FUSIÓN DE LAS DOS ÓRDENES

En este periodo, los plebeyos por un progreso lento, pero continuo, obtienen por fin lo que habían vanamente esperado de la ley de los decenviros: la igualdad con los patricios, en derecho publico como en derecho privado. Ello fue una conquista definitiva, hacia el fin del siglo V. Nos limitaremos a indicar en esta última parte de la lucha lo que es útil conocer para el desarrollo del derecho.

Desde el año 309, el tribuno Canuleyo obtiene, tras largos debates, el voto de la ley Canuleia, que permite el legítimo matrimonio entre patricios y plebeyos. Era una victoria de las más importantes; ella debía, por si sola, traer al cabo de cierto tiempo la mezcla completa de razas y la fusión de los dos ordenes.

Hacia la mima época, los patricios comprenden que no podrían ya impedir por más tiempo el acceso de los plebeyos a la más alta magistratura: el consulado. Quizás por este motivo, y también porque ya no podían llenar holgadamente sus funciones administrativas, ciertas atribuciones son separadas sucesivamente del poder consular y erigidas en dignidades distintas, que por largo tiempo quedan todavía reservadas a los patricios.

LAS CONSTITUCIONES IMPERIALES

Después de Séptimo Severo, los senadoconsultos, que vinieron siendo cada día más raros, cesan completamente de nutrir el derecho privado y ceden el lugar a las constituciones imperiales, es decir, a las decisiones emanadas del emperador.

Las constituciones más antiguas insertas en las compilaciones de Justiniano datan de Adriano. Pero nos parece cierto, aun cuando se haya discutido, que Augusto y sus sucesores tuvieron también el poder de promulgar constituciones obteniendo fuerza la ley, ya que la ex de imperio les confería el derecho. Los jurisconsultos lo afirman, u los textos suministran la prueba. Pero, los primeros emperadores usaron raramente de leyes por el senado. Después, esta formalidad acabo por ser descuidada, y las constituciones imperiales reemplazaron insensiblemente a los senaconsultos.

No todas las constituciones tienen el mismo carácter. Se distinguen tres clases:

a) Las edicta, verdaderos edictos publicados por el emperador, en calidad de magistrado, poseyendo el jus edicendi. Contenían, en general, las reglas de derecho aplicables a todo el imperio.

b) Las decreta, decisiones judiciales dadas por el emperador en las causas sometidas a su jurisdicción, en primera instancia o en apelación.

c) Las rescripta, consultas dadas bajo forma de carta aun magistrado (epistola) o de nota escrita debajo de la demanda de un particular (subscriptio). Son numerosas en este periodo a partir de Adriano.

Pueden asimilarse a las constituciones las mandata, instrucciones dirigidas por el príncipe a funcionarios, a los gobernadores de provincia, sobre cuestiones de administración, que contenían alguna vez reglas de derecho privado.

Es probable que la fuerza obligatoria de los edicta fuese primeramente limitada a la vida de su autor. Es así, como a menudo los edictos de un príncipe fueron renovados por sus sucesores. Pero acabaron mas tarde por conservar su autoridad, en tanto que no habían sido objeto de una revocación especial.

En cuanto a los decreta y a las rescripta, los había que aplicaban simplemente el derecho existente y permanecían sin influencia sobre su desarrollo. Otros, no tenían más que un carácter personal, un efecto ceñido a un caso particular: cuando otorgaban un favor o aplicaban una pena. Solo podían tener fuerzas de ley los que contenían reglas nuevas. Su alcance era general cuando tal había sido la voluntad del emperador: en esta caso, eran publicados y fijados.

LAS DICTÁMENES DE LOS JURISCONSULTOS

La consideración de que gozaban los jurisconsultos no hizo más que progresar con el Imperio. Sus respuestas adquieren fuerza de ley bajo el reinado de Adriano, y llegan a constituir una fuente importante del derecho escrito.

Llegado Augusto al Imperio, quiso conciliarse el apoyo de los jusrisconsultos, confiriendo un carácter oficial a las respuestas de algunos de ellos. Antes de el, la facultad de dar consultas, responderé de jure, no se acordaba en modo alguno por los poderes públicos. Quien quiera que tuviese confianza en su propia ciencia podía consagrarse a esta tarea. El fue quien hizo primero del jus publice respondendi el objeto de una concesión especial. Quienes obtenían este derecho respondían en virtud de la autrorizacoin expresa del emperador. Los sucesores de Augusto continuaron otorgando este privilegio, que les conciliaba la voluntad de aquellos que de el eran investidos. Pero no hay que exagerar su importancia: las respuestas de los jurisconsultos oficiales no tienen todavía fuerza de ley. Sin duda están rodeadas de ciertas formalidades; deben ser dadas por escrito y selladas, en garantía de autenticidad. Pero ellas no ligan al juez, y Pompinio nos dice que su autoridad se halla simplemente aumentada con el crédito de sus autores. De otra parte, los jurisconsultotes no autorizados no perdieron de ningún modo el derecho de dar consultas al público. Los dictámenes de unos y de otros no tenían carácter obligatorio.