NACIONALIDAD

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1. Nacionalidad

La nacionalidad es la condición particular de los habitantes de una nación. El concepto incluye nociones vinculadas a factores sociales, espaciales, culturales y políticos. La nacionalidad puede analizarse desde un punto de vista sociológico, pero también a partir de un orden jurídico-político.

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2. La nacionalidad dominicana

Artículo 18.- Nacionalidad.

Son dominicanas y dominicanos:

Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;

Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución;
Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas;

Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas;

Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley;
Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior;
Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.

3. Condición de los extranjeros en la antigüedad

Werner Goldschmidt considera a la condición jurídica de los extranjeros como “… los derechos de que los extranjeros gozan en cada país”; agrega que no puede existir un conflicto entre dos legislaciones, ya que se aplica la ley interna del país donde se invoca el goce de un derecho.

Por otro lado, Jean Paul Niboyet en este sentido, indica: “… la condición jurídica de extranjeros estará integrada por los diversos derechos y obligaciones imputables en un Estado a las personas físicas o morales que no tienen el carácter de nacionales”

Por tanto, la condición jurídica de los extranjeros involucra derechos y obligaciones relacionados con las personas físicas o morales que carecen de la nacionalidad del Estado en el cual se establecen.
Según Jesús Ferrer la condición jurídica se determina por los derechos y obligaciones que tienen en el país de acuerdo con las leyes locales.

Los autores antes mencionados coinciden en que la condición jurídica de extranjeros está constituida por derechos y obligaciones. La definición que es más completa , en mi opinión, es la de Jean Paul Niboyet, ya que hace referencia tanto a las personas físicas como a las morales y es más explícita que las otras. Se puede concluir que la condición jurídica de los extranjeros está determinada por los derechos y obligaciones que tienen las personas físicas y morales extranjera.

4. Condición de los extranjeros en la República Dominicana

Tanto la historia antigua como la contemporánea, recogen diversos episodios relativos a la situación del extranjero; el trato concedido y las legislaciones o reglamentaciones sobre extranjería. La situación del extranjero en la actualidad registra cambios negativos e inusitados en relación a épocas recientes.
Partiendo de lo inquietante del asunto y de la importancia que reviste para los pobladores de naciones propensas a la salida al exterior o búsqueda de mejores opciones de vida, consideramos que se hace necesario exponer parte de la historia de los inmigrantes.

En las comunidades primitivas, el individuo era considerado como parte de la misma, siempre que estuviera vinculado a ella; ya por vía sanguínea (parentesco), o por haber contraído nupcias con alguien de la comunidad. Ocurría que ciertos individuos, aún naciendo dentro de la tribu, aparecían como extranjeros, en tanto no poseían el vínculo sanguíneo, o sea, no tenían parentesco.

En las sociedades antiguas como Egipto, la India e Israel, es decir, en los denominados Pueblos Teocráticos, los extranjeros fueron objeto de vejaciones, pues se le consideraba como algo extraño y contrario a las creencias divinas.

Algunas de estas sociedades, como ocurría en el caso de los egipcios, llegaron al extremo de prohibir el ingreso de los extranjeros a los templos bajo el pretexto de que eso provocaría la ira de los dioses. Tanto por la actitud que asumían los egipcios, así como los demás pueblos religiosos, se puede presumir los niveles de desprecios y discriminación de que fueron objeto los extranjeros, situación que estaba relacionada con las creencias religiosas, las cuales estaban influidas de un criterio de rechazo al extraño o peregrino.

El origen del derecho de gentes se produce en el siglo III a. C. por dos circunstancias: la internacionalización de Roma por la expansión política y económica y, la creación de la estructura unipersonal de la pretura, la única de las magistraturas que no había sido colegiada tras las Leges Liciniae-Sextiae (también llamadas Ley Licinia)3 .

El ius gentium rellenó el vacío jurídico existente frente a los extranjeros (llamados peregrinos), ya que los tratados con las ciudades extranjeras no otorgaba una protección a las mismas, de este modo, los extranjeros no eran regulados por el ius civile (derecho civil). El praetor peregrino fue el encargado jurídico de los extranjeros cuando el fujo de éstos se hizo más asiduo y de los tratados con los mismos.

Cabe destacar que el pretor peregrino poseía una amplia libertad de acción comparado con el formalismo del ius civile. El derecho de gentes se constituyó en una especie de derecho común de los pueblos, confundiéndose con la noción de derecho natural que había sido heredado de los griegos.

Con las relaciones patrimoniales inter vivos, que eran de suma importancia para el comercio romano, se dio el abandono del riguroso formalismo romano, sustituyéndolo por el flexible derecho de gentes. De aquí se desprenderán contrataciones desprovistas de formas solemnes como el contrato de préstamo, depósito, prenda, compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato; como también de adquisiciones de propiedades por tradición, ocupación y accesión y reglas del parentesco entre consanguíneos.

Ya a mediados del siglo V a. C. y por influencia del sofista griego Antifonte, algunos juristas comenzaron a considerar al hombre como libre por naturaleza, tomando de esta forma a la esclavitud y su comercio como ius gentium pero no como ius naturalenotas 1 . La separación del derecho natural por considerar libre al hombre por nacimiento es la que diferencia al derecho de gentes considerándolo como convencional, más no como algo natural.

Se añadió los conceptos que el ius gentium puede ser ius civile, pero no todo derecho civil será derecho de gentes. Gayo distinguirá del derecho de gentes como ius commune(derecho común) de todos los pueblos, contrapuesto al ius civile exclusivo de los ciudadanos romanos6 .

En épocas postclásicas, el ius gentium se referirá al derecho público (ius publicum), sobre todo en los casos de guerras las cuales eran la causa principal de la esclavitud en esos momentos. Así, adquirirá la forma de “derecho de la guerra y de la paz” que a partir del siglo XIX comenzará a denominarse “Derecho Internacional Público”

5. Sistema de interpretación

Existe una gama bastante variada de doctrinas o teorías sobre la Interpretación jurídica, pero entre las más conocidas y vinculadas o referidas a los sistemas normativos, bien para aplicarlos o para dejar de aplicarlos, tenemos la siguiente:

La Teoría de la Exégesis.

La Escuela de la Exégesis se basa en que la Interpretación jurídica debe necesariamente consistir en la consulta de la ley como fuente única y exclusiva del Derecho. Los exegetas sostienen que el Derecho es la ley. La interpretación de la ley es la averiguación de la voluntad real del legislador y toda interpretación que no sea tal debe ser rechazada.

Se ha afirmado reiteradamente que mediante la Exégesis se procede a la interpretación del Derecho a partir de un texto legal. Ariel Álvarez Gardiol, comentando sobre la Exégesis, refiere que el texto de la ley es sólo la reproducción histórica normativa de la voluntad del legislador y lo que el jurisconsulto debe aplicar, no es meramente el texto, sino éste en cuanto traducción de la intención de un legislador efectivo.

Esta teoría dio lugar a un método que empezó a desarrollarse en Francia a principios del siglo XIX y hasta aproximadamente el año 1880 en que tuvo su apogeo; luego decae hasta más o menos el año 1900, siendo Francisco Gény quien se encarga de sepultarlo. Su desarrollo se dio sobretodo en el campo del derecho privado y particularmente en el comentario al Código de Napoleón de 1804.

El jurista argentino Roberto J. Vernengo explica que el método exegético consistía, en sus formas primitivas, en un conjunto de recetas destinadas a orientar al juez en su labor de interpretación del texto legal, en su procesamiento de la información normativa de partida. Ambos elementos –repertorio de recetas prácticas, confusión del derecho con la ley– autorizan, nos dice, ciertas críticas sobre las tesis, expresas o tácitas, que la exégesis francesa del siglo pasado (se refiere al siglo XIX) había sostenido sobre la índole o naturaleza del derecho, defendiendo bajo rótulos teóricos y metodológicos, ciertas notorias ideologías políticas, conservadoras o reaccionarias. Porque, en última instancia, la exégesis presupone un dogma; y este dogma, un tanto blasfemo si se quiere, postula la presencia real del legislador en la ley. Para la exégesis, una norma es siempre expresión del acto de un individuo privilegiado, a saber: el legislador. E interpretar la ley consistía en reconstruir fielmente lo que el autor del texto legislativo había pretendido.

Tradicionalmente esto se expresa diciendo que la exégesis se propone reconstruir la voluntad del legislador. Se supone, así, que, de alguna manera, las normas jurídicas son expresión, en el plano del lenguaje, de actos volitivos que son la manifestación de la voluntad real del legislador.

Harto conocidas, y citadas por muchos estudiosos sobre la materia, son las frases de Bugnet “yo no conozco el derecho civil” y “no enseño más que el Código de Napoleón” y la de Demolombe “mi divisa, mi profesión, mi fe, es ésta: los textos sobre todo.”.

6. sistema de Demolombe y Mercade

Interpretación literal: Sobre la base de una estricta y literal aplicación de los términos del artículo 11, Demolombe sostuvo que los extranjeros en Francia no gozarían de otros derechos que los surgidos de tratados que sus países hubiesen celebrado con Francia. A falta de tratados el extranjero carecería de todo derecho civil en Francia.

Sistema del Aubry-et Rau

Aubry y Rau introduce la distinción entre derechos civiles y naturales según un criterio de interpretación romanista; los derechos civiles —ius civile— eran acordados en Roma a los ciudadanos en tanto que los derechos naturales —o ius gentium— eran aquéllos conferidos a los peregrinos, a los nacionales que no gozaban de la ciudadanía romana o a los extranjeros.

Según esta teoría intermedia, los derechos reservados a los franceses, eran los civiles así interpretados en su alcance; en cambio, de los derechos naturales también gozaban los extranjeros por ser propios del hombre y preexistentes a toda regulación jurídica.

La dificultad surgía cuando se trataba de determinar la ubicación de determinadas instituciones en uno u otro grupo de derechos. Así por ejemplo, la capacidad para disponer por testamento; mientras en la primera fase de la evolución del derecho de Roma, sólo los ciudadanos gozaban de la “hereditas”, más tarde, por la obra del pretor, se crea la “bonorum possessio” para los extranjeros.

Así, las variaciones existentes entre el primitivo derecho romano y el codificado tornaban difícil la interpretación del artículo 11 del Código Francés, a la luz de principios romanistas.

SISTEMA DEMANGEAT Y VALETTE

Teoría amplia. Según la interpretación ensayada por Demengeat” y Valette, se intenta otorgar a los extranjeros la mayor amplitud en de1 goce de los derechos privados. Estos comprenderían todos aquellos derechos que, por un texto expreso, no les fuesen rehusados o conferidos exclusivamentea los franceses. Entre tales, figuraban el de adopción, desempeño de la tutela y otros, que, según la posición jurídica de los textos franceses y su evolución, correspondiere limitar en su goce a los franceses.

Así entendido, el principio de la reciprocidad diplomática, en cuanto al goce de los derechos civiles por extranjeros, sería aplicable en aquellos casos en que, reservados determinados derechos en su goce a los franceses, los extranjeros pudiesen disfrutar de ellos, sólo en virtud de un tratado vigente entre su país y Francia.

EL ESTADO

Es una noción con valor a nivel político que sirve para presentar una modalidad de organización de tipo soberana y coercitiva con alcance social. De esta forma, el Estado aglutina a todas las instituciones que poseen la autoridad y la potestad para regular y controlar el funcionamiento de la comunidad dentro una superficie concreta a través de leyes que dictan dichas instituciones y responden a una determinada ideología política.

EL ESTADO COMO PERSONA MORAL NECESARIA

El Estado es el máximo exponente de las personas morales, como todas es intangible, inmaterial y abstracto, pero realiza múltiples actos por medio de sus representantes. Puede haberlas con fines civiles, mercantiles, administrativos y algunas legislaciones contemplan su creación con una sola voluntad, lo que permite separar patrimonios.

Como persona jurídica, el Estado es una formación resultante de que una colectividad nacional y territorial de individuos se halla, bien sea en el presente, bien en el transcurso del tiempo, reducida a la unidad por el hecho de su organización. Esta unidad se basa, no ya sobre una asociación entre los individuos, sino sobre la organización estatal misma, teniendo ésta por efecto englobar y fundir en un cuerpo nacional unificado a todos los elementos individuales de que se compone la nación.

El Estado es persona moral porque ejerce derechos y tiene obligaciones. Realiza contratos, tratados, convenciones, que crean a la vez obligaciones y prerrogativas. Existe el Estado por reconocimiento expreso (nota diplomática de los otros Estado) o por reconocimiento tácito, cuando la actitud y comportamiento de los otros países frente al nuevo Estado otorga existencia efectiva a este último.

El Estado es la persona moral por excelencia que crea a las demás personas morales, y estas últimas tienen derecho a ejercer actos de la vida privada, es lógico que el Estado (creador de la personería) también pueda ejercerlos. Laurent señala que, según el derecho de gentes, el Estado reconocido tiene una personalidad política y civil completa y goza de capacidad para firmar, tanto las convenciones diplomáticas como los contratos privados.

PERSONA MORAL PRIVADAS

Las personas morales de derecho privado persiguen fines ajenos a los de las colectividades públicas. La distinción resulta difícil a veces. Un hospital privado, obra caritativa, persigue exactamente el mismo fin que un establecimiento público. Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública, por administrar obras o establecimientos, sin duda privados, pero que presentan una utilidad pública, se encuentran situadas así en la frontera del derecho público.

Características de las personas morales privadas.

  • Son instituciones que regulados por los estatutos o reglamentos internos que le han dado la incorporación, o que surgen después según su ordenamiento jurídico privado.
  • Se ofrecen servicios, pero no públicos obligatorios, sino al área de que aberque la mencionada institución jurídica.
  • Las personas morales privadas extranjeras, obtienen los derechos y deberes de la legislación nacional.

DE LA CONDICION JURIDICA DE LAS PERSONAS MORAL EXTRANJERAS

La condición jurídica del extranjero es el conjunto de derechos y deberes de lo que gozan las personas que no forman a los nacionales de un país. Esta definición es en cuanto a la persona física. El Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante le atribuye a la Ley local la fuerza para poder delinear los puntos a aplicar de las personas jurídicas, a las que estamos llamando morales. En República Dominicana se regula por la ley 122-05, a las instituciones sin fines de lucro como fundaciones, asociaciones, el código civil y otros ordenamientos jurídicos que se expresarán más adelante.

Desde una óptica personalizada la condición jurídica es la agrupación de derechos y deberes que tienen y deben cumplir las personas morales.
El artículo 16 de la ley 122-05, dando condición jurídica a las personas morales extranjeras.

Art. 16.- Todas las asociaciones establecidas por virtud de las leyes de cualquier nación extranjera que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, antes de establecerse en la República Dominicana deberán cumplir frente a la Procuraduría General de la República para el Departamento Judicial de Santo Domingo o la Procuraduría General de la Corte de Apelación correspondiente los requisitos que se expondrán con posterioridad.

Los organismos que existen en otro país pueden establecerse en la República Dominicana, tal cual lo estipula la ley con varios elementos a presentar, cuando estos son sin fines de lucro, es decir sin beneficio pecuniario. A estas instituciones o entidades el Estado le debe mucho, no en materia económica sino de agradecimiento por querer implementar programas que ayuden a un grupo determinado de la población nacional.

Los requisitos exigidos a presentar por el artículo 16 de la ley 122-05 son:

a) Presentar una copia auténtica en idioma español del documento mediante el cual se le concedió la incorporación y todas las enmiendas que se hubieran hecho hasta la fecha de su presentación;
El idioma oficial de la República Dominicana es el español y debe presentarse en este todos los documentos que avalen la incorporación en el país extranjero.
b) Presentar un informe firmado por su presidente(a) y secretario(a) y refrendado por la junta directiva que demuestre:

Art. 17.- Las instituciones religiosas que forman parte de la Iglesia Católica, sean nacionales o extranjeras, además de cumplir con todos los requisitos exigidos por la presente ley, deberán ser autorizadas formalmente por la autoridad eclesiástica nacional correspondiente.
Condiciones jurídicas de las Personas Morales, según el Código de Bustamante

El Artículo 31, del referido código trata de lo siguiente: Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local.

13. CRITERIO ACTUAL EN REPUBLICA DOMINICANA Y FRANCIA

La presencia de franceses en territorios que hoy forman parte de la República Dominicana data desde el mismo siglo XVI. En las crónicas sobre el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Antillas, aparece mención de un religioso francés que acompañaba la delegación jerónima que fue, junto con los dominicos y los franciscanos, de las primeras órdenes religiosas en establecerse en la isla.

Del siglo XVIII en adelante, las relaciones entre los habitantes de uno y otro origen de este territorio han estado marcadas por la interrelación con otros países, sobre todo los conflictos bélicos que oponían a franceses, españoles, ingleses y más tarde los Estados Unidos.

Al momento de esta declaración, toda la isla se encontraba bajo el dominio de la Francia Revolucionaria, una consecuencia del Tratado de Basilea de 1795. La parte oriental, que tradicionalmente había sido el Santo Domingo español, permaneció bajo administración francesa hasta 1809, cuando volvió a integrarse a los territorios bajo la jurisdicción de la Corona Española. En 1821, el Santo Domingo español intentó declararse independiente y sumarse a la Gran Colombia que se estaba constituyendo bajo el liderazgo y la acción de Simón Bolívar. Sin embargo, esta situación fue preocupante para los dirigentes del territorio occidental y es así como Toussaint Louverture y, más tarde Henri Christophe, invadió Santo Domingo, para luego establecerse por un período de 22 años. Poco después de declarada la independencia de la República Dominicana, la Francia de Napoleón III estableció relaciones diplomáticas con la incipiente República Dominicana.

14. DERECHO QUE UN EXTRANJERO PUEDE EJERCER

En nuestro país la Constitución reconoce una serie de derechos de los cuales pueden beneficiarse aquellos que se encuentren en el territorio Dominicano sin distinción de su nacionalidad. Entre estos destacamos algunos de los que pueden ser aplicados a las personas morales:

  • Libertad de culto.
  • Libertad de asociación
  • Libertad de reunión
  • Libertad de tránsito
  • Derecho de propiedad
  • Libertad de expresión
  • Protección de la propiedad privada

Los derechos que las personas morales extranjeras pueden ejercer en nuestro país se resumen en el poder de demandar y ser demandado, de reclamar justicia por alguna violación a la ley nacional o interna de la institución.

15. COMPETENCIA

Las reglas de atribución de la competencia judicial internacional emanan de normas procedentes del Derecho Internacional Privado que aplica cada Estado independiente, y éstas facultan a los tribunales de ese Estado para conocer de los asuntos privados sometidos ante él que estén caracterizados por una nota de internacionalidad, o para que en la misma forma, se declaren incompetentes reenviando la cuestión litigiosa ante el tribunal extranjero competente. Estas reglas regulan, igualmente, temas adyacentes a la competencia de los tribunales, como son la litispendencia, conexidad, reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras.

Es imperativo iniciar el presente texto haciendo indicación de una realidad inexorable de la situación actual del ordenamiento dominicano, ya reconocida por la doctrina dominicana: “En la República Dominicana no existe mucha experiencia legislativa en materia de Derecho Procesal del Derecho Internacional Privado

LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS MORALES EXTRANJERA

Art. 9.- Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacio¬nalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado.

En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo. De este artículo se desprende la admisión de la noción de nacio¬nalidad de las personas morales o jurídicas.

Art. 16 la nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las Fundaciones se determinará por la Ley del Listado que las autorice o apruebe.

Art. 17.- La nacionalidad de origen de las Asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exi¬giere ese requisito la legislación local.

Art. 18.- Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que se establezca el contrato so¬cial y, en su caso, la del lugar donde radicarse habitualmente su gerencia o dirección personal.

Art. 19.- Para las sociedades anónimas se determinará la naciona¬lidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reú¬na normalmente la junta general de accionistas, y, en su defecto, por la del lugar en que se radique su principal junta o consejo directivo o ad-ministrativo. .

Art. 20.- El cambio de nacionalidad de las corporaciones, funda¬ciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la so¬beranía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva.
“Si cambiare la soberanía territorial, en caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo 13 para las naturalizaciones colectivas. “

Art. 21.- Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieren a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas.

CÓDIGO BUSTAMANTE

El Código de Derecho Internacional Privado(también conocido como Código de Bustamante) es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América sobre el Derecho internacional privado.

La idea de dicha normativa común fue promovida por Antonio Sánchez de Bustamante (La Habana; 13 de abril de 1865 – 24 de agosto de 1951) Abogado, jurista y político cubano. Promovió la existencia de una normativa común para América sobre el derecho internacional privado y se concretó durante el 6°Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana, se adjunta en el anexo el Código de Derecho Internacional Privado.

Es meramente un conjunto de normas las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas de tráfico externo entre los países partes del tratado.

Sus 437 artículos, integrados en un título preliminar y cuatro libros, dedican una amplia cobertura a los capítulos del derecho civil, comercial, penal y procesal.

SE APLICAN O NO SE APLICAN A LOS EXTRANJEROS

Si ya que los derecho de los extranjero son aplicado y cumplido en nuestro territorio.

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