La Pena

La Pena.

El término pena deriva del término en latín poena y posee una connotación de dolor causado por un castigo.
Para el doctrinario Eugenio Cuello Calon, la pena es el sufrimiento impuesto por el Estado, en ocasión y ejecución de una sentencia impuesta, al culpable de una infracción penal.

Constancio Bernardo de Quiroz, define a la pena como la reacción social jurídicamente organizada contra el delito.

El autor Leoncio Ramos en su libro de “notas del derecho dominicano” define la pena como la reacción de la sociedad contra el criminal, o como un sufrimiento impuesto por el Estado al culpable de una infracción penal, en ejecución de una sentencia. Por lo que se deduce que es: a) un sufrimiento; b) impuesto por el Estado por medio de una sentencia; y c) a causa de una infracción penal.

Es un sufrimiento: en un comienzo, la pena no tuvo otra finalidad que la de hacer sufrir al culpable, pues revestía, después de ser una venganza privada, el aspecto de una venganza pública, y de ahí la barbarie e inhumanidad de las que tanto se aplicaron. Hoy día el sufrimiento dejó de ser su única finalidad pues se le considera útil, tanto para la sociedad como para el delincuente, pues trata de reeducarlo y reformarlo

Impuesta por el Estado: la pena para ser ejecutada deber resultar de la consecuencia de una decisión con carácter irrevocable dictada por un tribunal ordinario o excepcional.

Utilidad y fin de la pena:

De acuerdo al artículo 2 de la ley 224 sobre régimen penitenciario, La ejecución de las penas privativas de libertad tiene por objeto, fundamentalmente, la protección social y la readaptación del condenado, a fin de restituirlo a la sociedad con voluntad y capacidad para respetar la ley. El régimen penitenciario deberá usar, de acuerdo con las características de cada caso, el tratamiento educativo y asistencial de que pueda disponer, de conformidad a los progresos científicos que se realizan en la materia.

La penal tiene dos finalidades esenciales: 1- el mantenimiento del orden jurídico y la convivencia social; y 2- utilizada como medio de obtener una reducción o reforma de quien la sufre.

Medidas de seguridad.

Son ciertas restricciones a los derechos del hombre impuestas por el Estado, con el fin de obtener la adaptación de un miembro de la sociedad al orden jurídico y social imperantes, y evitar delincuencia incipiente o reincidente.

Clasificación:

Las medidas de seguridad, atendiendo al fin que con ellas se persigue, han sido clasificadas del modo siguiente: de educación, de curación y de segregación. A las tres primeras pertenecen el tratamiento educativo de los menores delincuentes; el internamiento en hospitales especiales de los delincuentes enajenados y anormales psicológicos; el internamiento en establecimientos especiales de alcohólicos y toxicómanos; el internamiento en lugares de trabajo de los mendigos y vagabundos para habituarlos a la vida útil de trabajo. A la última clase pertenecen, el internamiento en establecimientos especiales, de los delincuentes reincidentes, habituales o profesionales, aparentemente incorregibles.

Medidas de seguridad que existen en nuestra legislación:

En nuestro C.P. no está organizada la institución de una manera sistemática. Sin embargo, si se revisan las penas establecidas en nuestra legislación penal podemos encontrar que entre ellas hay algunas que tienen carácter de medidas de seguridad, tales como: la interdicción legal, la privación de ciertos derechos cívicos, civiles y familiares; la degradación cívica; la supervigilancia de alta policía.

Las medidas de seguridad son impuestas por una autoridad judicial.

Clasificación de las infracciones según el art. 1 del C.P.D.

Las infracciones han sido clasificadas según nuestro código en:

“La infracción que las leyes castigan con penas de policía, es una contravención; la infracción que las leyes castigan con penas correccionales, es un delito; y la infracción que las leyes castigan con penas aflictivas e infamantes, es un crimen”. El legislador se ha basado en la pena que contra él pronuncia la ley.
Clasificación de las penas contenidas en los artículos 6, 11 y 464 del C.P.
Art. 6.- Las penas en materia criminal son aflictivas e infamantes o infamante solamente.
Art. 7.- Las penas aflictivas e infamantes son: 1o., la de 20 años de trabajos públicos y la de 30 años de trabajos públicos; 2o., los trabajos públicos; 3o., la detención; 4o., la reclusión.
Art. 8.- Es pena infamante la degradación cívica.
Art. 9.- Las penas en materia correccional son: 1o., el destierro; 2o., el confinamiento; 3o., la prisión temporal; 4o., la interdicción por determinado tiempo de ciertos derechos cívicos, civiles o de familia; 5o., la multa.
Art. 10.- Las penas que pronuncia la ley para los crímenes, delitos y contravenciones se impondrán siempre, sin perjuicio de las restituciones y daños y perjuicios que puedan resultar en favor de los agraviados.
Art. 11.- Son penas comunes a las materias criminales y correccionales: la sujeción del condenado a la vigilancia de la alta policía, la multa y la confiscación especial del cuerpo del delito, cuando sea propiedad del condenado, la de las cosas producidas por el delito, y por último, la de aquellas que sirvieron para su comisión o que se destinaron a ese fin.
Art. 464.- Las penas en materia de policía son: el arresto, la multa y el comiso de ciertos objetos embargados.
Las penas en materia criminal, correccional y de simple policía.

Penas principales, accesorias y complementarias.

Las penas principales son las que el legislador ha dictado como instrumento directo de la penalidad; las que van encaminadas directamente a sancionar el hecho y a obtener una disminución de la criminalidad por medio de los fines que con ellas se persiguen. Deben ser pronunciadas expresamente por el juez en su sentencia, no solamente en cuanto a su naturaleza, sino también en cuanto a su duración. (Reclusión, detención, prisión correccional, el destierro, la multa, la confiscación, etc.)
Las penas accesorias, son, más que penas, medidas de seguridad establecidas por el legislador con el fin de asegurar la eficacia de las principales. Estas no necesitan, para ser sufridas, que el juez las pronuncie de una manera expresa en su sentencia, se sufren de pleno derecho. (Interdicción legal, la asignación de residencia, la prohibición de residir en ciertos lugares, degradación cívica y supervigilancia de alta policía.)

Las penas complementarias se encuentran en cuanto a sus caracteres distintivos, entre las principales y las accesorias. Son el complemento de otras y nunca figuran solas. En esto se asimilan a las accesorias, pero asumen carácter de principales, en el sentido de que los jueces siempre tienen que pronunciarlas en sus sentencias de una manera expresa. (Interdicción de ciertos derechos cívicos, civiles y de familia, la multa en materia criminal y la confiscación.)
Penas de derecho común y penas políticas.

En nuestro país no se ha establecido de manera expresa la clasificación de las penas en derecho común y las políticas. Estas penas son únicamente de carácter criminal.

El legislador dominicano de 1911, en la ley de 28 de junio de dicho año, dice que se presumen delitos políticos o se reputan como tales, las infracciones previstas en las secciones 2da y 3ra del Capítulo III del mismo título y libro del Código Penal. De modo, pues, que se estableció la clasificación, y si dijo que se reputan políticas tales o cuales infracciones, es porque entendía que de ello iba a deducir alguna consecuencia útil para la sociedad o el delincuente.

Si se examina el art. 463 del Código Penal, se verá que allí se habla se circunstancias atenuantes, “cuando la ley pronuncie la pena de muerte, se impondrá el máximo de la pena de reclusión mayor. Sin embargo, si se tratara de un crimen contra la seguridad interior o exterior del Estado, un delito político, el tribunal.