solicitud, sean autorizadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y que cumplan con los requerimientos establecidos en los reglamentos de aplicación dictados con base en las siguientes condiciones.

a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios autorizados como entidad de certificación;

b) Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos establecidos en esta ley;

c) Sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que rijan al efecto, los representantes legales y administradores no podrán ser personas que hayan sido condenadas a pena privativa de libertad; o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de aquélla. Esta inhabilitación estará vigente por el mismo período que el que la ley penal o administrativa señale para el efecto, y

d) Los certificados de firmas digitales emitidos por entidades de certificación extranjeras podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones de certificados en la ley para la emisión de certificados por parte de las entidades de certificación nacionales, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por una entidad de certificación autorizada que garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, la regularidad de los detalles del certificados, así como su validez y vigencia

LEY SOBRE DELITOS ELECTRÓNICOS

La Constitución de la República Dominicana establece los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos entre los que se encuentra la libertad de expresión, la integridad e inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados;

La Ley General de las Telecomunicaciones No.153-98, del 27 de mayo de 1998, estatuye la obligación de respetar la inviolabilidad de las telecomunicaciones y prohíbe el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la justicia;

Las tecnologías de la información y de la comunicación han experimentado un desarrollo impresionante, con lo que brindan un nuevo soporte para la comisión de delitos tradicionales y crean nuevas modalidades de infracciones y hechos no incriminados, afectando los intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de las personas físicas y morales, así como del Estado y las instituciones que lo representan;

Estos crímenes y delitos relacionados a las tecnologías de información y comunicación no están previstos en la legislación penal dominicana, por lo que los autores de tales acciones no pueden ser sancionados sin la creación de una legislación previa, y en consecuencia, resulta necesaria su tipificación, y la adopción de mecanismos suficientes para su lucha efectiva, facilitando la cooperación entre el Estado y el sector privado para la detección, investigación y sanción a nivel nacional de estos nuevos tipos de delitos, y estableciendo disposiciones que permitan una cooperación internacional fiable y rápida;

Que la tipificación y prevención de los actos delictivos a sancionar han adquirido gran relevancia a nivel internacional, debido a que con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación se han originado grandes retos de seguridad; y que en la actualidad, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la Reunión de Ministro, de Justicia o Procuradores Generales de las Américas (REMJA) están trabajando en la adopción de una estrategia hemisférica para la seguridad cibernética en la región, conforme a lo dispuesto por la Resolución AG/RES. 2004 (XXXIV-0/04) de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de fecha 8 de junio de 2004, para la Adopción de una Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad.

La presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o morales, en los términos previstos en esta ley.

La integridad de los sistemas de información y sus componentes, la información o los datos, que se almacenan o transmiten a través de éstos, las transacciones y acuerdos comerciales o de cualquiera otra índole que se llevan a cabo por su medio y la confidencialidad de éstos, son todos bienes jurídicos protegidos.

Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República Dominicana, a toda persona física o moral, nacional o extranjera, que cometa un hecho sancionado por sus disposiciones, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva dentro del territorio nacional;
b) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el territorio dominicano;
c) Cuando el origen o los efectos de la acción se produzcan en el extranjero, utilizando medios que se encuentran en el territorio nacional; y finalmente,
d) Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad desde el territorio dominicano