DEFENSORES DE LA INTIMIDAD

Defensa de la intimidad

El Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0200/13 el día 7 de noviembre del año 2013, mediante la cual declara no conforme con la Constitución los artículos 1.9, 3, 4, el 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de la Resolución 086-11 del 1 de septiembre del año 2011, que aprueba el Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios, dictada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

En el fallo, el Tribunal Constitucional ejerció la potestad que le otorga el párrafo I del artículo 47 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de declarar la inconstitucionalidad parcial de un precepto o norma, sin que la pronunciada inconstitucionalidad afecte la totalidad del texto impugnado.

Esta sentencia ocurrió como consecuencia del ejercicio de una acción directa de inconstitucionalidad amparada en las disposiciones del artículo 36 de la Ley 137-11 que establece que esta acción puede interponerse contra “leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción u omisión, alguna norma sustantiva”, exigiendo el Tribunal como condición de admisibilidad, la existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido que acredite la calidad de los accionantes (artículo 37 Ley 137-11).

De conformidad con sus pretensiones, la referida resolución del INDOTEL vulnera los artículos 40, numerales 10, 13 y 15; 44.3, 69.7 y 74.2 de la Constitución. En sus planteamientos se pretende evidenciar una violación al orden constitucional en razón de que la Resolución procuraba que los proveedores de servicios de telecomunicaciones, permitieran el acceso de los datos de sus usuarios a los organismos de investigación sin que medie una orden judicial previa.

Otros aspectos que atentan contra el orden jurídico y que se derivan de la indicada Resolución, son la violación a las reglas del debido proceso, al derecho de defensa y a los principios de legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad requeridos para que el Estado, a través de sus organismos, pueda penetrar al ámbito de la esfera de la intimidad de las personas.

A estos efectos, el Tribunal Constitucional consideró que al establecer la Resolución 086-11 la capacidad de los organismos de investigación de acceder a las informaciones generadas por el uso de los medios de comunicación (incluyendo elementos como el destino de las comunicaciones, el nombre y dirección del destinatario rastreo e identificación del origen de las comunicaciones la duración de la comunicación, entre otros) sin que medie el consentimiento del titular de la información o una orden judicial, se vulnera el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, de documentos o mensajes privados en cualquier tipo de formato.

La sentencia del Tribunal tiene carácter definitivo, irrevocable e irrecurrible y viene a reforzar el precepto constitucional del artículo 44 de la Carta Magna que establece que toda información derivada del uso de medios de comunicación se enmarca dentro del carácter privado de los datos personales y su inviolabilidad.