EL JUICIO PRELIMINAR Y SU DESARROLLO

 Concepto de Juicio Preliminar.

El juicio preliminar, es un pre-juicio, es el juicio a las pruebas, en ella de debatirá de forma oral y pública entre las partes todo lo referente a los medios de pruebas en que cada parte pueda fundamentar sus pretensiones para que, por una parte el proceso sea enviado a juicio, que es lo que persigue la acusación pública privada, y, por otra parte, que el proceso termine con una Auto de No Ha Lugar que buscara la defensa del imputado. Durante esta audiencia las partes solamente están convocadas para acreditar o desacreditar los medios de pruebas de que disponen cada una de las partes, pruebas que las harán valer en la Jurisdicción de Juicio, si se dicta Auto de Apertura a Juicio.

Este escenario procesal es el espacio lógico e idóneo para que las partes presenten todos los medios probatorios, discutan sobre la pertinencia, la legalidad e idoneidad de las pruebas recolectadas durante la fase de investigación que realiza el acusador público y/o privado, es el lugar donde se aplican fundamentalmente los artículos 166 al 172 del Código Procesal Penal, por eso recibe esta etapa del procedimiento el sobrenombre de “Juicio de Prueba, es en ella que se admitirán, acreditaran o descartaran las pruebas que luego fundamentaran el juicio.

En el juicio preliminar, el juez decide si hay suficientes pruebas de que el acusado cometió el crimen como para llevarlo a juicio.

Si el juez condiciona el juicio a una “respuesta”, el Ministerio Público presentará un documento llamado la denuncia. Después se le leerán los cargos al acusado basándose en dicha denuncia. En ese momento, el acusado se declarará, o no, culpable y comenzarán los preparativos para el juicio.

El juicio preliminar, se realiza mediante la utilización de los siguientes medios, para obtener los objetivos ya señalados:

  •  Llamar a las partes a Conciliación y/o a Mediación.
  • Establecer los hechos aceptados y los controvertidos, antes de iniciar el debate de fondo.
  • Sanear el proceso de aquellos asuntos (formales o sustanciales) que no le son fundamentales y centrar la controversia solamente en los hechos controvertidos.
  • Analizar las pruebas presentadas por las partes y admitir las que sean legales y pertinentes para la demostración de los hechos controvertidos.
  • Dar inicio a la etapa de conocimiento del asunto de fondo.
  • Declarar el asunto de mero derecho y, en este caso, pasar a la etapa decisoria.

 Antecedentes Histórico del Juicio Preliminar

Se han encontrado rastros de éste instituto o Juicio Preliminar en:

  •  Derecho Germánico de la edad media, donde después de los alegatos se emitía una sentencia llamada “Probatoria” en la que se determinaba que se debía probar, quien debía probar y en que tiempo debía hacerlo.
  • Barrios de Angelis, Dante, Audiencia preliminar: sistema y método, LL, 1988-A-1067, ap. I.1
  • El reglamento legislativo y judiciario para los asuntos civiles de
  • Gregorio XVI, en 1834, disponía: “toda controversia relativa a la calidad e índole del juicio introductivo, a la cualidad que es dado atribuir a la parte en el acto de citación, la legitimación de la persona, serán puestas y decididas en la primera audiencia”.
  • En el Derecho Procesal Inglés se había creado el instituto de Summons for directions donde, concluida la etapa preparatoria se citaba al demandado a comparecer a la audiencia denominada de la misma manera en la que se resolvían varias cuestiones preliminares.
  • Pero es realmente en el Derecho austríaco donde es creada la Audiencia Preliminar impulsada por Franz Klein en la Z.P.O (zivilprozzesordnung) en 1895 modificada en 1983. Y se prevén distintos efectos según comparezcan las partes o no.
  • La falta de comparecencia del actor a la audiencia principal tiene por consecuencia la paralización del proceso, sin que el demandado pueda solicitar sentencia en rebeldía ni prórroga de la audiencia para fallar sobre el fondo. La ausencia del demandado o del actor a la audiencia preliminar conduce, por el contrario, a la admisión de los hechos afirmados por el compareciente, en cuanto no se hallen contradichos por la prueba en autos; y al dictado de la sentencia definitiva, en rebeldía, a pedido de aquél.
  • La comparecencia de las partes hace necesario el intento de conciliación. Si el proceso no se termina en esos intentos, procede el conocimiento de las excepciones procesales. Y si el proceso no ha terminado por los medios conciliatorios, falladas las excepciones procesales, se procederá a la audiencia principal, sin perjuicio de que, para determinadas diligencias, se haya iniciado un procedimiento preparatorio, a cargo de un juez comisionado.
  • Mas tarde en Alemania a través de la “experiencia Stuttgart” los tribunales llevaron a la práctica esta institución sin escrito en 1965, llevando a la reforma del Código alemán por la denominada enmienda de simplificación” que introdujo la Audiencia Preliminar en 1976.
  • La encontramos también en EEUU a través de la Audiencia Pretrial a la que se le atribuye el carácter de prejuzgamiento preparatorio, El Derecho Portugués moderno ha concebido el Despacho saneador, consagrado inicialmente en el proceso sumario por ley de 1907 la cual pasará a ser precedido de una audiencia preparatoria la cual se iniciaba con la tentativa de conciliación.; luego este instituto fue transplantado al Derecho brasileño (ley de 1939) permitiendo al juez conocer antes de iniciar la instrucción, no solo los presupuestos procesales, sino también las condiciones de la acción y hasta en algunos casos, decidir sobre el mérito si tuviera todos los elementos necesarios.

Entre las legislaciones hispanas encontramos como éste movimiento se fue dando en: México, reforma del Código Procesal del Distrito Federal de México (1985).

Código General del Proceso de la Republica Oriental del Uruguay (1983); Código Procesal Modelo para Iberoamérica (1988), Código Judicial de Panamá y Regla 37 de las reglas de Procedimiento Civil para el tribunal General de Justicia de Puerto Rico.

Legislación Nacional:

La doctrina ve en el artículo 119 de la Ley 50 (1863) el antecedente de la Audiencia preliminar, pero es en realidad recién en 1953 mediante la sanción de la ley 14237 cuando es implementada, en ése momento ésta figura fue desvirtuada en la práctica por cuanto los jueces no acudían a las audiencia como tampoco los abogados conduciendo ésta conducta a su pronta derogación mediante el Decreto 23398/56, algunos opiniones de la época consideran que tal vez lo que sucedió, mal de entonces y mal de ahora, es que como nuestro Código decepcionó los lineamientos consagrados por la Ley de Enjuiciamiento española de 1855 inspirado en una concepción individualista, cuyas características en el predominio absoluto de la expresión escrita en las actividades procesales, desalentando así toda relación personal directa y pública del órgano jurisdiccional con las partes, testigos y, peritos, valoración de la prueba de manera abstracta y matemática de la ley, desenvolvimiento fragmentario y discontinuo del procedimiento y dilatada duración de los procesos civiles.

Dice Berizonce que cuando se introduce la audiencia preliminar en un esquema escriturario y de doble instancia, se suscita inevitablemente otra cuestión adicional que conduce al análisis de la verdadera utilidad del cambio, en cuanto generador de ventajas palpables en la relación entre la magnitud de los esfuerzos demandados y los reales resultados obtenidos. Existe un criterio de la transformación gradual y paulatina de las instituciones que se asienta en la imposibilidad de sustituir integralmente un sistema anterior, entendiendo que resulta fructífero en la transición introducir ciertas “cuñas” propias del modelo teórico más avanzado, como paso intermedio para poder llegar, al cabo, al reemplazo global. Desde otra esquina del pensamiento, en cambio, se postula lisa y llanamente la radical supresión del esquema antiguo, tozudamente escriturario y sin la necesaria inmediatez, y su reemplazo por otro sustentado en pautas diametralmente opuestas: oralidad en ciertos actos esenciales (audiencia preliminar, vista de causa), incremento concreto de los poderes-deberes del juez; Cappeletti Mauro, “Proceso, ideologías, sociedad”. Trat. de Santiago Sentis Melendo y Tomás Banzhaf, Ed. Jurídicas Europa-América, 1974 p.35 protagonismo colaborativo más directo de las partes y sus auxiliares, publicidad y transparencia de todos los actos del proceso.

La experiencia, concluye el citado autor, parece demostrar que ninguna de tales metodologías está exenta de críticas y que la elección de una u otra depende siempre de las circunstancias particulares en que la transformación tiene lugar. El diagnóstico serio de las condiciones que enmarcan la “situación”, imprescindible, revelará las aristas y matices que condicionan la elección de los medios, tanto como el nivel de “tolerancia y absorción” de las diversas propuestas. Cae en un sin sentido la pretensión de imponer con fórceps reformas que, más allá de su “bondad teórica”, sean absolutamente ajenas a un medio determinado.

Con relación a la audiencia establecida por el Art. 23 de la ley 14.237, había señalado Eisner que la realidad de la vida judicial fue funesta para esa norma: los jueces no asistían a las audiencias designadas y las partes se limitaban a formular verbalmente, o mediante un escrito que traían preparado, los llamados “puntos controvertidos”: y reconoció con pena que, a pesar de haber pregonado la inmediación como sistema necesario para una buena administración de justicia, frente a tales condiciones, hizo bien el Decreto Ley 23.398/56 en suprimir esa parodia que sólo había ayudado a complicar el procedimiento con nuevas audiencias, cuestiones, incidentes y recursos dilatorios.

 Las Pruebas y su Legalidad en el Juicio Preliminar.

Para llegar a conocer el significado de la noción de prueba es preciso, como paso previo, determinar el sentido etimológico de esta palabra. Sentís Melendo nos enseña que prueba deriva del término latín probatio, probationis, que a su vez procede del vocablo probus que significa bueno. Por tanto, lo que resulta probado es bueno, se ajusta a la realidad, y probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa.

El principio de la legalidad de la prueba es consustancial con las garantías judiciales, entendidas éstas como procedimientos o medios para asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Este principio de la legalidad de la prueba es parte del derecho al debido proceso de ley, por lo los medios de pruebas son los que pueden justificar las imputaciones de un hecho punible, y, en consecuencia, que se pueda determinar la restricción de la libertad personal del acusado.

La regla general sigue siendo la amplia libertad para probar un hecho delictivo, pero que, para acceder a algunos medios probatorios es necesario que se cumplan formalidades exigibles a pena de nulidad y, en otros casos que sea bajo la autorización y supervisión del juez de la instrucción. Siempre que el medio probatorio para fundamentar el ilícito cometido sea obtenido cumpliendo con las exigencias, formalidades, plazos y por los medios pertinentes, no se puede excluir ningún medio de prueba así aportado.

Es necesario tomar en cuenta que las reglas para la formalización de las evidencias y pruebas le son imperativamente exigibles al Estado que es quien persigue los hechos de acción pública y que es este quien utiliza todos los medios con los que cuentan las agencias gubernamentales para la investigación, persecución, detención y sometimiento, por lo que resulta necesario someter ese poder al control de un juez para evitar que la fuerza coercitiva del poder del Estado sea utilizada en detrimento de quien es perseguido. El escenario natural para la exclusión probatoria lo constituye la Audiencia Preliminar, en la cual se resuelven todas las cuestiones procesales de forma previa a la llegada de la etapa de juicio, por lo que es en este despacho saneador en donde las partes enfrentadas dilucidan todo lo concerniente a los medios de prueba, así lo afirman las doctrinas del proceso penal.

El despacho saneador permite la verificación de la existencia de presupuestos procesales (depuración de nulidades, resoluciones de excepciones procesales, entre otras), luego de la etapa de proposición y antes de continuar el proceso. Esta audiencia tiene la función de sanear el proceso, resolviendo las excepciones procesales, examinando la existencia de los presupuestos procesales y posibles nulidades, a fin de evitar su planteo o examen tardío, en defensa del principio de celeridad.

El artículo 166 del Código Procesal Penal Dominicano, expresa, que los elementos de prueba sólo pueden ser valorados si ha sido obtenido por un medio ilícito y conforme a las disposiciones de dicho Código. En principio, no toda actividad procesal defectuosa, conlleva la imposibilidad para el Tribunal de valorar la prueba así obtenida o el acto procesal por medio del cual se pretende que ingrese el elemento de prueba al proceso. Los limites, que definen qué es válido o no, nos vienen impuestos por la ley, aunque los jueces tienen un cierto ámbito de discrecionalidad, ya que Calamandrei había llamado “principio de elasticidad de las formas”.

También se le suele llamar “saneamiento” a las correcciones que se permite efectuar a los actos procesales, siempre que no afecten derechos o garantías establecidas en beneficio del imputado. A petición del interesado cuando se detecte el defecto en el acto procesal, bien sea en el conocimiento de una medida de coerción o durante la audiencia preliminar, debe solicitar el juez que disponga que sea saneado, renovado o rectificado el error contenido en el acto.

Los defectos formales que afectan al Ministerio Pública o a la victima son convalidados:

  •  Cuando éstos no solicitan su saneamiento mientras se realiza el acto o dentro de las veinticuatro horas de practicado, cuando quien lo solicita no haya estado presente. Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado debe reclamarlo dentro de las veinticuatro horas después de advertirlo.
  • Cuando éstos aceptan, expresa o tácitamente, los efectos del acto.

Como se puede advertir de la interpretación del presente texto, en lo que respecta a los errores formales que puedan afectar las actuaciones del Ministerio Público o de la victima, siempre serán convalidados, son validos, es decir, que son admitidos como válidos; siempre que sean bajo los presupuestos señalados y que se trate de defectos formales, por faltas no aplicable en los casos de formalidades sustanciales que producen la nulidad del acto, por estar reguladas por disposiciones legales que así lo indican; por ejemplo, acta de allanamiento, falta del escrito de constitución en parte civil, registros de personas, autorización para intervenciones telefónicas.