EL SECTOR PUBLICO

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La vigente Constitución (2002) tiene, en todo su texto, solo tres menciones a la Administración Pública. La principal, en tanto define una característica del Estado que organiza y regula, es la de la parte capital del famoso artículo 55, que otorga al Presidente de la República la jefatura de la misma. Otra es la del artículo 18, que dispone la incompatibilidad de los cargos congresionales (Senador y Diputado) “con cualquier otra función o empleo de la administración pública”. Finalmente, el artículo 61, encarga a las Secretarías de Estado creadas por la ley, el despacho de los asuntos de la administración pública.

Con tan escuetas referencias, el estatuto constitucional nuestro ha sentado, no se puede decir si queriéndolo o no, las bases de que lo que ha venido a ser la práctica de la función pública en la República Dominicana, modelo que de forma particular ha prevalecido en las últimas cuatro décadas de su existencia republicana. Es innegable que en este periodo se han adelantado esfuerzos por la consolidación de un Estado moderno, y se ha trabajado y avanzado en el fortalecimientos de los rasgos democráticos de nuestro sistema político, ello no ha permeado suficiente y eficientemente el tema de la gestión de los servicios públicos. La administración pública encarna, conforme los criterios más depurados, una de las tres funciones que a su vez definen los poderes del Estado. En este caso, se refiere a las que están a cargo del Poder Ejecutivo, sustancialmente a lo que toca a la prestación de los servicios públicos organizados, la gestión o manejo de los recursos públicos y el mantenimiento del orden. Para ello, dispone de todo un entramado de servidores, jerárquicamente organizados, que es la administración pública. En este sentido, cabe recordar lo señalado por Manuel Amiama: “Todo lo que no sea legislar o juzgar, constituye en principio atribución del Presidente de la República. Esto se sintetiza diciéndose que el Presidente de la República tiene plenitud de atribuciones en lo administrativo.”.

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En nuestro texto constitucional actual, además de las referencias que hemos indicado, hay que buscar en la parte capital del artículo 8 una idea u orientación dominante que opera como eje transversal de todo nuestro sistema jurídico-político. En efecto, el mencionado artículo sienta los fundamentos y propósitos del Estado al fijarle como finalidad principal la de la “protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público el bienestar general y los derechos de todos.” Ligado al tema, en el literal d) del inciso 11 del citado artículo aparece una reafirmación de la sustancialidad y obligatoriedad de los servicios públicos, cuando señala que: Se admite el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro en las empresas privadas, 4 Revista de Administración Pública No. 1 siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales. Se prohíbe toda interrupción, entorpecimiento, paralización de actividades o reducción intencional de rendimiento en las labores de las empresas privadas o del Estado. Será ilícita toda huelga, paro, interrupción, entorpecimiento o reducción intencional de rendimiento que afecten la administración, los servicios públicos o de los de utilidad pública. La ley dispondrá las medidas necesarias para garantizar la observancia de estas normas. Es cierto que aquella afirmación de propósitos (la de la parte capital del artículo 8) encabeza la consagración de los derechos individuales y sociales, entre los cuales no encontramos ninguna referencia específica a los de los servidores públicos, como las previstas en nuestro primer instrumento constitucional. Pero, al consignar el propósito de propender al perfeccionamiento de los medios que permitan a la persona dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, es obvio que, de manera principal está sustentando la obligación del Estado de organizar servicios públicos eficientes, garantizando que los mismos no puedan ser interrumpidos o entorpecidos, y de paso, la creación y protección de derechos en beneficio de los servidores públicos.

Dicha disposición se complementa con las previsiones de su inciso 1, fijando entre las atribuciones presidenciales: “Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado y los demás funcionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no se atribuya a ningún otro poder u organismo autónomo reconocido por esta Constitución o por las leyes, aceptarles sus renuncias y removerlos.” De su lado, el inciso 4 completa el régimen establecido: “Nombrar, con la aprobación del Senado, los miembros del Cuerpo Diplomático, aceptarles sus renuncias y removerlos.” Los artículos 61 y 62 ayudan igual a complementar el régimen que para el tema prefigura esta Constitución, al disponer que en “el despacho de la administración pública, habrá las Secretarías de Estado que sean creadas por la ley.

También podrán crearse por la ley las Subsecretarías de Estado que se consideren necesarias, y que actuarán bajo la subordinación y dependencia del Secretario de Estado correspondiente”. El artículo 62 somete a la ley determinar las atribuciones de los Secretarios de Estado. Para precisar su obligación de preservar los servicios públicos, en el inciso 8 del citado artículo 8, se plantea que: “Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado y los demás funcionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no se atribuya a ningún otro poder u organismo autónomo reconocido por esta Constitución o por las leyes, aceptarles sus renuncias y removerlos.” De su lado, el inciso 4 completa el régimen establecido: “Nombrar, con la aprobación del Senado, los miembros del Cuerpo Diplomático, aceptarles sus renuncias y removerlos.” 6 Revista de Administración Pública No. 1 En caso de violación de las disposiciones contenidas en los Apartados a) y d) del inciso 10 del Artículo 8 de esta Constitución, que perturben o amenacen perturbar el orden público, la seguridad del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas el Presidente de la República adoptará las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias para conjurar la emergencia, debiendo informar al Congreso de esa emergencia y de las medidas adoptadas.

Otros preceptos constitucionales Otros tres artículos constitucionales vigentes merecen ser mencionados por su vinculación con el tema administrativo: el artículo 102 que traza preceptos éticos y consagra responsabilidades penales dirigidas a configurar el valor de la honestidad como principio básico al incriminar la sustracción para provecho personal de fondos públicos, la obtención de provechos económicos “prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas” ya sea en beneficio del servidor como de sus familiares, allegados, amigos o relacionados. El artículo 106 preceptúa la obligación para el encargado de una función pública de “prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido”, mientras que el artículo 108 consagra la compatibilidad de las funciones o cargos públicos con cargos honoríficos y docentes.

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