ORIGEN HISTORICO DE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL

Definición de Pruebas

El Dr. Pedro J. Duarte Canaán, en su obra La Prueba en el Nuevo Proceso Penal, expresa que de conformidad con la obra del eximio Procesalista, Eduardo Herrera, intitulada, Esquemas de Derecho Probatorio, en todos los pueblos las costumbres y los prejuicios dominantes tenían una marcada influencia sobre los modos empleados para comprobar la consumación de un hecho. Al relatar la historia del Derecho Probatorio, debe comenzarse por la época que algunos tratadistas del Derecho Procesal Penal denominaban, Prejurídica.

Dicha época se caracterizó por la “ausencia de pruebas”, es decir, fue el tiempo en que cada uno hacia justicia por sí mismo, fuera de la presencia del Juzgador, vale decir, cada ofendido era Juez de su propia causa o de sí mismo; si uno reconocía no tener razón (lo cual era raro) se excusaba y daba satisfacción; por el contrario, si juzgaba que la tenía y que el opositor pensaba lo contrario, promovía un conflicto con las armas en las manos, que podría sobrevenir en un duelo, pero para no colocar al adversario desleal en la situación de defenderse, lo atacaba de improvisto y ejecutaba la sentencia que el unilateralmente se había proporcionado.
Así se materializaba la venganza particular y privada, llevada a cabo por una violencia visible y material mediante artificios muchas de las veces engañosas; pero también esa venganza particular privada podía llevarse a cabo a través de una violencia secreta, conocida como “venganza mágica”, la cual fue extremadamente usada por los pueblos primitivos.

La violencia como prueba continúa actualmente reinando en un segmento importante del Derecho, es decir, en el Derecho Público Nacional o Internatio¬nal donde toda divergencia se resuelve a través de la guerra y donde no se ha pasado, a pesar de los múltiples intentos realizados hasta el presente, del Estado violento al Estado pacífico. Pero entre los individuos mínimamente civilizados, la prueba pacífica es la que prevalece, es decir, la que la sociedad admite como me¬dio lícito, transparente, viable y ortodoxo tendente a lograr la debida sanción cometida por un infractor a la ley penal.

Época Jurídica de la Legalidad Probatoria

Esta época estuvo caracterizada por la gran preponderancia que tuvo la sociedad a través de sus poderes públicos a la hora de dirimir una controversia entre particulares. En este período histórico no se puede identificar un orden cronológico como en otras épocas, ya que antes del advenimiento del Cristianismo existían diversos pueblos que habían superado el período jurídico, mientras que en los tiempos actuales existen pueblos primitivos que conservan la práctica de la venganza privada, básicamente en lo que se refiere al rito de la “Magia”. Este período jurídico evolucionó en Roma al
compás de sus instituciones hasta llegar al proceso de perfección total que los códigos modernos exhiben actualmente.

En las pandectas romanas, lo relativo a la prueba estaba regulado de forma tal, que muy poco se ha podido agregar o modificar en los tiempos actuales. En aquella época se encontraban definidos los medios probatorios, Verbigracia, la prueba escrita (Scripturea, Tabulae, Instrumenta, Documenta), la confesión espontánea o provocada, el juramento supletorio, la prueba testifical y las presunciones, que es lo mismo que decir, “Confesus Proiudicato Habetur, Actori Incumbit Probatio, Reus In Excepcionis Fit Actor, Onus Probando Incumbit Ei Qui Dicet, No Quo Negat”. Pero el Imperio Romano sucumbió, y con el sus instituciones ante el empuje vertiginoso de los bárbaros; y de un sistema perfeccionado al extremo, se retrocedió a un sistema pletórico de crudezas y abusos en el que la administración y uso de las pruebas, se dejó a los particulares mediante artificios o artilugios sustentados en las grandes divinidades. Este es el período que los procesalistas han denominado, época del “Derecho Divino”.

Época Divina de La Legalidad Probatoria

En este tiempo histórico se eximió la creencia de que “Dios protege la inocencia y hace triunfar la verdad.

Pero lo que verdaderamente singularizaba esta época, era la pretensión de que Dios hiciese un milagro, valiéndose de medios naturales, ya que lo que predominaba en el fondo era la creencia de que Dios infundía fuerzas sobrenaturales al que legítimamente le correspondía un derecho. Los romanos al igual que los tártaros, confundían en el mismo nombre de “Virtus”, tanto la virtud del alma como el vigor del cuerpo, y de ahí que se recurría al duelo para zanjar las diferencias o controversias. Pero era el éxito de la contienda lo que decidía la pendencia. En realidad, el duelo judicial sólo podía tener lugar entre caballeros, reservándose el nombre de “Ordalías” a los demás Juicios de Dios.

En las Ordalías, las pruebas se combinaban con los elementos de la naturaleza, Verbigracia, la prueba de “Las Aguas Amargas”, implementada por lo hebreos para probar la inocencia de la mujer acusada de adulterio; “La Prueba del Hierro Caliente o del Agua Hervida”; “La Prueba de la Sumersión”, etc. Más adelante, cuando el Cristianismo se había arraigado profundamente en los pueblos, dichas pruebas (Ordalías) se cristianizaron, donde tenía que intervenir un Sacerdote, el cual debía hacer uso de la oración y la eucaristía.

 Época Humana o Moderna de la Legalidad Probatoria

Según el Togado Litigante, Doctrinario, Dr. Pedro J. Duarte Canaán, M.A. en su obra “La Prueba en el Nuevo Proceso Penal”, expresa que “el Cristianismo introdujo el juramento como prueba fundamental. A diferencia de nuestros tiempos en los que los seres humanos no están tan influenciados por la creencia dogmática de que el que jura

en falso será castigado con el infierno, es de suponer que la fuerza de la prueba Supra-Indicada ya no es como antes. Y con esta prueba ya nos encontramos en los umbrales de una vuelta a la racionalidad que se impuso paulatinamente hasta culminar la época que los autores denominaron como “Época de Humanización de las Pruebas” y que más bien podríamos calificar, como “Época Moderna”, porque en realidad lo que se hizo fue rescatar los principios inmortales del Derecho Ro¬mano, resurgimiento que se hizo patente en la gran época denominada como “El Renacimiento” y dentro de la cual aquellos principios aunados a la influencia del Derecho Canónico, desterraron para siempre la barbarie de la época anterior.
Pero con en el discurrir del tiempo y la difusión del proceso enseñanza-aprendizaje, se llegó a la conclusión de que la “Prueba Escriturada” ofrecía mayores garantías que la “Prueba Oral,” En efecto, el testigo puede engañarse u olvidar o puede también tratar de engañarnos, en tanto que lo que se ha escrito queda plasmado. De lo expuesto anteriormente se puede colegir que, “Mil conejos no hacen un elefante, ni mil indicios hacen una prueba, o dicho de otra forma, una fotografía vale más que mil palabras.9′ Es por eso que los Códigos Procesales Penales modernos le otorgan preeminencia a la prueba documental.

Prueba Penal en República Dominicana

El Derecho Procesal Penal es aquella disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas-procesal-penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un proceso penal.

En síntesis, el Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del proceso penal.

El lenguaje del juicio es, en sus partes más relevantes, el lenguaje de la prueba. Cada una de las proposiciones fácticas que conforman nuestro relato debe ser probada. En este sentido, una cosa es la fortaleza o debilidad de la proposición fáctica en tanto tal -el test de la superposición- y otra diferente es cuanto puede probar dicha proposición.

La prueba recae sobre las proposiciones fácticas. En consecuencia, la construcción precisa y clara de la proposición fáctica determina completamente la prueba que vamos a necesitar verbigracia, supongamos que el fiscal tiene en mente la proposición fáctica, “Doña Mirtha le cobró a Don José catorce millones de pesos por el apartamento”. Supongamos que el fiscal le ofrece para satisfacer el elemento “representación”. ¿Es esa real mente la proposición fáctica que sirve al fiscal? Si el fiscal pretende satisfacer el elemento “representación” parece que la proposición que le sirve es más bien, “Doña Mirtha le cobró el valor de un apartamento para la venta”.

Son dos proposiciones diferentes. La primera es débil, pues tal vez catorce millones de pesos sea un precio razonable por un apartamento sin documentación legal y vendido a un tercero. El fiscal en verdad quería decir lo segundo, solo que para cuando se dio cuenta del error observa la problemática de la prueba: Para acreditar la primera proposición fáctica el fiscal no necesita más que la prueba del pago (el recibo y/o factura), y eso es todo lo que ofreció. Para acreditar la segunda proposición, en cambio, requiere no solo la prueba del pago, sino un testigo que declare la venta del inmueble a una tercera persona.
 Antecedentes del Código Procesal Penal Dominicano

Los antecedentes del Código Procesal Penal Dominicano datan del Código de Instrucción Criminal Francés. En ese sentido, dentro del marco de la constitucionalización de los Derechos Humanos, las nuevas Constituciones latinoamericanas, han ratificado todos y cada uno de los principios y garantías constitucionales de respeto a la dignidad humana establecidos en los pactos, tratados y convenio internacionales relativos a la materia, de esto no escapan las fórmulas del
juicio oral en nuestros países, como una demostración clara y convincente del respeto a los derechos fundamentales del ser humano.
Los procesos penales en el transcurrir del tiempo, se han ido adaptando progresivamente al respecto de principios y garantías fundamentales en materia procesal, como son entre otros, el derecho a una justicia accesible y gratuita; el derecho a

ser juzgado dentro de un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; al debido proceso etc., los cuales constituyen elementos fundamentales de la tutela judicial efectiva de cualquier ciudadano sometido a un proceso, tal y como lo señala la nueva Carta Magna Dominicana.
Con la entrada en vigencia en la República Dominicana del Código Procesal Penal, en sustitución del Código de Instrucción Criminal Francés, se produce una revolución procesal que transforma de Manera extraordinaria la manera de administrar justicia penal en este país.
El Código Procesal Penal Dominicano es iniciativa del Dr. Leonel Fernández, quien siendo presidente de la República en el período 1996-2000, mediante decreto 104/97 del 27 de febrero del año 1997 formó una comisión de juristas y académicos, integrada por: Cesar Pina Toribio, Juan Manual Pellerano Gómez, la Jueza Miriam Germán Brito y el ex fiscal Guillermo Moreno García; quienes juntos a activistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos constituyeron el foro de apoyo a la reforma procesal penal.

La necesidad de la elaboración del Código Procesal Penal Dominicano, se debió a que el Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana favorecía la aparición de prácticas inquisitivas, arbitrarias, altamente formalizadas y reñidas con la programación constitucional de un debido proceso.

El objeto del Código Procesal Penal Dominicano es dotar al sistema de justicia penal de nuestro país de herramientas normativas modernas y cónsonas con las aspiraciones ciudadanas de contar con una impartición de justicia pronta, certera y cumplida, destinadas a disciplinar la forma de acusar, de defender, de juzgar y de ejecutar lo juzgado, de una manera sencilla, con celeridad y respeto de las garantías constitucionales, con el propósito de contribuir a que los procesos dejen de ser una sucesión de trámites interminables o vía crucis, en cuyos laberintos quedan atrapados y desamparados víctimas e imputados, sin que la comunidad vea satisfecha sus aspiraciones de paz y sosiego que derivan de la salvación efectiva de los conflictos generados por la conducta socialmente lesiva.