Los Fondos Sociales

LOS FONDOS SOCIALES

DEFINICIÓN

Los Fondos Sociales surgen y, por tanto, se crean a partir de la necesidad de canalizar los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada promovidos desde el Estado del Perú y que son aportados por las empresas privadas adjudicatarias, destinados a la ejecución de programas de carácter social; dotándolos para tal efecto de un marco legal especial.

Los “Fondos Sociales” no pertenecen al Estado, ni al sector empresarial; tampoco son ONG’s ejecutoras de Proyectos en torno a la Cooperación Técnica Internacional, ni pertenecen a las “comunidades beneficiarías” de la Zona de Influencia. En estricto no tienen un origen voluntario, pero se estructuran legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro sobre la base de la participación paritaria de los representantes de la empresa privada y de los representantes de los centros poblados y/ comunidades campesinas involucradas en la Zona de Influencia del respectivo proceso de promoción.

A la fecha existen seis (6) Fondos Sociales constituidos dentro del Sector Energía y Minas, que administran más de 1,000 millones de soles para la ejecución de Proyectos Sociales, destinados principalmente a obras de infraestructura básica (electrificación rural, saneamiento, carreteras) en las Zonas de Influencia (fundamentalmente población rural).

ACTORES E PARTES EN LOS FONDOS SOCIALES

Como se ha desarrollado anteriormente, en el origen legal de los Fondos Sociales está la necesidad de desarrollar y ejecutar, de la manera más eficiente, permanente y, a la vez consensuada con las comunidades de base, proyectos sociales en las zonas de influencia, especialmente en el caso de los proyectos mineros que involucran importantes recursos económicos a la vez que fuertes impactos (socio-ambientales) en el entorno en el cual se ejecutan.

Así, en estos procesos de promoción de la inversión privada, tenemos tres actores clave: Estado – empresas – comunidades campesinas (población de base):

a) Estado

Del estado surge la necesidad que los recursos se orienten hacia la ejecución de proyectos sociales sostenibles y a mayor escala a favor de las poblaciones menos favorecidas, que son las que en especial se encuentran en las zonas de influencia y aledaños de los proyectos de promoción de la inversión privada, en general y, de manera particular, en el caso de los proyectos mineros; especialmente en obras de infraestructura en temas claves como electrificación rural, salud, educación, saneamiento, así como generación de empleo. En tal sentido, los procesos de promoción de la inversión privada no sólo buscan que la empresa privada o el capital privado pague un mayor precio o retribución por la transferencia de activos del Estado (en el presente caso, concesiones mineras), sino la redistribución de los pagos o contraprestaciones de la empresa privada hacia las comunidades o población del entorno resulta fundamental – en línea con los objetivos del Estado de dar estabilidad a la inversión privada en los hechos -, por lo cual se establecen también como obligaciones de las empresas adjudicatarias los denominados “aportes sociales”.

b) Empresas

De las empresas sin perjuicio de políticas de responsabilidad social empresarial, existe la necesidad de poder insertarse dentro del entorno social dentro del cual van a desarrollar sus proyectos, lo cual también garantizará la estabilidad de su inversión; máxime cuando históricamente, en especial, en el caso de la actividad minera, han existido problemas ambientales, desplazamiento de poblaciones, contaminación de salud en la población aledaña, que han generado y generan desconfianza, rechazo y protesta social en la población.

c) Comunidades

De las comunidades existe la necesidad urgente de atención de problemas sociales – económicos estructurales de larga data, pues la mayoría de los proyectos mineros se desarrollan en sectores rurales o alto andinos de extrema pobreza , a la vez que existe resistencia, derivado de problemas socio ambientales generados por la actividad minera. Ello ha dado lugar y viene dando lugar a intensificación de protestas sociales.

IDENTIDAD LEGAL Y CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS SOCIALES

Fondos Sociales son personas jurídicas sin fines de lucro y de carácter privado, que tienen un origen legal, y fueron creadas a fin de dotar de una estructura organizativa para la toma de decisiones con participación de la empresa privada y las poblaciones involucradas; a la vez de dar mayor agilidad, en el ámbito privado, al manejo de los recursos destinados a la ejecución de proyectos sociales en beneficio de la Zona de Influencia de los proyectos de promoción de la inversión privada promovidos desde el Estado.

Los Fondos Sociales, como tales, no son un tipo legal especial de persona jurídica, sino que se acogen legalmente a las personas jurídicas sin fines de lucro del sistema legal peruano, y en concreto, de acuerdo a la estructura organizativa definida en su Reglamento son asociaciones civiles sin fines de lucro. Si bien, en su origen, no son estricto de carácter voluntario y la composición de sus miembros es definida por la Zona de Influencia establecida en los contratos de promoción de la inversión privada y los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento.

Las principales características de origen legal de los Fondos Sociales son las siguientes:

a) Naturaleza jurídica:

Sin fines de lucro y de carácter privado. No forman, por tanto parte, del Sector Público; ni del Sector empresarial; ni de las comunidades campesinas. Tienen existencia legal y personería jurídica como asociaciones civiles inscritas en los Registros Públicos del lugar de la Zona de Influencia (fundamentalmente provincias).

b) Objeto Social:

Su objeto social no es definido por sus miembros, sino que tiene un origen legal y de carácter exclusivo, cual es “financiar programas de carácter social ejecutados con parte de los recursos obtenidos a través de procesos de promoción de la inversión privada, los mismos que deberán ser utilizados para financiar proyectos de carácter social en beneficio de la población ubicada en la Zona de Influencia” (Artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 996).

c) Prioridades Sociales:

El marco legal define las Prioridades de los programas sociales a ejecutar por los Fondos Sociales, definiendo obras de Primera y Segunda Prioridad, del modo siguiente (Reglamento):

Los recursos del Fondo serán destinados en el siguiente orden de prioridades:

Primera Prioridad:

Desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos que contribuyan a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de calidad de la educación y la salud, aumentar la provisión de servicios de saneamiento, entre otros, mediante:

a) Implementación de obras de infraestructura básica en educación, salud, energía eléctrica, agua y saneamiento;
b) Equipamiento, mantenimiento, reparación y rehabilitación de centros de salud y educativos;
c) Proyectos de capacitación técnica y fortalecimiento de las capacidades de gestión en educación y salud;
d) Proyectos que mejoren el acceso de las madres embarazadas y en período de lactancia y de niños menores de 6 años a los sistemas de salud y nutrición;
e) Proyectos de capacitación y educación para madres en la preparación de alimentos, prácticas saludables en el cuidado de los niños, así como proyectos educativos enfocados en la alfabetización.

Segunda prioridad:

Proyectos para la generación de empleo productivo, en particular:

a) Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales;
b) Generación de infraestructura básica agropecuaria;
c) Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones;
d) Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios;
e) Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales;
f) Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción. 

El Reglamento también establece que no menos del 60% (sesenta por ciento) de los recursos del Fondo serán utilizados para los fines señalados en la Primera Prioridad; salvo que, a decisión del Consejo Directivo, se haya culminado la atención de estas prioridades.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Los Fondos Sociales deben contar, por lo menos, con la siguiente estructura organizativa (lo cual implica legalmente que deban acogerse a la figura de asociaciones civiles, ya que las fundaciones no tienen legalmente miembros, sino sólo administradores):

a) Asamblea General:

Integrada por los miembros indicados en el numeral precedente. Tiene obligatoriamente, como atribuciones mínimas, las siguientes (indelegables):

i. aprobación Estados Financieros;
ii. aprobación Memoria Anual;
iii. nombrar miembros del Consejo Directivo. Nótese que no está dentro de sus funciones legales, la disolución voluntaria.

b) Consejo Directivo:

Está integrada legalmente por los siguientes miembros:

(i) Dos (2) representantes designados necesariamente por la Empresa (empresa privada adjudicataria de la buena pro);
(ii) Un representante del centro poblado y/o comunidad campesina, siempre y cuando se haya identificado en el proceso de promoción de la inversión privada como Zona de Influencia al centro poblado y/ comunidades campesina correspondiente (en caso la Zona de Influencia contemple dos o más centros poblados y/o comunidades campesinas, habrá como máximo dos representantes que no podrán pertenecer al mismo centro poblado y/o comunidad campesina, los cuales deberán ser elegidos por un determinado período); ello para dar equilibrio a la participación de la empresa minera – población;
(iii) Un (1) representante por cada municipalidad distrital, siempre y cuando hayan sido identificadas en el proceso de promoción de la inversión privada como Zona de Influencia los distritos correspondientes; y
(iv) Un (1) representante por cada municipalidad provincial, siempre y cuando hayan sido identificadas en el proceso de promoción de la inversión privada como Zona de influencia las provincias correspondientes.

El marco legal también define las competencias legales mínimas del Consejo Directivo; entre las cuales se encuentran la de priorizar y aprobar los programas de carácter social de acuerdo a ley, aprobar los concursos y/o bases de las convocatorias para la elaboración de los estudios de inversión y para la ejecución de los proyectos de inversión (facultad muy importante considerando el volumen de recursos involucrado en la ejecución de proyectos sociales); velar por la transparencia de la información respecto del uso de los recursos, proyectos aprobados, entre otros.

c) Gerencia:

Designada por el Consejo Directivo y ratificada por la Asamblea General. Puede ser por una persona natural o jurídica (outsourcing o tercerización de gerencia y servicios de administración, especialmente considerando la complejidad de los recursos a administrar para la ejecución de obras de envergadura, que exige realización de convocatorias y concursos).

PATRIMONIO Y RECURSOS DEL FONDO:

El Fondo Social se crea a partir de los recursos que transfiera o aporte la empresa privada, como parte de los procesos de promoción de la inversión privada promovidos desde el Estado. Dichos aporte sociales son entregados al Estado, a través de PROINVERSIÓN (agencia de promoción de la inversión privada y que conduce estos procesos/licitaciones públicas internacionales) y, una vez constituidos los Fondos Sociales en Registros Públicos (como personas jurídica), el Estado transfiere dichos recursos a los Fondos, a través de un convenio especial. Suscrito el Convenio antes indicado, será responsabilidad de los Fondos Sociales garantizar que los recursos (dinero) del fondo sean mantenidos en una empresa bancaria, que deberá contar con una clasificación de riesgo no menor de “A”, de conformidad con las directivas de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs del Perú.

AUDITORÍA Y RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA:

Dado el origen legal y la magnitud de recursos involucrados, el marco legal reconoce la necesidad y, por tanto, como una obligación (no es voluntario) que estos Fondos Sociales cuenten con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia; que es uno de los temas que se demanda especialmente en las Organizaciones de la Sociedad Civil (aunque basado fundamentalmente en la autorregulación, en virtud de la libertad de asociación).

Sin perjuicio del origen mandatorio de estos mecanismos, reconocemos que resulta muy importante, desde los actores privados involucrados, desde el Estado y otros stakeholders, que haya una clara rendición de cuentas y publicidad, no sólo en el manejo de los recursos, sino en todo el sistema de contrataciones y concursos (convocatorias, bases, comunicación de resultados) para el desarrollo de los proyectos sociales que son encargados a terceros contratistas.

Así, tenemos los siguientes mecanismos:

a) Informes cuatrimestrales al Sector (Estado) involucrado.-

Los Fondos Sociales deben reportar cada cuatrimestre de cada año al sector correspondiente al proceso de promoción de la inversión privada, información sobre los recursos a su cargo, los proyectos en ejecución, grado de avance, presupuestos anuales, presupuestos asignados y utilizados en cada oportunidad, prioridades, plazos previstos de ejecución de los proyectos y demás aspectos necesarios para un adecuado seguimiento de la utilización de los recursos del Fondo. En el caso de los Fondos Sociales Mineros, el Sector correspondiente es el Ministerio de Energía y Minas, en cuya página web (www.minem.gob.pe; Sección Gestión Social – Fondos Sociales se encuentran disponibles estos informes consolidados, formados a partir de los informes cuatrimestrales que deben proporcionar los Fondos Sociales).

Asimismo, el Consejo Directivo de los Fondos Sociales deberá presentar al final de cada cuatrimestre de cada año al sector correspondiente al proceso de promoción de la inversión privada, la rendición de cuentas de su gestión.

También dicha información deberá ser remitida a PROINVERSIÓN.

b) Web y responsable de información –

El Consejo Directivo debe nombrar a un representante que será el encargado de brindar información a toda persona que lo solicite, pública y privada, acerca de la gestión y administración de los recursos del Fondo, así como de la marcha de los proyectos ejecutados con el referido Fondo. Esta obligación no constituye una obligación legal en las entidades privadas sin fines de lucro y más bien sí es obligatoria en las entidades del Sector Público (Estado).

Se debe aprobar y crear una página web a través de la cual se informe sobre la gestión y marcha de los proyectos aprobados y de los ejecutados con el Fondo. Asimismo deberá encargarse que dicha página Web se encuentre actualizada.
Se debe difundir en forma cuatrimestral en medios de comunicación masiva de la zona y/o jurisdicción de los proyectos aprobados, ejecutados y el saldo de recursos.

c) Auditoría.-

Obligatoriamente debe encargarse una auditoría de periodicidad anual; la cual no sólo se encargará de verificar y acreditar los estados financieros, sino la aplicación de los recursos de los Fondos Sociales conforme a las Prioridades Sociales indicados en la ley. Las empresas auditoras no son de libre elección, sino que el Consejo Directivo de los Fondos Sociales debe contratar a una empresa auditora registrada en la Contraloría General de la República.

Asimismo, copias de los informes de los auditores deberán ser remitidos al Consejo Directivo y al Sector correspondiente al proceso de promoción de la inversión privada (en el caso de la minería, Ministerio de Energía y Minas).