Sistema financiero dominicano

Sistema Financiero Dominicano

La Supervisión Bancaria en la República Dominicana, se remonta al año 1869 cuando se creó el Banco Nacional de Santo Domingo como primera entidad de esta naturaleza que aparece posterior a la independencia de la República. En 1909 Se promulga la primera legislación bancaria la cual estaba bajo la responsabilidad de la Secretaria de Hacienda y Comercio (Finanzas) y cuya finalidad era el control de las operaciones bancarias y autorización de sucursales por parte del Estado Dominicano a través de interventores (o inspectores). La transformación del sistema monetario y financiero internacional, con la creación del FMI y BM, fue de tal impacto en el país, que auspicio la creación del Banco Central, el signo monetario nacional y a su vez se promulga la Ley No. 1530 el 9 de octubre de 1947, la cual creó la Superintendencia de Bancos.

El Advenimiento de cambios en la economía dominicana, acompañado de la presencia de nuevas entidades financieras (Banco Popular, Asociaciones de Ahorros y Préstamos) auspiciaron cambios profundos en la supervisión bancaria a través de la nueva Ley No. 708 o Ley General de Bancos del 14 de abril del 1965. Antecedentes La Ley General de Bancos, No. 708, a partir de entonces se convirtió en el soporte legal del crecimiento y expansión del sistema financiero Dominicano. A partir de dicha ley surgieron los Bancos de Desarrollo, con la Ley No. 292, de 1966, La Ley 171 que creó los Bancos Hipotecarios a partir de 1971, los cuales se incorporaron al alcance de supervisión de la Superintendencia de Bancos. Durante el período 1965-1977, el sistema financiero dominicano se desarrolló sin dificultades y el alcance de la ley No. 708 parecería formidable ya que la credibilidad, la confianza y la solidez estaban garantizadas. Antecedentes Tres elementos se conjugaron para comenzar a debilitar el alcance de la Ley No. 708 desde finales de la década de los setenta (70’s) y principios de los ochenta (80’s).

A saber: 1. Cambios Pronunciados en los precios del barril del petróleo desde mediados de la década de los 70’s. 2. Modificación del tamaño del sistema financiero e incorporación de los denominadas “financieras”, sin el control de las autoridades monetarias y financieras. 3. La crisis de la Deuda Externa. La Transformación a) Fuertes Medidas Restrictivas en el sistema financiero, emanadas de la Junta Monetaria. b) Crisis y quiebras y feriados de entidades financiera. Hubo debilidad del Sistema Financiero Dominicano y necesidad de modificar la Ley General de Bancos, acompañada de una independencia de la Superintendencia de Bancos ya que esta estaba subordinada a la Secretaría de Estado de Finanzas, situación que cada vez más promovía la debilidad de la Supervisión Bancaria. Los Resultados La situación de crisis económica y financiera al final de la década de los ochenta e inicio de la década de los noventa creó las condiciones para promover las Reformas Económicas las cuales estuvieron influenciadas por ese espíritu reformador que predominaba en América Latina.

Economía y Reformas Las Reformas en América Latina se expresaron con: Liberalización de las Tasas de Interés. Reformas en la Legislación Bancaria. Integración de los mercados domésticos a la dinámica del mercado internacional. Eliminación de obstáculos, o desregulación, para aperturar sucursales de Bancos Extranjeros. Reducción de los riesgos bancarios a través de un nuevo modelo de supervisión bancaria. Economía y Reformas DE LA LEY GENERAL DE BANCOS A LA LEY MONETARIA Y FINANCIERA El agotamiento y debilidad de la Ley 708 favoreció que se iniciará el proceso de reforma a la misma la cual se manifestó con características análogas a las mencionadas en América Latina y que en nuestro país se observó a partir de enero de 1991. Pero fue el 2 de abril de 1992, cuando la Junta Monetaria emitió sendas resoluciones orientadas a transformar el esquema operativo e institucional del sistema financiero dominicano. La trascendencia del paquete de resoluciones de la Junta Monetaria fue instituir el modelo de Banca Múltiple en Sustitución de la Banca Especializada.

Con estas resoluciones se autorizó al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso Nacional el Proyecto de Código Monetario y Financiero. DE LA LEY GENERAL DE BANCOS A LA LEY MONETARIA Y FINANCIERA Las Mismas Resoluciones autorizaban a los Bancos a constituirse en Banca Múltiple a partir de cumplir los requisitos exigidos. Dado que una resolución tiene fuerza de Ley, pero que no tiene el alcance de una Ley, entonces se hacía necesario la conversión del proyecto de reforma en Ley. DE LA LEY GENERAL DE BANCOS A LA LEY MONETARIA Y FINANCIERA HACIA UNA NUEVA BASE LEGAL. Luego de 10 años en el Congreso Nacional se aprueba y se promulga una nueva ley denominada Ley Monetaria y Financiera o Ley 183-02, de noviembre del 2002, la cual derogó la Ley No. 708. HACIA UNA NUEVA BASE LEGAL. Con la nueva Ley Monetaria y Financiera se procuraba: • Mayores controles de las entidades financieras. • Mayor fortaleza en su capital y reservas. • Mejora en la Cartera de Préstamos. • Desarticular las malas prácticas Bancarias • Establecer una mejor Política de Supervisión Bancaria. „ Con la nueva Ley Monetaria y Financiera se procuraba: • Adecuación a los 25 principios de Basilea I. • Que las entidades Bancarias respondan al índice de solvencia de 10%. • Reducir el riesgo crediticio. • Establecer los reglamentos y normativas que logren la aplicación de la Ley, etc.

Crisis financiera del 2003 en la República Dominicana

La República Dominicana fue sacudida a principios del año 2003 con la revelación oficial de que en el Banco Intercontinental (BANINTER) se había cometido un fraude de decenas de miles de millones de pesos. La suma envuelta en el dolo y el costo de los esfuerzos hechos por las autoridades para salvar los ahorros de los ciudadanos sumaron RD$55,000 millones, igual a las dos terceras partes del Presupuesto Nacional de ese momento. Este fraude llevó a la quiebra al BANINTER, y el salvamento de esa entidad financiera por parte de las autoridades se convirtió en una de las razones fundamentales de la crisis económica que ha lesionado los negocios y las economías personales de los dominicanos.

No bien se recuperaba la población del asombro y la angustia que despertó el caso BANINTER, cuando se supo de otro gran fraude, el cometido en el Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), que ha tenido un costo superior a los RD$23,000 millones. Un tercer caso, el MERCANTIL, fue revelado meses después. Aunque la suma envuelta es menor, el caso no es menos escandaloso e indignante. Ha costado hasta el momento más de RD$6,500 millones.

Las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos procedieron a someter a la Justicia estos tres casos. Como era de esperarse, los abogados de las partes envueltas en cada caso han desplegado todos los recursos a su alcance para convencer al Ministerio Público y a los jueces, y sobre todo a la población y a los hacedores de opinión pública, de que la razón les asiste. No podía faltar el intento de llevar los casos más allá de la cuestión puramente legal, para utilizarlos para la propaganda política. Era de esperarse, no solo porque la República Dominicana asistía a un proceso electoral para escoger nuevo presidente, sino porque uno de los banqueros implicados en el más grande de los fraudes se ufanó duramente muchos años de sus amistades con todos los altos dirigentes de los tres partidos más grandes del país.

Los procesos han seguido su curso entre los incidentes y los alegatos. La población se ha mantenido a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Pero el peligro de la impunidad está presente, porque para nadie es un secreto que la sociedad dominicana arrastra una funesta tradición cuando se trata de procesos contra personas de mucho dinero, notoriedad e influencia.

Probablemente una parte de la población ha sido presa de la confusión generada por la propaganda, y si bien no se ha puesto a favor de quienes están acusados de los fraudes bancarios, es probable que hayan perdido la fe en que la Justicia hará pagar a los culpables con las penas que ordenan las leyes sobre la materia o simplemente los procesos ya les son indiferentes. Pero es necesario mantener la fe en el país. Y para la edificación de la opinión pública y de la población, es de vital interés que se conozcan todos los detalles de la forma en que operaron los principales accionistas y directivos de los bancos INTERCONTINENTAL, BANCREDITO y MERCANTIL, y sus empresas afiliadas, tanto las reales como las ficticias.

EL FRAUDE BANCARIO:

Introducción al caso Baninter

El fraude en la banca dominicana tiene su particular historia, pero nunca como en 2003 se había puesto al desnudo, y se había sometido a los tribunales de justicia, a los responsables de haber evadido durante varios años la supervisión oficial mediante mecanismos sofisticados, que incluían la propia captación de las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes.

Fue precisamente en este año, a la llegada de un nuevo equipo a la Gobernación del Banco Central, y con el apoyo de los organismos internacionales, que se pudo descubrir la forma fraudulenta en que se utilizan los redescuentos del Banco Central para fines particulares y para desestabilizar la estabilidad de la moneda nacional, transfiriéndolos a empresas vinculadas y a cuentas personales, con mecanismos tan antiguos como el mantenimiento de libros paralelos, y tan sofisticados, como la utilización de programas de computadoras que montaban y desmontaban diariamente las operaciones del Banco Intercontinental.

Un banco que aparecía en sus libros contables con activos de 26 mil millones de pesos, tenía en realidad 77 mil millones. Las autoridades hicieron todo cuanto pudieron para salvar a esta institución, incluyendo la entrega de recursos frescos y la búsqueda de compra por parte de otras instituciones financieras. Cuando se realizó la primera incursión en los libros del Baninter, dentro del procedimiento de Debida Diligencia, se encontró que el fraude estaba por encima de cualquier estimación lógica.

Eso motivó un trabajo más profundo, de las autoridades y de los organismos internacionales, y se pudo detectar en un primer momento un fraude por alrededor de 56 mil millones de pesos, especialmente a través de transferencias para negocios particulares, empresas vinculadas y gastos personales de los principales ejecutivos del Baninter.

Los expedientes que aquí se describen constituyen, como conjunto el Caso Baninter. Las interioridades de cada uno de los casos ponen al descubierto un comportamiento sinuoso, premeditadamente concebido para ocultar las violaciones a las leyes. Dada la magnitud del caso, los abogados que han llevado la representación de las autoridades monetarias y financieras del país, han querido presentar toda la documentación disponible, para que en los anales de la historia conste este caso como uno de los más dramáticos en consecuencias económicas para el país, en consecuencias para el propio sistema de justicia, y en consecuencia para las generaciones futuras, que han visto detener su desarrollo momentáneamente por las actividades irresponsables de los denunciados.

Introducción al Fraude Bancrédito

El caso Bancrédito constituye uno de los fraudes bancarios más escandalosos develados en nuestra historia moderna. Por esto, al igual que como se ha hecho en el expediente Baninter, las Autoridades Monetarias y Financieras, no sólo lo han denunciado responsable, coherente y públicamente, sino que se han querellado y constituido en parte civil contra los responsables de los mismos hasta ahora identificados.

Sin embargo, queriendo pasar por alto este grave hecho fraudulento, los acusados, señores Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, quieren públicamente vender la idea de que dicha querella resulta temeraria, pues ellos sólo son simples víctimas del poder, que bajo su administración en el Bancrédito no ocurrió fraude alguno, y que este Banco no quebró.

Carece de asidero el primer argumento, toda vez que por el contrario los acusados han sido ostensible y reiteradamente favorecidos por importantes estamentos del poder. En este tenor, olvidan los citados implicados que fue el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, quien habiendo transcurrido algo más de dos meses desde la fecha en que las Autoridades Monetarias y Financieras le presentaron la querella en cuestión, se destapó con un insólito e insostenible dictamen desestimando la misma, sin ni siquiera haber citado o interrogado antes a ninguno de los representantes del Banco Central de la República Dominicana, ni de la Superintendencia de Bancos.

Pero no menos improcedente y carente de sustento legal es el otro alegato aducido por los señores Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, de que dicha querella nos resulta temeraria, ya que mientras ellos estaban en el control y la administración del Bancrédito, ocurrieron graves hechos fraudulentos, como los que sólo a título de ejemplo se enumeran a continuación, a saber:

A pesar de que según el informe de auditoría preparado por la firma de auditores externos de los anteriores dueños del Bancrédito, KPGM, los activos del Banco para el 31 de diciembre 2002 eran de apenas unos CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$5,800,000.000.00); para mediados del siguiente año, en sólo doce días, del 12 al 24 de junio de 2003, estos activos se dispararon, misteriosamente de DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (RD$16,864,000,000.00) a VENTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (RD$28,546,000,000.00) aproximadamente. Lo reseñado, avalado en fehaciente documentación que reposa en manos de la juez instructora, pone en evidencia que los anteriores dueños del Bancrédito tenían un registro contable nominal y falso para las autoridades, los ahorristas y depositantes del banco y otro muy distinto u oculto para ellos, lo que a la luz de los acápites d) y e) del Art. 80 de la Ley No. 183-03, o Ley Monetaria y Financiera, y los arts. 147 y 148 del Código Penal es un delito financiero y falsario de tipo criminal.

Por igual, apropiándose fraudulentamente de los valores depositados en sus arcas por miles de los ahorristas, depositantes y el propio Banco Central de la República Dominicana, los principales ejecutivos del Bancrédito, ahora procesados, desviaron valores a favor de un conjunto de empresas vinculadas con ellos por vía de “préstamos” y “pago de sobregiros” por un monto superior a los VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (RD$20,000,000,000.00). Por ejemplo, a Bancredit Cayman LTD. le destinaron recursos por el orden de más de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (RD$4,542,000,000.00); a Segna, S.A. por más de UN MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,700,000,000.00); a Bancrédito Panamá, S.A. por más de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,400,000,000.00); a Bancredicard, S.A. por más de UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS (RD$1,100,000.000.00); a GFN International Investment Corp. por más de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$700,000,000.00); a Zona Franca San Isidro, S.A. por más de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (RD$190,000,000.00); a Tricom, S.A., por más de VEINTE MILLONES DE PESOS (RD$20,000,000.) y SESENTA MILLONES DE DOLARES (US$60,000,000.00); a la Editorial AA, S.A., por más de SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (RD$66,000,000.00), etc. Estos hechos se encuadran en las infracciones, también criminales, de la estafa y el abuso de confianza agravado, previstas en los Arts. 405 y 408 del Código Penal.

El fraude en el Banco Mercantil

Durante los años 2002 y 2003 y antes de la adquisición de la mayoría de sus acciones por parte del Republic Bank Limited, de Trinidad y Tobago (el 8 de octubre del 2003), el Banco Mercantil S.A. experimentaba serios problemas de iliquidez, los cuales fueron solventados con facilidades y recursos en adelantos y redescuentos del Banco Central de la República Dominicana.

Esos adelantos y redescuentos ascendieron a la suma de unos SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$6,500.000.000.00), los que fueron otorgados, entre otras razones, por el aporte que significa dicha asistencia económica a la estabilidad del sistema bancario y financiero del país.

Sin embargo, una parte importante de dichos recursos fue empleada por los principales ex ejecutivos y ex directivos en su provecho personal y para generar facilidades adicionales, obtenidas dolosamente, a las anteriormente recibidas por ellos y por muchos de sus vinculados.

De acuerdo con la auditoría forense realizada por la firma Duarte y Asociados, S.A. y concluida el 24 de marzo de 2004, el Banco Mercantil fue administrado por un núcleo de empresas vinculadas entre sí por sus familiares que a su vez pertenecían al consejo de administración del banco y que estaban emparentados con su anterior principal ejecutivo, que lo era el presidente ejecutivo del mismo, Andrés Alejandro Aybar Báez. Con la anuencia del ex presidente del Consejo de Directores, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, quien a través de su grupo de empresas, se benefició de manera extraordinaria mediante tasas activas y pasivas privilegiadas y muy lejanas a las del mercado, entre otras facilidades irregulares y fraudulentas, fueron creadas alrededor de 12 “empresas” con la finalidad de obviar la supervisión de las autoridades monetarias y financieras y ejecutar operaciones fraudulentas fuera de libros, a través de mecanismos diversos, tales como:

  1. Dar por existentes empresas ficticias o mejor aún, empresas sin acta de nacimiento a la vida legal o personalidad jurídica, que sólo funcionaban como cuentas para realizar operaciones de desvío fraudulento de valores para favorecer a sus ex ejecutivos y ex directivos.
  2. Constituir empresas formales con vínculos innegables con el banco y sus empresas afiliadas, pues todos los miembros del Consejo de Directores de las mismas eran los del Banco Mercantil, S.A., compartían las operaciones del activo y el pasivo del banco, así como las instalaciones, personal, red telefónica y emblemas y signos distintivos del banco.
  3. Fundar una empresa offshore, constituida en Panamá, que al igual que las que se describen en el número anterior compartían todo su activo y pasivo con el Banco Mercantil, S.A., así como el personal, instalaciones, etc., realizando sus operaciones principalmente en dólares de los Estados Unidos de América.

Como consecuencia, los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, en nombre de la Autoridad Monetaria y Financiera, presentaron una querella con constitución en parte civil en contra de seis ex ejecutivos y directivos del Banco Mercantil, a quienes acusan de haber dispuesto ilegalmente de 6,500 millones de pesos.

La querella, presentada por los abogados Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, Carlos Salcedo, Jorge Luis Polanco y José Lorenzo Fermín, acusa a los ex ejecutivos del Banco Mercantil de la comisión de delitos de falsedad en escritura pública, falsedad de documentos de comercio y de banco, uso de documentos falsos, estafa calificada, abuso de confianza calificado, y alteración y manipulación de datos y documentos.

La documentación presentada por los representantes de los intereses del Estado demuestra que la falsificación y manipulación irregular de documentos se hizo con la intención de desviar la fiscalización e investigación de las autoridades monetarias y financieras y para elaborar y aprobar balances de Estados Financieros adulterados o falsos.

Las irregularidades cometidas buscaban ocultar operaciones fraudulentas en el Banco Mercantil, delito previsto y sancionado por la Ley 183-02 del 21 de noviembre del 2002, que regula las operaciones monetarias y financieras del país.

Los acusados por las autoridades son los señores Andrés Alejandro Aybar Báez, quien se desempeñaba como presidente desde el 1 de abril de 1989 hasta el 4 de agosto del 2003, y los ex ejecutivos Evelyn Altagracia Pérez Montandón, quien fue vicepresidenta de administración y finanzas; Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, quien era presidente del Consejo de Directores. También figura como acusado Ramón Aref Henríquez Risk, quien se desempeñaba como vicepresidente de Operaciones y Tecnología.

Los demás acusados son José Manuel Mateo Contreras, vicepresidente de Auditoria y Seguridad; y Rafael Maximiliano Moya Hernández, vicepresidente de Control Financiero.

Además de las violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, los ex ejecutivos bancarios son acusados de violar el Código Penal en sus artículos 147, 148, 405 (modificado por la Ley No. 5224 del 29 de septiembre de 1959) y el artículo 408 (modificado por la Ley No. 461 del 17 de mayo de 1941). La querella sostiene que, valiéndose de acciones ilegales, los ex ejecutivos del Mercantil desviaron 6,500 millones de pesos.

Los ex ejecutivos del Mercantil establecieron un proceso en la referida institución bancaria mediante el cual se extraían fondos fuera de los libros del Banco, con la finalidad de obtener a su favor y de otros ex ejecutivos de la institución, de manera fraudulenta, una serie de beneficios y facilidades personales adicionales a los que tenían derecho y a los que figuraban en los libros y cuentas que eran presentados a las autoridades encargadas de la supervisión de la actividad y operaciones del sistema financiero nacional.

Mediante la creación real, en pocos casos, y ficticia en casi todos, los ex principales ejecutivos y directivos del Banco Mercantil, S.A. generaron una serie de “empresas” que emitían cheques con firmas de personas inexistentes, beneficiarios ficticios y endosantes y endosos inexistentes e irregulares, todo ello con el deliberado y fraudulento propósito de:

a. Trasegar o producir desvíos fraudulentos de recursos del Banco Mercantil, S.A. para favorecer a sus más altos ex directivos y ex ejecutivos, mediante nóminas fuera de libro y otros beneficios, tales como bonos especiales, compra de vehículos de lujo, entre otros;
b. burlar la supervisión bancaria y el alcance del control de las autoridades monetarias y financieras;
c. sustraerse a las regulaciones y normas dictadas por la autoridad monetaria y financiera, específicamente sin que sea esto limitativo, a las relativas al encaje legal, haciendo que las operaciones por esa parte fueran más rentables;
d. evadir impuestos;
e. favorecer con “préstamos” y créditos, en su gran mayoría, sin respaldo o garantía alguna y sin retorno, a sus ex directivos y principales ex ejecutivos.

En sus investigaciones, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos hallaron que las instrucciones relativas a la operación de dichas cuentas se encuentran en el Memorándum referido precedentemente, del 21 de octubre de 1997 y que cuenta con las firmas del pasado presidente del Banco Mercantil, S.A., Andrés Alejandro Aybar Baéz y tres vicepresidentes del mismo, Juan R. Oller, Evelyn Altagracia Pérez Montandón y Juan Reyes M.

El Memorándum ordena de manera formal y expresa a los segundos vicepresidentes a ejecutar las operaciones bajo nombres ficticios, con la advertencia expresa de que bajo ninguna circunstancia se deben entregar informaciones escritas a los clientes.

El 21 de octubre de 1997 la entonces ejecutiva del Mercantil, Evelyn Altagracia Pérez Montandón, solicitó al Comité Ejecutivo del Banco autorización para diversas cuentas de Servivalores S.A, bajo la responsabilidad respectiva de Maribel Alvarez, Rafael Maximiliano Moya Hernández y Mirtha Salazar.

Estas cuentas se abrieron para ser “afectadas” mediante cheques, de forma que las personas que firmaban eran nombres de personas ficticias. De acuerdo el Memorándum citado, Rafael de Moya era responsable de una cuenta con el nombre ficticio de Angel D. Camacho; Maribel Alvarez manejaba otra con el nombre falso de Cinthia Estepan; Mirtha Salazar se encargaba de otra cuenta con el nombre falso o ficticio de Ivelisse Nin.

El instructivo interno del Banco Mercantil disponía que las operaciones en dólares fuesen manejadas a través de la cuenta Valmer, y que los beneficios producidos por la misma fueran transferidos a las cuentas Prinsa Comercial o Roi Consulting. Con estos beneficios Prinsa Comercial o Roi Consulting podían adquirir carteras del banco, las que se convertían en activos improductivos, pues al final de cada año se usaban para sanear las finanzas del banco y crear beneficios ficticios o lo que es lo mismo beneficios inexistentes, que eran empleados para justificar el pago de grandes sumas de dinero por concepto de salarios exagerados, doble nóminas, en pesos y en dólares, bonos, vehículos de lujo y una variada gama de beneficios a favor de los principales ex ejecutivos del banco.

Las numerosas cuentas referidas eran fraudulentamente engrosadas con depósitos de certificados de clientes del Banco. Sólo la cuenta servinvest manejó operaciones en el año 2003 ascendentes a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS (RD$3,000,000,000.00) y la misma cuenta manejó en el año 2001 valores que suman TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS (RD$3,129,000,000.00).

Al mismo tiempo, a la cuenta de “Prinsa Comercial”, se les extraían los fondos observando el protocolo que a continuación se precisa:

1º. Emitiendo cheques a nombre de personas inexistentes.
2º. Mediante cheques firmados por altos ex ejecutivos del Banco con otros nombres. Durante las investigaciones, los ex ejecutivos declararon ante un notario que firmaban los cheques y las cuentas con nombres ficticios, que los endosos eran realizados de igual manera y que las sumas cobradas venían a satisfacer las necesidades creadas para favorecer fuera de los libros a los principales ex ejecutivos y directivos del Banco.
3º. Endosando los cheques simultáneamente, a nombre de beneficiarios ficticios, con cédulas ficticias en los casos en los que se hacía constar, no habiéndose encontrado en los registros de la Junta Central Electoral ninguno de los números de cédulas de identidad y electoral indicados al dorso de los cheques a nombre de los supuestos beneficiarios, en los casos en que los mismos eran indicados.

Fraude en las transacciones y cambio de dólares

En el manual de procedimiento para el pago de pesos por el canje de dólares de sucursales o agencias, se establecía que “los cheques recibidos para el pago de operaciones deben ser remitidos a favor de una tercera persona. Estos se desviaban al Mercado de Divisas o se depositaban como cheque directamente a la cuenta de Servivalores (empresa que entonces operaba el grupo Mercantil), previa conversación con el Mercado de Divisas. Los cheques debían ser endosados sin el nombre o número de cuenta de Servivalores, y sellado por el cajero como pagado por caja”.

En uno de los párrafos finales del procedimiento de operaciones en dólares se ordenaba que para las operaciones en dólares hechas “fuera del sistema”, se “establecerá un mínimo de US$10,000.00 tanto para la compra como para la venta”, y que “las transacciones inferiores a este monto se tramitarán a través de la División Internacional (Ventanilla)”.

Pero, se ordenaba que se mantenga “la disposición de no entregar ningún tipo de evidencia física a los clientes que realicen este tipo de transacciones”. Asimismo, se ordena que los cheques en dólares que sean comprados a los clientes del Banco Mercantil debían ser “emitidos a favor de Mercantil Transacciones o a nombre del mismo cliente y endosado”, y “no podrán recibirse cheques a favor del Banco Mercantil”.

Cuentas y empresas fantasmas

Otras de las pruebas de fraude presentada por los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera es que los ex ejecutivos del Mercantil crearon empresas y cuentas para producir desvíos fraudulentos de recursos, mediante la falsificación de cheques y otras artimañas.

Entre las “empresas” creadas para estos fines (que nunca cumplieron con los requisitos legales de constitución) están Servivalores S.A., Adminvest, y SAT, S.A. Asimismo, las cuentas Valmer, Prinsa Comercial o Roi Consulting, Asesores y Consultores, Micro G Consulting y Alco Solutions, todas sin ningún soporte jurídico ni de las normas establecidas en el sistema financiero nacional.