Causas de la corrupción pública, Autor: Guillermo de la Dehesa

La corrupción pública, que puede definirse como el uso indebido de un cargo o función públicos en aras a la obtención de un beneficio privado o personal, es muy elevada en la mayoría de los países en desarrollo y en bastantes emergentes, bien porque carecen de suficiente nivel de
democracia, de normas claras de conducta y transparencia o de un sistema judicial eficiente.

La corrupción pública tiende a ser mucho menor en los países desarrollados y, especialmente, en aquellos que poseen tres características: un mayor número de años de experiencia democrática, un mayor nivel de alternancia política en sus diferentes niveles de Gobierno y un sistema judicial más eficiente.

Primero, la democracia española sólo existe desde hace 35 años y medio, tras entrar en vigor la Constitución el 29 de diciembre de 1978. La anterior constitución, la de Cádiz, de marzo de 1812, sólo duró dos años, hasta el regreso a España de Fernando VII, aunque volvió a aplicarse, brevemente, durante los tres años del trienio liberal y otro año entre 1836-1837. Es decir, España lleva muy poco tiempo en democracia comparada con países con democracias de más de 200 años como Inglaterra (1701), Francia (1789 y 1848), Estados Unidos (1789), Suecia (1810) o Noruega (1814); de más de 150 años como Portugal (1822), Grecia (1844), Dinamarca (1849); de más de 100 como Japón (1890); 90 como Austria (1920), o 60 como
Italia (1948).

Segundo, viviendo ya en democracia, cuando los Gobiernos de un país, sus regiones, sus Estados o sus Ayuntamientos están decenas de años seguidos en manos del mismo partido político, las probabilidades de que un corrupto acabe en la cárcel tienden a ser menores, al crearse una cierta idea de impunidad, lo que incita a algunos a delinquir utilizando el dinero público al que tienen acceso, muchas veces en connivencia con alguien del sector privado. En el siglo XX ha habido dos casos extremos de falta de alternancia:

El primero fue México, donde tras la revolución mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvo 53 años seguidos en el poder, entre 1929 y 1982, ganando las elecciones generales con más del 70% de los votos, a menudo, con un fraude electoral
elevado. La corrupción durante dicho periodo fue creciente y muy elevada.

El segundo fue Japón, donde el Partido Liberal Democrático (LDP), formado por la fusión de los dos partidos mayoritarios, estuvo en el poder desde 1955 hasta 2009, 54 años (salvo 11 meses entre 1993 y 1994) con un gran número de casos de corrupción, a pesar de ser un país muy democrático y muy integrado socialmente.

En España, situada en el índice de democracia del Economist Intelligence Unit, en el puesto 25, dos puestos detrás de Japón, la
corrupción ha tendido a ser mayor en aquellas Comunidades y Ayuntamientos en las que el mismo partido político ha estado más
tiempo en el poder, desde el inicio de la democracia y en las que el sector inmobiliario y el récord de años de permanencia lo tiene Andalucía, donde el PSOE ha gobernado 35 años seguidos, los cuatro últimos en coalición con IUVCA. Le sigue Cataluña donde CiU ha estado en el poder desde 1978 hasta 2003 y de nuevo desde 2010 hasta hoy, un total de 29 años.

Baleares, donde AP y PP han gobernado 26 años casi seguidos. Valencia, donde el PP ha gobernado 19 años seguidos entre 1995 y 2014. Murcia, donde el mismo presidente del PP ha gobernado 19 años seguidos; Galicia donde AP y PP han gobernado 26 años de los 35, y
Canarias donde CC (Coalición Canaria), ha gobernado los últimos 15 años seguidos.

En abril de 2013, el Consejo General del Poder Judicial informó de que 798 juzgados y tribunales investigaban 1.661 delitos de corrupción, tales como prevaricación, cohecho y malversación, además de otras causas de especial complejidad, hasta sumar 2.173 casos en total. De ellos, 302 son macroprocesos tanto por su complejidad como por el elevado númerode imputados. Dicha estadística no incluye los procesos que se encuentran en el Tribunal Supremo.

De los 1.661 sumarios, 656 provienen de Andalucía con 8,44 millones de habitantes, 280 de la Comunidad Valenciana con 5,1 millones, 215 de Cataluña con 7,6 millones, 197 de Canarias con 2,1 millones, 181 de Madrid con 6,5 millones y 110 de Galicia con 2,7 millones.

Ponderados por su población, Canarias, Andalucía, Valencia, Galicia y Cataluña son los que tienen un número relativo más elevado. Finalmente, Baleares es la que tiene un mayor número de políticos en prisión.

Ahora bien, conviene resaltar que son estas seis comunidades autónomas las que han experimentado un mayor auge de la construcción y del inmobiliario, que han generado muchos casos de corrupción.

Una de las causas de que la construcción y el inmobiliario generen mayor nivel de corrupción en España es que las decisiones sobre dónde y cómo puede construirse las deciden los propios Ayuntamientos a través de sus ordenanzas urbanísticas, lo que es casi insólito en el resto de la UE, donde las decisiones son del Gobierno central, como en Francia o de los

Estados o regiones como en Alemania o Italia. La larga experiencia vivida en muchos países desarrollados demuestra que, cuanto más cerca está el nivel de decisión urbanística y constructiva del promotor o constructor que propone la ubicación y la obra, mayor es la probabilidad de corrupción.

Asimismo, conviene recordar que muchos de los casos de corrupción en la financiación de los partidos políticos se hubieran evitado si hubiese habido una ley suficientemente estricta, lo que no ha ocurrido hasta finalmente aprobarse la Ley Orgánica de 22 de octubre de 2012, 34 años
después de la Constitución.

El índice de transparencia internacional de percepción de la corrupción política y pública de 2013 muestra que España ha caído, entre 2000 y 2013, desde el puesto 20 al 40, de un total mundial de 175 países, teniendo 16 países miembros de los 28 de la UE por delante y otros 11 por detrás: Lituania, Eslovenia, Malta, Hungría, Letonia, Croacia, Chequia, Eslovaquia, Italia, Rumania y Grecia, por este orden.

Asimismo, hay otros casos de corrupción, pendientes desde 2001, y otros nuevos, que afectan a los llamados “interlocutores sociales”, es decir, sindicatos y patronales, por no haber utilizado para el fin que estaba previsto, parte de los fondos anuales para la formación continua, procedentes del Fondo Social Europeo y del INEM.

El Tribunal de Cuentas emitió un informe en 2001, de 820 páginas, destapando las irregularidades cometidas por la fundación FORCEM (cuyos miembros eran CEOE, CEPYME, CC OO, UGT y CIG) entre los años 1997-1999, que envió al Congreso de Diputados. Existen más casos detectados con posterioridad que todavía no han sido elevados a dicho tribunal.

A pesar de que patronales y sindicatos reciben al año, cada uno, cerca de 400 millones de euros anuales de dinero público, no han tenido sus cuentas auditadas por un auditor externo independiente, lo que es insólito en la UE. Sólo la CEOE, al llegar Joan Rosell, empezó a auditar su cúpula en 2011 y ahora empiezan a hacerlo algunas de sus sedes. Los dos grandes sindicatos no están todavía auditados por auditores independientes, aunque lo harán en 2014 obligados por la Ley de Transparencia.

Además, sus organizaciones son de las más abultadas de la UE ya que son nacionales, regionales y provinciales, además de sectoriales. La CEOE tiene 38 sedes en España, además de las 148 sedes sectoriales. Asimismo, hay 31 organizaciones sindicales y sólo entre los dos sindicatos mayoritarios tenían, en 2013, 866 sedes: UGT 453 y CC OO 413. La crisis está imponiendo una importante reducción de sedes.

La importante Ley de Transparencia del 9 de diciembre de 2013 va a ser un revulsivo fundamental para conocer a fondo toda la actividad pública en España. Bienvenida sea.