Sentencia de amparo caso Porkys

I. La sentencia de juicio de amparo 159/2017-IV

Esta sentencia, dictada por el Juez de Distrito Anuar González, tiene que ver con el auto de formal prisión del 23 de enero de 2017 y su ejecución (p. 2). Es el auto de formal prisión en el que se le imputó a Diego Cruz el delito de pederastia, en los términos expresados en el artículo 182 del Código Penal de Veracruz, por “tocamientos” que, según la declaración de la víctima menor de edad, le realizó al interior del carro la noche del 3 de enero de 2015.

Según la víctima (pp. 15-16), fue jalada al carro a la fuerza, en donde quedó en el asiento de atrás entre dos de los cuatro hombres, uno de los cuales era Cruz. Los otros dos, iban adelante (uno manejando y el otro de copiloto). Estando ahí atrás, estos dos le “jalonearon la blusa y le tocaban los senos, metiendo sus manos debajo de la falda”; uno de ellos “introdujo sus dedos en la ropa interior y luego en su vagina”; “le bajaron el brasiere” y, a pesar de que ella decía que la dejaran y que no le hicieran daño, “ambos le tocaban los senos, sin detenerse”. Mientras los de atrás “continuaban tocándola”, riéndose y burlándose de ella, los dos de adelante también “se reían y se burlaban”. Finalmente, “como el quejoso” (o sea, Cruz) y el otro tipo “la seguían manoseando”, el piloto le dijo que se pasara al frente “para que ya no la molestaran” (el mismo que ha sido acusado de violarla en su casa después). De ahí la víctima se pasó a la parte de adelante del carro.
Según se puede leer en el fallo (con mucho trabajo*), a Cruz, en específico, se le imputa el “manoseo” (p. 23); los “tocamientos” (p. 23); que “le tocó los senos” (p. 24); que “le jalaba la blusa y le tocaba sus senos, riendo y burlándose” de la víctima (p. 26). De ahí la imputación de pederastia, tal y como está definida en el párrafo segundo del artículo 182 del Código Penal de Veracruz:

A quien, sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de una menor, agraviando su integridad física o moral, en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión o extrema necesidad económica o alimentaria, o de su estatus de autoridad respecto de la víctima, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa hasta doscientos cincuenta días de salario [énfasis mío].

De acuerdo a la sentencia, la autoridad responsable que emitió el auto de formal prisión basó su determinación en la declaración de la víctima, a la cual le “otorgó el valor preponderante” (p. 17), adminiculándola con “el peritaje psicológico de la experta oficial”, que advirtió que la víctima “presenta ‘alteración emocional a consecuencia de los hechos que refiere, afectaciones corporales y emocionales acordes a la dinámica del evento descrito por la víctima’” (p. 17).

Según el Juez de Distrito, sin embargo, “no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del delito de pederastia que se atribuye al quejoso.” Esto, “ya que los medios de convicción remitidos como justificación del informe y considerados en su propia resolución, no son aptos para acreditar el delito de pederastia” (p. 12). En otras palabras: “No se acreditan los anteriores elementos, ya que con las pruebas que obran en autos no se justifica la materialidad del injusto.” (p. 13) ¿Por qué? Esta es la parte medular del fallo.